Detenciones arbitrarias, violación a los derechos de los niños, derecho a la libertad de tránsito y residencia, son algunas de las 1,546 solicitudes de atención que recibió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), en el primer semestre del año, gran parte de ellas, relacionadas con acciones de autoridades durante la pandemia por el COVID-19.
La Codhey indicó que de las 1,546 solicitudes de atención, 731 fueron orientaciones relacionadas con asuntos laborales, de carácter financiero o de salud, pertenecientes a instancias federales, por lo que fueron remitidas a las autoridades en la materia, debido a que no están dentro del ámbito de competencia de la comisión.
Se emitieron 143 medidas cautelares, la mayoría enfocadas a garantizar el libre tránsito y residencia por acciones de las autoridades durante la contingencia sanitaria.
Entre las autoridades a quienes se les dictó la medida cautelar se encuentran: Ayuntamiento de Kanasín con 13; Secretaría de Educación, 12; Secretaría de Seguridad Pública, 11; Ayuntamiento de Valladolid, 9; Ayuntamiento de Celestún, 6; Ayuntamiento de Panabá, 6; Fiscalía General del Estado, 6; Ayuntamiento de Río Lagartos, 5; Secretaría de Salud, 5; Ayuntamiento de Hoctún, 4; Ayuntamiento de Peto, 4; Ayuntamiento de Tizimín, 4; y Ayuntamiento de Buctzotz, 4, entre otras.
Se interpusieron 10 denuncias ante al Ministerio Público al considerar que, en la presentación de la queja o el desarrollo de sus investigaciones, además de una posible violación a derechos humanos existía la presunción de la comisión de algún ilícito.
En su reporte menciona que se realizaron 640 gestiones que están en trámites o recopilando mayores elementos para enviarlas a quejas.
En el mismo periodo, se remitieron 175 quejas a las Visitadurías, de las cuales 60 fueron a la Secretaría De Seguridad Pública; a la Policía Municipal de Kanasín, 34; a la Secretaría de Educación del Estado, 18; al Ayuntamiento de Celestún, 8; a la Fiscalía General del Estado, 8; al Ayuntamiento de Panabá, 4; Ayuntamiento de Valladolid, 4; Policía Municipal de Dzidzantún, 4; Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 4; Secretaría de Salud de Yucatán, 4; entre otras autoridades.
Los hechos violatorios más señalados por los ciudadanos fueron: prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, robo, allanamiento de morada, violación a los derechos del niño, amenazas, violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia, violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica así como al derecho de los menores a que se protejan su integridad.
Se conciliaron 14 quejas con 7 autoridades: SSP, 5; Fiscalía General del Estado, 3; Ayuntamiento de Kanasín, 2; y uno, Ayuntamiento de Mérida, Ayuntamiento de Motul, Ayuntamiento de Muna y Policía Municipal de Akil.