La Contraloría del Estado descartó dar entrada a la denuncia presentada por integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción para que se investigara el desempeño de ex funcionarios públicos de la anterior administración estatal que habrían facilitado el otorgamiento de privilegios para la instalación de la segunda planta de Nissan en Aguascalientes.

El titular de la contraloría, Dennys Eduardo Gómez, señaló que no se encontraron elementos que permitieran continuar la investigación en la dependencia que encabeza.

“De lo que pudimos revisar en la Contraloría del Estado es que no somos competentes para hacer la revisión de esa denuncia en particular y la estructura de la misma le faltan elementos para poderla continuar, no somos competentes para eso, como es un organismo descentralizado a nosotros no nos corresponde hacer la investigación”.

Por lo anterior, mencionó que se turnó la denuncia a la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA) para que se le pueda dar seguimiento desde su órgano interno de control y se resuelva si hubo algún tipo de responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios públicos de la anterior administración estatal, encabezada por el priísta, Carlos Lozano de la Torre, y se les imponga la sanción correspondiente.

“Nosotros la remitimos a la autoridad correspondiente para que siga la investigación que se derive de la denuncia, que fue a la instancia que se encargaba del tema de los fideicomisos respecto a los terrenos que se destinaban a los parques industriales”, indicó.

El pasado lunes 17 de febrero, el presidente del CPC, Francisco Aguirre Arias, y el nuevo integrante del comité, José de Jesús Suárez Mariscal, acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción y a la Contraloría Estatal para interponer una denuncia a partir de la investigación periodística “Operación Nissan II”, en la que se revelan los beneficios que tuvo la ensambladora japonesa para la construcción de la planta A-2.

“En esta semana se le notificará al Comité de Participación Ciudadana y se le va a enviar a la unidad investigadora del mismo para que inicie la investigación correspondiente”.

De acuerdo a la investigación, en el sexenio anterior se orquestaron modificaciones a la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes para favorecer la utilización de bienes y recursos de los fideicomisos de forma discrecional, sin tener que pasar por el voto del Congreso Estatal.

Asimismo, se destinaron 846 millones de pesos para la compra de terrenos de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina, de una superficie de 523.9 hectáreas, a través de los recursos del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE), que posteriormente fueron donados por el gobierno estatal a la Nissan.

De dichos terrenos, 100 hectáreas fueron revendidas por Nissan al consorcio COMPAS para la construcción de su planta ensambladora, por lo que obtuvo una ganancia de 17 millones de dólares.