“Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”, reza la exposición de motivos del punto de acuerdo que fue aprobado por mayoría del Congreso Estatal de Aguascalientes en la última sesión del periodo ordinario, en el que se propone analizar la legalidad y constitucionalidad de las reformas a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, en las que se incluyó el “pin parental”, en donde se da la facultad a los padres de familia para que elijan el contenido que sus hijos deben recibir en las escuelas, principalmente lo relativo a la sexualidad y a la moralidad.

En el punto de acuerdo se pide a las comisiones de Derechos Humanos y de Educación, así como al departamento jurídico del Congreso del Estado que se rinda un informe a la presidencia de la mesa directiva, a fin de conocer si las reformas al artículo 4° de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes no contravienen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El punto de acuerdo fue aprobado con 17 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones, recibiendo el apoyo de los diputados de MORENA, PRI, PRD, Partido Verde, Partido Encuentro Social y una fracción de los legisladores del PAN.

A finales de mayo, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de los 27 diputados locales la nueva Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, cuyo artículo 4° generó polémica en varios sectores de la población, ya que se incluye de forma implícita el “pin parental”, con el que se busca que los padres de familia tengan la posibilidad de elegir el contenido que sus hijos recibirán en la escuela, principalmente lo relativo a temas de sexualidad y moralidad, quedando de la siguiente manera:

“Asimismo la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

A los pocos días de haberse aprobado, colectivos y organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de derechos humanos alzaron la voz, al señalar que los alcances de la nueva legislación podrían violentar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al privarlos de contenidos educativos que favorecerían sus libertades personales, y que además contravenía a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que a través de una carta solicitaron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) que interpusiera la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual ocurrió hace algunos días.

Al llamado se sumaron posteriormente organizaciones nacionales como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y UNICEF México, entre otras, quiénes señalaron los potenciales riesgos que podrían tener los infantes a quiénes se les limite el acceso a sus derechos sobre la educación.

Además de Aguascalientes, el pin parental ha sido presentado en los congresos locales de Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Ciudad de México y Guanajuato.

Por lo anterior, a nivel nacional se concretó el colectivo Artículo 3°, que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, el cual busca hacer frente al pin parental.

La integrante del colectivo, Marcela Villalobos, señaló que este “candado legislativo” pone en riesgo el derecho a la educación, a la salud sexual y reproductiva de las niñas, niños y adolescentes, además de ponerles vulnerables a ser víctimas de delitos sexuales o a afectaciones a su salud sexual.

“Con el pin parental, se les quita el derecho a recibir conocimientos fundamentales para su desarrollo que pueden derivar en convertirles en víctimas de abusos, en embarazos no deseados, en enfermedades de transmisión sexual, entre otras afectaciones”.

Por el contrario, mencionó la activista que la educación sexual favorece la disminución de prácticas de riesgo, retrasa el inicio de la vida sexual, disminuye la violencia y la homofobia, además de fortalecer las habilidades socioemocionales y la comunicación familiar.

Contrarreformas e iniciativas para reformar el pin parental

Derivado de los señalamientos a las reformas a la legislación educativa, algunos diputados reconocieron que no se hizo un análisis exhaustivo de la nueva Ley de Educación del Estado, por lo que fue presentada una contrarreforma que busca echar atrás el pin parental.

La iniciativa de reforma fue presentada por la diputada de MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada, y apoyada por otros ocho legisladores: José Manuel González Mota, Erica Palomino Bernal y Héder Guzmán, así como las priístas Margarita Gallegos Soto, Elsa Amabel Landín Olivares y Elsa Lucía Armendáriz Silva; también se sumaron a la propuesta la legisladora Ma. Irma Guillén Bermúdez y el neoaliancista Mario Armando Valdéz Herrera.

Por su parte, el diputado del PRD, Jorge Saucedo Gaytán, incluso se arrepintió de haber votado a favor de la reforma educativa, atribuyendo falta de tiempo para revisar el dictamen.

La contrarreforma ya ha sido turnada a la Comisión de Educación y Cultura a la espera de ser analizada para ser subida nuevamente al pleno del Congreso. No obstante, su discusión tendrá que ser a partir de septiembre, fecha en la que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, a reserva de que pueda convocarse previamente a un periodo extraordinario.