¿Por qué las elecciones de EU serán una pesadilla? | Newsweek México


¿Por qué las elecciones de EU serán una pesadilla?



El caos generado con la votación por correo y otros fallos podría desencadenar una crisis institucional para la democracia estadounidense.

El progresista Jamaal Bowman se anotó una victoria sorprendente sobre Eliot Engel, representante en funciones por el distrito congresista 16 del estado de Nueva York. La primaria demócrata se llevó a cabo el 23 de junio, pero la decisión oficial de la contienda se dio a conocer más de tres semanas después. Y eso solo porque Engel terminó cediendo.

El problema no se debió a una votación muy cerrada, pues los resultados iniciales revelaron que Bowman tenía una ventaja de 25 puntos. Tampoco fue cosa del recuento, porque no lo hubo. El lío empezó con el conteo de votos. Resulta que más de 400,000 neoyorquinos decidieron votar por correo —cinco veces más que el total registrado en las elecciones generales de 2008—, de modo que los funcionarios electorales se ahogaron en el papeleo. Engel aceptó la decisión del 17 de julio, pero si hubiera impugnado el voto por correo, estaría escribiendo este artículo sin conocer el resultado.

Ojalá fuera un fenómeno exclusivo de Nueva York.

Es muy posible que las elecciones generales del próximo 3 de noviembre no terminen así de limpias. Con su insulsa respuesta ante la pandemia, los porcentajes de Trump se han desplomado en las encuestas de las últimas semanas, y debido a la tradición política estadounidense de una transferencia de poder pacífica, el magnate se ha visto limitado a recurrir a la retórica. Así, el domingo 2 de agosto, el presidente recurrió al foro de Twitter para exigir una “impugnación inmediata” de los resultados de la votación por correo de Nevada, donde los republicanos acusaron a los demócratas de “robarse nuestras elecciones”. Más aún: el jueves 30 de julio, Trump tuiteó la idea de aplazar las elecciones generales, argumentando —sin evidencia alguna— que la votación por correo es fraudulenta y sentar un precedente para impugnar los resultados poselectorales. De hecho, el 20 de junio, durante una entrevista para la cadena Fox, Chris Wallace le preguntó si respetaría los resultados de las elecciones, a lo que Trump respondió: “Habrá que ver”.

El presidente Obama ha advertido que las elecciones de 2020 son una amenaza para los cánones estadounidenses. El 28 de julio, cuando asistió con el actor George Clooney a un evento para recaudar fondos, dijo a los asistentes que sus mayores temores eran la supresión de votantes y el riesgo de que Trump cuestione la legitimidad del proceso. Y en su panegírico para el representante John Lewis, Obama criticó a los legisladores que han “desatado una avalancha de leyes ideadas, específicamente, para entorpecer la votación”, calificándolas de “un ataque contra nuestras libertades democráticas”.

En la primaria demócrata de Nueva York, los funcionarios recibieron tantas boletas por correo que el recuento se prolongó varias semanas. Ese problema podría extenderse a todo el país durante las elecciones generales de noviembre. Foto: Angela Weiss /AFP/Getty

 

Aun cuando Trump se encuentre debilitado políticamente, el cargo de presidente conlleva un poder enorme. Como comandante en jefe, ha ignorado las protestas de alcaldes y gobernadores demócratas y enviado agentes federales armados para reprimir a la ciudadanía de las entidades que administra el partido opositor, en tanto que sus tuits y comentarios están erosionando la confianza del público en las próximas elecciones.

Hasta los comicios estadounidenses más divisivos han terminado con las dos partes acatando el proceso. El disputado empate de George W. Bush y Al Green no concluyó con el dictamen de la Corte Suprema sobre las boletas de Florida, sino que terminó cuando Al Gore concedió la victoria a Bush por respeto al sistema democrático de Estados Unidos. ¿Qué pasa si el candidato en funciones no reconoce su derrota?

