A tres años de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), su avance ha sido lento y ha enfrentado desdén y resistencias de las fuerzas políticas locales, de acuerdo a una investigación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta asociación se dedica a realizar investigaciones periodísticas y académicas, así como a dar análisis contra la corrupción e impunidad en el país.
Este martes publicaron un estudio que revisa la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción, entre ellos el de Baja California.
De acuerdo a un comunicado, el Comité de Participación Ciudadana de Baja California es el único que no está integrado por cinco personas; sino por 15: 10 consejeros técnicos y cinco honorarios.
Esta conformación fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2020.
Además, esta entidad es una de las cinco que todavía no cuentan con una persona al frente de la Fiscalía Anticorrupción.
Olga Ojeda, quien fue propuesta en terna por el gobernador Jaime Bonilla y elegida por el Congreso del Estado, presentó su renuncia a menos de dos meses de ser designada, argumentando que la oficina a su cargo no contaba con presupuesto asignado.
En el resto de la república hay otros estados que también llamaron la atención de MCCI.
La Comisión de Selección, de 20 de las 31 entidades en las que no se encuentra Baja California, concluye sus actividades en 2020.
Los congresos estatales deben comenzar un proceso para renovar esta Comisión y no interrumpir la designación de integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) estatales, según Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“Si no se concreta este cambio, de facto se estaría dejando morir de a poco al SNA”, dijo Alvarado.
En su estudio, MCCI encontró que se han sido instalado 30 de 32 Sistemas Estatales.
Está pendiente Chiapas y el Congreso de la Ciudad de México tuvo que publicar una nueva Ley de su sistema anticorrupción, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley anterior.
Además, Coahuila, Morelos y San Luis Potosí, no han nombrado al titular de la secretaría ejecutiva, el brazo operativo del sistema local anticorrupción.
Y siete entidades hicieron este nombramiento vía una designación directa, del gobernador o del fiscal general.
Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Puedes encontrar el estudio completo en: https://contralacorrupcion.mx/sistemas-estatales-anticorrupcion-en-riesgo/
