Decenas de miles de manifestantes salieron este domingo a las calles de Minsk, en Bielorrusia, para protestar por tercer fin de semana consecutivo, contra la reelección del presidente Alexander Lukashensko pese al imponente despliegue de fuerzas del orden, que realizaron más de un centenar de detenciones.
El presidente, de 66 años, de los que ha pasado 26 en el poder, ha enfrentado protestas cotidianas desde las controvertidas presidenciales del 9 de agosto, que asegura haber ganado con el 80% de votos, mientras sus detractores denuncian fraude.
Un periodista de la AFP y medios bielorrusos calcularon en más de 100,000 el número de manifestantes este domingo, lo que iguala la participación masiva de los anteriores fines de semana.
Este domingo pese al gran despliegue de las fuerzas de seguridad, que impidieron a varios cortejos de opositores llegar al corazón de la manifestación, el centro de la capital bielorrusa estaba negro de gente, en particular desde la plaza de Octubre a la de la Independencia.
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Los manifestantes llevaban banderas rojas y blancas de la oposición y coreaban eslóganes como “Lukashenko en furgón celular” o “Vete”, según un periodista de la AFP.
También se concentraron delante del Palacio de la Independencia, la residencia oficial del presidente, donde numerosos francotiradores de élite estaban instalados en el tejado del edificio.
El servicio de prensa de Lukashenko difundió una foto del presidente con un chaleco antibalas y un fusil de asalto en la mano, como ya había hecho durante el pasado fin de semana.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a 140 manifestantes, según datos del Ministerio del Interior bielorruso citados por varias agencias rusas.
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El comité de investigación anunció que investiga a unos 150 manifestantes por “amenazas” y “hooliganismo”.
Sin embargo, la policía no recurrió esta vez al uso de gases lacrimógenos, balas de goma o granadas de dispersión, como sí había hecho durante las primeras protestas tras los comicios del 9 de agosto.
Persona non grata para los países bálticos
Lituania, Estonia y Letonia incluyeron este lunes en una lista negra a Lukashenko y a 29 funcionarios, en un intento para apoyar a los manifestantes del país vecino.
“Nuestro mensaje es que no sólo hay que emitir declaraciones, hay que tomar medidas concretas”, dijo a la AFP el ministro de Relaciones Exteriores lituano, Linas Linkevicius.
El portavoz de la diplomacia bielorrusa, Anatoli Glaz, citado en la página web del ministerio, consideró que estas “presiones” eran contraproducentes y prometió una respuesta “adecuada” contra estos tres países.
La Unión Europea, que rechaza el resultado de las elecciones, también prevé prohibiciones de acceso y bloqueo de activos para unos 20 funcionarios bielorrusos, pero la lista necesita la aprobación de los 27 Estados miembros.
Algunos países occidentales de la UE consideran que sancionar a Lukashenko podría trabar los esfuerzos para crear un diálogo entre las autoridades y la oposición, y además empujaría al presidente bielorruso hacia Rusia.
Una opositora detenida
Lejos de estar dispuesto para el diálogo, el régimen de Lukashenko multiplica las medidas contra la oposición y las voces críticas.
Este lunes, destituyó al embajador bielorruso en España, Pavel Pustovoy, informó la agencia de prensa estatal Belta. A mediados de agosto, el diplomático se pronunció en Facebook a favor de un nuevo recuento de votos de la elección presidencial.
Una dirigente del consejo de coordinación de la oposición, creado para impulsar una transición política, también fue detenida este lunes.
“El arresto (de Lilia Vlassova) fue antecedido de un allanamiento en su casa”, indicó a la AFP Pavel Latushko, también miembro del órgano director de ese consejo que es investigado por las autoridades.
Vlassova, de 67 años, es una jurista de renombre en su país, especializada en la mediación.
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Varios miembros del consejo debieron rendir declaraciones la semana pasada, como la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich; Latushko, exembajador y exministro de Cultura, o una de las figuras de la campaña de la oposición presidencial, Maria Kolesnikova.
Además, un responsable del comité de huelga del fabricante de potasio Belaruskali, una industria clave en la economía del país, Anatoli Bokun, fue condenado a 15 días de cárcel.
Este lunes, el jefe de la Iglesia católica bielorrusa, que se ha expresado en varias ocasiones contra la represión de las autoridades, no fue autorizado a entrar en Bielorrusia, aunque tiene la nacionalidad.
Monseñor Tadeusz Kondrusiewicz “regresó a Polonia”, dijo a la AFP su portavoz Yuri Sanko, quien aseguró que no había recibido “ninguna explicación de las autoridades bielorrusas”.