Aun en la mejor de las épocas, cualquier presidente que amenace con irrespetar las normas y legislaciones daría motivos de alarma. Pero no estamos viviendo la mejor de las épocas, así que no hay precedente para la cantidad de cosas que podrían salir mal en las próximas elecciones. El voto es susceptible del hackeo de China, Rusia y Corea del Norte. Los estados republicanos están obstaculizando el registro de electores y han emprendido otros esfuerzos para suprimir a los votantes. Es muy probable que la creciente oleada de COVID—19 impida que los estadounidenses acudan a las urnas. Desde hace semanas, las calles de California, Texas y Washington han sido escenario de manifestaciones, y los ciudadanos de Portland, Oregón, están enfrentando ahora a las fuerzas federales. Todo esto podría trastornar el proceso. Encima, el sistema de Colegios Electorales amenaza con colapsar este año, lo que podría conducir a un empate electoral que sumiría a la nación en una crisis constitucional. Si sumamos todos estos factores, hoy tenemos más probabilidades que nunca, en un siglo, de que las elecciones estadounidenses no resulten en un ganador al que la mayoría considere legítimo.

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Si uno de los comicios presidenciales más divisivos de la historia diera paso a acusaciones descabelladas y a una profunda confusión, ¿cómo responderían los estadounidenses? Es muy posible que la ira, la duda y el temor se agudicen en los días posteriores al 3 de noviembre. En los últimos meses, grupos ciudadanos han empuñado (y hasta disparado) armas semiautomáticas en las calles y sitios públicos para protestar por las medidas decretadas a raíz de la pandemia. “Lo que más me preocupa son las 36 horas de caos poselectoral, cuando Biden se declare vencedor y Trump haga lo mismo”, confiesa Clint Watts, exagente del FBI especializado en guerra de información, y actual miembro del Instituto de Investigaciones en Política Exterior. “No me queda duda de que eso va a pasar. Y encima tenemos a los que van armados con sus AR-15. Aunque tal vez no sea una franca insurrección, la situación podría salirse de control rápidamente”. Y para Trump, eso justificaría una intervención armada.

“Sobrevivimos a una guerra civil, a la Segunda Guerra Mundial y al caos social de 1968 sin que un presidente haya sugerido postergar las elecciones”, apunta David Farber, historiador de la Universidad de Kansas y erudito en los movimientos políticos del siglo XX. “Esta feroz controversia sobre la legitimidad electoral no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos”.

(Cabe aclarar que, a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y ante la amenaza de un nuevo ataque terrorista, el presidente George W. Bush cuestionó si existía la posibilidad legal de aplazar las elecciones, pero no dio seguimiento al asunto).

Aun cuando las elecciones no desencadenen una crisis existencial para la democracia estadounidense, Pinar Yildirim, investigadora de la Wharton School y estudiosa del impacto de las redes sociales, asegura que estamos frente “a una de las elecciones más históricas de los siglos venideros”.

DESINFORMACIÓN Y FALSEDADES

Pese a todo lo anterior, hay un aspecto positivo. Los rusos —que, en 2016, libraron una campaña de falsedades diseminando chismes sobre los demócratas— parecen poco dispuestos a hacer lo mismo en esta ocasión. En opinión de Watts, “los rusos temen enfurecer al gobierno entrante”, pues saben que Joe Biden estará mucho más dispuesto que Trump a imponer sanciones contra Rusia.

Claro está, el presidente Vladimir Putin puede darse el lujo de no interferir porque Trump y sus republicanos no necesitan su ayuda para escupir acusaciones falsas e incendiarias que aticen el temor y la ira. Al respecto, Watts explica: “La desinformación generada en Estados Unidos es muy voluminosa. Lo único que deben hacer los rusos es amplificarla”, asegura el exagente del FBI.

En febrero, para protestar contra la reciente legislación sobre armas de fuego, partidarios de Trump exhibieron un rifle en la escalinata del Capitolio Estatal de Utah, en Salt Lake City. Foto: George Frey/AFP/Getty

La desinformación tuvo un papel tan prominente en las generales de 2016 que muchos estadounidenses (en su mayoría, demócratas) han dado en afirmar que aquellos comicios no fueron del todo legítimos. Aun así, el nivel de desinformación esperado este año podría ser igual de malo o incluso peor que el de hace cuatro años. Hace poco, Facebook eliminó 100 cuentas de desinformación política que apoyaban a Trump, todas vinculadas con una misma fuente: Roger Stone, el amigo a quien el mandatario derogó la sentencia de prisión. Es muy probable que haya muchas otras en las mismas condiciones, pero Facebook se ha resistido a proceder contra las publicaciones políticas falsas, dejando su plataforma plagada de “evidencias” ficticias sobre la demencia y la corrupción de Joe Biden, así como de absurdas teorías de conspiración que vinculan al presunto candidato y a otros demócratas con redes de pederastas y dominio mundial. “[Facebook] no quiere que lo regulen, así que le sigue el juego a la Casa Blanca”, acusó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, en una entrevista otorgada en mayo.

