Por el delito de fraude que asciende a 61 mil dólares, fue denunciado penalmente Alonso Pérez Rico, actual secretario de Salud de Baja California, y otro exfuncionario federal, sobrino de un diputado local por el PRI.

De acuerdo a la denuncia penal presentada el 17 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada, Pérez Rico recibió 61 mil 120 dólares a cambio de favorecer a una empresa con la subrogación de los servicios de hemodiálisis.

El acuerdo lo hizo Pérez Rico en 2018, cuando se desempeñaba como Jefe de Prestaciones Médicas de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de videoconferencias y por medio de un intermediario, relata la denuncia.

El intermediario es Miguel Ángel Ruvalcaba Molina, quien entonces laboraba como Administrador del programa IMSS-PROSPERA, según reveló una fuente federal.

Miguel Ángel Ruvalcaba Molina es sobrino del diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Ruvalcaba Flores, quien dirigió el PRI en Baja California cuando sucedió el presunto fraude desde la delegación del IMSS.

“Si, lamentablemente es mi sobrino, hijo de mi hermano, la familia no se niega, la verdad me da mucha pena pero no tengo trato con él, me desligo de cualquier actividad ilícita, pido que se proceda como debe ser, no pido privilegio para nadie”, dijo David Ruvalcaba Flores.

La acusación fue presentada por los empresarios Ramón Alejandro Treviño Ávalos y David Galván Torres, y en ella relataron que Pérez Rico como Ruvalcaba Molina les ofrecieron ganar la licitación federal LA-050GYR003-E357-2018 para subrogar el servicio de hemodiálisis en la clínica del IMSS de Ensenada.

A cambio, los denunciados les pidieron 100 mil dólares para el depósito de una supuesta fianza y la asignación del 10% de las ganancias de la nueva clínica Hemodiálisis del Noroeste.

Para garantizar que obtendrían ese 10% de participación de las ganancias, los entonces funcionarios del IMSS pidieron incluir como socio en el acta constitutiva de la empresa en formación a Francisco Sebastián Ruvalcaba Molina, hermano del entonces funcionario federal Miguel Ángel, a quién se le asignó un 25% de la sociedad, de acuerdo al acta constitutiva.

El pago de la fianza lo entregaron en tres partes, sin completar el monto total requerido, dinero que Ruvalcaba Molina dijo a los ahora ofendidos, lo entregaba a Pérez Rico, por ser quien se encargaría de depositar la fianza, según la denuncia.

En la denuncia penal Treviño refirió que hubo tres videollamadas con Pérez Rico, lo que le hizo confiar en el acuerdo. Durante 2019, dijo, los trajeron solo en vueltas, justificando la demora en la licitación al cambio de administración federal.

Ante la demora, en noviembre los socios de la firma decidieron ir a la Ciudad de México a consultar directamente ante la Dirección Nacional del IMSS el seguimiento de la licitación en la que supuestamente participaban y las autoridades del IMSS les hicieron saber que esa licitación se había resuelto desde diciembre del 2018, según la denuncia.

Entonces pidieron que les regresaran la fianza, a lo que las autoridades federales les respondieron que nunca había sido depositada.

Según una fuente con conocimiento del caso consultada para esta nota, Ruvalcaba dejó de laborar en el IMSS en 2018, sin que los denunciantes lo supieran.

Al cierre de edición, Alonso Pérez Rico no respondió a múltiples solicitudes de entrevista para conocer su versión de los hechos.