La Jueza Tercero de Distrito en el estado de Yucatán, decidió, admitir una demanda de amparo presentada por 16 trabajadoras sexuales por los constantes operativos cometidos en su contra por parte de la policía municipal de Mérida, y conceder una suspensión provisional para el efecto de que no se les detenga ni aplique el artículo 15 fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Mérida que sanciona el trabajo sexual en las calles, informaron las agrupaciones Indignación y Unasse.
Cabe recordar que las denunciantes en diversas ocasiones las trabajadoras sexuales denunciaron los operativos realizados por la Policía Municipal de Mérida en su contra, violando sus derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.
Las trabajadoras sexuales manifiestan que los operativos y el acoso que sufren en el centro de la capital yucateca, son parte de una política de persecución hacia el trabajo sexual, impulsada por la actual administración encabezada por Renán Barrera Concha y expresada en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida que, al ser aprobado en septiembre del año pasado, incorporó en la fracción VI del artículo 15, prohibiciones que representan una restricción a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, además de promover la criminalización y estigmatización de esa labor.
El Juzgado Tercero de Distrito determinó que debe concederse la suspensión provisional respecto de la ejecución del acto reclamado consistente en la detención por parte de las autoridades municipales en aplicación del aludido artículo 15, fracción VI, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida.
“Las peticionarias de amparo acuden a efecto de defender su derecho a un trabajo lícito, el cual desarrollan de forma personal y voluntaria a cambio de una remuneración económica”.