Azuzar a la base republicana con historias de terror no solo es una estrategia muy eficaz, sino que se ha convertido en un negocio estupendo para los empresarios oportunistas que operan sitios web con desinformación política. “Es muy fácil y rentable crear una serie de sitios web, cargarlos con información políticamente delicada y falsa, generar tráfico y ganar dinero con publicidad”, interpone Cindy Otis, exanalista de la CIA especializada en desinformación y autora de True or False: A CIA Analyst’s Guide to Spotting Fake News (Cierto o falso: guía de una analista de la CIA para detectar noticias falsas; de próxima publicación con la editorial Feiwel & Friends).

La avalancha de embustes políticos tendrá un efecto mucho mayor este año que en cualquier elección precedente, asegura Yildirim, de la Wharton School. La razón es que la pandemia ha truncado otros medios de campaña críticos, acrecentando nuestra dependencia de las redes sociales y demás fuentes de información en línea. “Un año electoral típico implica un gran contacto personal, desde las visitas puerta a puerta hasta mítines y sesiones town hall”, explica la investigadora. “Todo eso ha desaparecido. Así que ahora consumimos más redes sociales, y estas están repletas de información falsa”.

Facebook podría considerarse la Zona Cero para la difusión de desinformación política. Aunque la plataforma sufre cada vez más ataques por su renuencia a eliminar o etiquetar afirmaciones políticas falsas, y a pesar del boicot publicitario de más de 500 compañías, Mark Zuckerberg ha insistido en que las políticas de su empresa no cambiarán (a decir de muchos, la decisión es resultado del pacto que hizo a principios de año, durante una reunión con Trump y Kushner). La postura del CEO casi garantiza que Facebook repita su papel de 2016 como el vehículo favorito con que los promotores de desinformación política acceden a 200 millones de estadounidenses. En contraste, Twitter está esforzándose en restringir las publicaciones falsas y en eliminar las afirmaciones potencialmente peligrosas, a lo que los conservadores han respondido con acusaciones de censura.

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No obstante el resultado electoral, el bando perdedor culpará a las redes sociales de favorecer al contrincante, lo que indudablemente repercutirá en la aceptación pública de los resultados y atizará una ira que, en última instancia, desatará el caos en las calles.

BLOQUEAR EL VOTO

Las primarias de este año han sufrido algunos tropiezos: el colapso del software durante la reunión electoral de Iowa; las largas filas de votantes en Georgia, California y Texas; los fallos del correo al enviar las boletas de Wisconsin y Nueva Jersey; y el retraso en el conteo de los comicios neoyorquinos de junio pasado. Muchos estados anticipan que la participación electoral de noviembre sea tres veces mayor que en las primarias, lo que ha empezado a causar pesadillas de colas inmensas y tiempos de espera de media hora o más bajo la sombra amenazadora del coronavirus.

Aun cuando los porcentajes de Trump han caído a mínimos históricos y parecen contraerse día a día, las encuestas también sugieren que aventaja a Joe Biden en cuanto al entusiasmo de sus seguidores. Esto significa que las esperanzas del magnate están cifradas en un proceso electoral que presente obstáculos infranqueables para que los electores —sobre todo, demócratas— no puedan ejercer el voto o no se esfuercen lo suficiente en participar.

Esto explicaría por qué muchos republicanos consideran que cualquier cosa que suprima el voto es más una cualidad que un defecto. Por ejemplo, Trump y sus partidarios congresistas —como el senador Roy Blunt de Missouri— han argumentado que la votación por correo propicia el fraude electoral, pese a que infinidad de estudios apuntan claramente a lo contrario y señalan la evidente importancia de permitir que los estadounidenses voten sin el temor a contagiarse.

Debido a la pandemia, los seguidores de ambos partidos han manifestando mucho interés en votar por correo; si bien podría ser demasiado tarde para hacerlo. Sucede que los estados necesitan años para desarrollar un sistema de votación por correo con la eficiencia necesaria para atender a un gran porcentaje de la población, informa Kathleen Hale, politóloga y experta electoral de la Universidad de Auburn, quien colabora con funcionarios de todo el país para asegurar que los comicios se lleven a cabo sin tropiezos. Sin embargo, a causa del coronavirus, decenas de entidades federales (incluida Nueva York) han decidido expandir de golpe su capacidad para envíos por correo —desde boletas complementarias hasta acceso universal—, de suerte que muchos podrían enfrentar graves problemas de distribución, recolección y conteo de boletas, agrega Hale, coautora de How We Vote: Innovation in American Elections (Cómo votamos: innovación en las elecciones estadounidenses; Georgetown University Press), quien precisa que “cambiar el sistema sobre la marcha supone un riesgo muy sustancial”.

