El gobierno de Baja California presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra de autoridades federales “por despojo y uso de la fuerza pública” en la caseta de cuotas de la carretera Tijuana-Playas de Rosarito.
Entre los acusados están el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Director General de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el representante de CAPUFE en Baja California y quienes resulten responsables, de acuerdo a una publicación en Facebook del secretario General de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano.
La denuncia se hizo este domingo a menos de 24 horas desde que Newsweek Baja California informó que la SCT denunció primero al gobernador Jaime Bonilla y al fiscal general del estado, Guillermo Ruiz.
En una transmisión vía redes sociales, Amador explicó que el gobierno estatal denunció por despojo ilegal con fuerzas armadas. También por el uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Ejercieron estos derechos sin tener sustento jurídico”, dijo Amador Rodríguez.
El 07 de julio, Bonilla firmó un decreto para liberar de peajes la caseta ubicada en el tramo carretero de Tijuana-Playas de Rosarito.
Ese mismo día, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una denuncia en contra del mandatario y del Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz, acusándolos de liderar a un grupo de aproximadamente 80 personas para tomar ilícitamente esa caseta.
Ciudadanos que apoyaron el decreto estatal se manifestaron durante los últimos tres días y algunos fueron golpeados, también detenidos.
Esta mañana, Bonilla hizo un llamado a los manifestantes para solicitar que mantuvieran la calma y evitaran la violencia.
“Le pido al pueblo que se tranquilice, no tiene caso que vayan ahorita y agarren a tomatazos a la gente […] fue una orden superior. Los soldados llegaron con una instrucción”, dijo Bonilla en su transmisión.
