EN UN estudio de la New Economics Foundation, el Zoe Institute y la Wellbeing Economy Alliance se menciona que, en 2020, los gobiernos del mundo actuaron a una escala y velocidad impresionantes para movilizar recursos en respuesta al COVID-19. En abril habían asignado colectivamente 9 billones de dólares para amortiguar los impactos económicos de la pandemia. En México estas políticas brillaron por su ausencia, en particular con la reciente aprobación de las reformas a la Ley de la Energía Eléctrica.
Como ilustran estas sumas deslumbrantes (y refuerzan las asociadas con el colapso bancario de 2008), hacer frente a una crisis es muy costoso, tanto en términos económicos como en relación con los impactos sociales. Por lo tanto, donde sea previsible una crisis, como en el caso del cambio climático y la creciente pérdida de biodiversidad, las sociedades deberían invertir en medidas preventivas. La Ley mencionada va en sentido inverso.
La ciencia nos muestra que los impactos de la humanidad en el planeta se están intensificando y las tendencias ambientales van en la dirección equivocada. En respuesta, ha habido llamados a intervenciones sistémicas de agencias internacionales prominentes, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES).
Estas agencias recomiendan una transición rápida hacia una economía baja en carbono, con pocos recursos y que restaure la naturaleza. Están promoviendo la necesidad de una reforma fundamental de nuestros sistemas económicos, de modo que la igualdad, el medioambiente y el bienestar sean fundamentales para el funcionamiento de nuestras economías. Es una agenda que ha sido respaldada por actores principales como el Foro Económico Mundial, el Financial Times y The Economist.
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Muchos informes, ideas y propuestas justifican los cambios necesarios. Lo que ha faltado es una mejor comprensión de cómo se puede poner en marcha el cambio sistémico y, dada la urgencia y la interdependencia del problema, cómo México puede apoyar eficazmente una transformación fundamental de su sistema económico hacia una economía resiliente.
Este informe es un intento de llenar este vacío. Los siguientes capítulos (y la investigación que los sustenta) se centran en el papel del gobierno y las políticas en la realización de un cambio sistémico. Describe dónde deben hacer hincapié los responsables de la formulación de políticas públicas para transformar los sistemas económicos y financieros del mundo de la manera más eficaz para mitigar futuras crisis ambientales.
El informe propone un conjunto de políticas que el gobierno podría implementar para amplificar el impacto y garantizar un cambio sistémico a largo plazo, tanto para su economía nacional como a nivel internacional.
“No hay solución mágica” a las múltiples crisis que enfrentamos, y muchos cambios, que involucra a gobiernos, inversores, empresas y el público en general —por lo que el esquema que paquete de políticas es un proyecto de producir un cambio sistémico en el contexto de la política actual—. Debería considerarse como una base de debate para demostrar la escala, la naturaleza y las interrelaciones de los cambios necesarios. N
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Xavier Ginebra Serrabou es maestro y doctor en derecho económico, profesor investigador de las facultades de Derecho, Negocios y de Políticas Públicas de la Universidad De La Salle Bajío y miembro Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