A partir de marzo, 12 estados han aprobado legislaciones que facilitan el voto por correo, si bien las entidades decisivas se han convertido en objeto de gran escrutinio. Por ejemplo, las minúsculas modificaciones adoptadas en Texas, Florida, Pensilvania, Georgia, Michigan y Carolina del Norte podrían determinar que 15 o más votos electorales vayan a uno y otro partido. Hay tanto en juego que el gobernador de Texas y la mayoría legislativa (republicana) del estado han tratado de bloquear cualquier expansión del voto por correo. Eso causó que un grupo que propugna por dicho mecanismo demandara al estado, ganando el caso ante un tribunal federal; fallo que fue sobreseído tras la apelación de Texas ante un tribunal superior.

En opinión del Instituto Brookings, Pensilvania es apenas poco mejor en términos de accesibilidad al voto por correo. Y lo mismo sucede con Georgia, que utilizó este medio para distribuir boletas para sus primarias. Con todo, debido a la presión de la legislatura republicana, el estado sureño no tiene intenciones de repetir el proceso durante las elecciones generales. El sistema de Michigan es bastante superior, pero Trump ha amenazado con retirar fondos estatales si el estado no deja de promover el voto por correo. Por lo pronto, el mandatario se ha abstenido de hacer la misma amenaza en Florida; tal vez porque él mismo acostumbra a utilizar el correo para votar desde ese estado, como hizo en las primarias de este año. Hale afirma que, a fin de cuentas, los electores de los estados que han cedido a la presión republicana para restringir el voto por correo tendrán una sola opción para ejercer su derecho: hacer filas interminables para votar en las urnas.

Muchos estados y condados rojos (republicanos o GOP) han echado mano del conocido artificio de complicar el registro de votantes. Desde 2016, 23 entidades federales han implementado legislaciones que aumentan los requisitos para el registro; por ejemplo, limitar el tipo de identificación aceptada o exigir que los electores ya registrados renueven sus registros, detalla el Centro Brennan para la Justicia. A excepción de Rhode Island, todos esos estados son republicanos y a fin de asegurar su camino a la victoria, Trump no puede darse el lujo de perder siquiera al más pequeño.

En un esfuerzo para influir en la participación electoral, estados y condados GOP han adoptado estrategias para que los núcleos demócratas tengan acceso limitado a los centros de votación. Un estudio afirma que, en 2016, el tiempo de espera en las urnas de distritos eminentemente negros fue hasta 30 por ciento más largo que en los vecindarios blancos. “Los funcionarios [republicanos] se escudan en los presupuestos electorales para cerrar selectivamente los centros de votación o para incrementar el tiempo de espera en las urnas situadas cerca de los votantes que quieren ahuyentar”, asegura Philip Stark, estadístico de la Universidad de California en Berkeley, donde escudriña la integridad de las elecciones. En su opinión, la crisis de COVID—19 es la excusa perfecta para que los estados y condados rojos limiten aún más el acceso a las urnas.

El resultado es por demás previsible: si ganan los demócratas, los republicanos lanzarán acusaciones de votos fraudulentos. Y si los republicanos ganan, los demócratas protestarán porque sus partidarios no pudieron votar.

EL RIESGO DE LA MÁQUINA

En cuanto a los electores que logren llegar a las urnas, ¿pueden estar seguros de que sus votos contarán? En la mayoría de los casos, la respuesta es no, apunta Stark, quien ha sido una voz estentórea en el debate sobre la seguridad de las máquinas de votación. “No estamos en mejor forma que en 2016”, advierte. “Es más, creo que estamos mucho peor”.

Stark dice que el problema estriba en que diversas pruebas han demostrado que, prácticamente, todas las máquinas de votación son susceptibles de amañado; intrusiones deliberadas; errores de programación que cometen los técnicos mal entrenados; y averías tan simples como cortes de electricidad, cableado defectuoso u otros desperfectos. Georgia, Pensilvania y California han tenido incidentes de máquinas que fallan. El estadístico agrega que lo más grave puede ocurrir la noche de los comicios, cuando estados y condados ingresan sus votos electrónicos y convierten las máquinas en objetivos muy tentadores para hackers y funcionarios corruptos que reciben sobornos para alterar el recuento.

Modificaciones minúsculas en la participación podrían tener grandes consecuencias en estados decisivos, algunos de los cuales han tratado de impedir el voto por correo.
Foto: Elijah Nouvelage/Getty

Stark insiste en que la única manera de asegurar el recuento de votos es hacer que los electores marquen sus opciones en boletas de papel. De esa manera, será muy fácil hacer verificaciones en la eventualidad de que haya denuncias de irregularidades. Aunque algunas máquinas registran votos electrónicos y luego producen una boleta de papel marcada que se utiliza en recuentos o auditorías, el estadístico enfatiza que eso no basta. “La única medida de seguridad adicional es que el elector se tome la molesta de verificar que la máquina marque su voto correctamente”, enfatiza. “Cuanto más dependas de la tecnología de votación, mayor será la posibilidad de explotar la fragilidad del sistema”.

Aun así, 29 estados y el Distrito de Columbia utilizan esas máquinas para registrar la totalidad o al menos una parte de sus votos; y a pesar de los inconvenientes, muchos estados y condados se muestran bien dispuestos a invertir más en dichos sistemas. En marzo, en preparación para las primarias de California, el condado de Los Ángeles gastó 300 millones de dólares en la compra de nuevas máquinas, pero luego topó con problemas de software que ocasionaron que el tiempo de espera fuera de tres horas o más (más tarde, el condado reveló que la demora se debió no a las máquinas, sino al sistema electrónico que registra a los votantes, pero Stark ha desmentido esa justificación).

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Por su parte, expertos en ciberseguridad advierten que Rusia, China y Corea del Norte poseen la capacidad para corromper o modificar los votos electrónicos de noviembre próximo. Y, claro está, tienen una buena motivación para hacerlo: sembrar el caos en su principal adversario, la democracia más grande del mundo, les ayuda a promover sus ambiciones antidemocráticas, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, los tres países se han visto implicados en incidentes de hackeo que afectaron las computadoras utilizadas en las elecciones estadounidenses.

La simple sospecha de que el conteo de votos pueda estar plagado de errores y fraude cibernético prepararía el terreno para que el bando perdedor argumente que los resultados no son legítimos.

CÓMO HACKEAR EL COLEGIO ELECTORAL

La mayor amenaza para los comicios de noviembre podría estribar en los reglamentos electorales federales, ya que contienen tantas ambigüedades y lagunas legislativas tan grandes que los republicanos podrían aprovecharlas para descargar una camionada de boletas falsas. Tal es la opinión de Lawrence Douglas, experto en la ley electoral, profesor de derecho en Amherst College y autor del reciente libro Will He Go: Trump and the Looming Electoral Meltdown in 2020 (¿Acabará por irse?: Trump y el inminente colapso electoral de 2020; editorial Twelve).

En buena medida, el éxito de Trump depende de que las legislaturas republicanas de estados clave le otorguen los votos de sus Colegios Electorales, sin importar que pierda. Según Douglas, esa audaz estratagema aprovecharía los días o semanas de retraso que supone el recuento de las boletas enviadas por correo, y lo único que se requiere es que la legislatura declare el fin del proceso de conteo durante la noche de los comicios o en cualquier momento en que Trump vaya a la cabeza, sin siquiera considerar que las boletas restantes puedan dar el triunfo a Biden. Más tarde, la legislatura solo tendría que enviar los votos electorales al Congreso, atribuyéndolos a Trump.

Ahora bien, los demócratas de estados indecisos (como Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin) podrían responder presentando al Congreso sus propios votos electorales con base en el recuento final —cosa que, en este escenario hipotético, daría la victoria a Biden— y, en ese momento, el Congreso tendría la tarea de solucionar el conflicto. “No hay una ley que impida que los estados presenten certificados electorales competitivos”, dice Douglas. “Pero una vez que la decisión queda en manos del Congreso, ningún tribunal tiene jurisdicción en el asunto. Ni siquiera la Suprema Corte”.

El conflicto no para allí. Cabe la posibilidad de que el Congreso no llegue a un acuerdo. Dado que la Constitución no establece un mecanismo para zanjar la disputa, y en vista de la división partidista de las cámaras, lo más probable es que senadores y representantes lleguen a conclusiones opuestas. De ocurrir esto, entonces ninguno de los dos candidatos tendría el mínimo de 270 votos electorales que hacen falta. Por fortuna, la Constitución especifica qué debe hacerse cuando no hay un ganador: la Cámara de Representantes elige al próximo presidente, y la delegación de cada estado aporta un voto electoral.

En ciertas circunstancias, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, podría rendir protesta como nueva presidenta del país. Foto: Tasos Katopodis/Getty

En estos momentos hay 26 delegaciones de mayoría republicana y 23 demócratas, una de ellas dividida. Según estas cifras, Trump saldría ganando. Sin embargo, lo más probable es que la votación se lleve a cabo después del 3 de enero de 2021, una vez que entren en funciones los representantes recién electos. Si las elecciones generales cedieron unos cuantos curules a los demócratas, el voto de los representantes podría terminar en un empate de 25—25 votos. Douglas explica que, en ese punto, el proceso se interrumpiría para que Nancy Pelosi, presidenta de la cámara, rindiera protesta como la nueva presidenta del país. “La Constitución no tiene previsto repetir los comicios”, señala. “Las leyes existentes no sirven para dirigirnos en este tipo de crisis”.

LAS BAJEZAS DE TRUMP 

Si Trump decidiera trastocar el proceso electoral, podría hacerlo por varios mecanismos. Para empezar, ya planteó la idea de postergar las elecciones, mas sus colegas republicanos no han apoyado la propuesta. Otra opción es declarar un estado de emergencia a causa de la pandemia o de las protestas callejeras que se hayan desatado en el otoño. Si bien no existe un fundamento constitucional para ordenar la postergación —y mucho menos la cancelación— de las elecciones, Trump ya se las ha ingeniado para implementar políticas que violan la Constitución, como prohibir la entrada de musulmanes en el país y enviar al Ejército contra ciudadanos que ejercen su derecho de protesta pública: dos medidas que la mayoría republicana no ha tenido empacho en respaldar.

Por otro lado, si las elecciones discurrieran con razonable normalidad y Biden ganara, Trump podría erigirse en víctima de una votación fraudulenta.

Si bien es muy poco factible que los cinco magistrados conservadores de la Suprema Corte se sumen a semejante estrategia, no hay que olvidar que esa institución siguió la línea del GOP cuando se pronunció a favor de George W. Bush en la contienda presidencial del año 2000 contra Al Gore. Además, en los últimos años se ha mostrado dispuesta a escuchar las descabelladas acusaciones de Trump e incluso le ha dado por su lado hasta que el asunto queda zanjado; por ejemplo, cuando aplazó un dictamen federal contra la prohibición de viajes de 2017; su proyecto de desviar fondos militares para construir su muro fronterizo; la política de enviar a México a los solicitantes de asilo; sus esfuerzos para echar por tierra la investigación de Mueller; y su negativa a obedecer los citatorios que exigen la entrega de sus expedientes financieros.

No hay duda de que incluso una orden temporal para postergar, invalidar o modificar una elección general desataría protestas masivas por todo el país. Hace poco, Trump cambió su plataforma para presentarse como el “presidente de la ley y el orden” y hacer que sus simpatizantes pongan la mira en la “izquierda radical”, así como en los activistas del movimiento Black Lives Matter y en las protestas contra la violencia policiaca. De modo que, si se atreve a retrasar las elecciones, quizás aproveche las manifestaciones para ordenar una represión enérgica. La violencia y el vandalismo de los manifestantes de izquierda lo ayudarían a promover su discurso de ley y orden; en tanto que las fuerzas policiacas —muy maltratadas por esa misma izquierda— bien podrían inclinarse a favor de los contramanifestantes. Lo que está por verse es qué harían los militares.

¿Hay alguna manera de evitar que noviembre se vea marcado por este y otros desastres? Solo una, responde Douglas: una victoria clara para él o para Biden. “Tal vez no impida que los simpatizantes de derecha tomen las armas y salgan a las calles”, previene. “Pero si Biden se convierte en el nuevo comandante en jefe, Trump no tolerará la humillación de que el Ejército lo expulse de la Casa Blanca. Saldrá por su propio pie, y así se acabará el conflicto”.

Sería el equivalente a un final de cuento de hadas… comparado con grupos de manifestantes y contramanifestantes armados que toman las calles para desahogar su ira por una elección perdida o robada.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek

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