La Corte Suprema de Estados Unidos pareció dividida este martes sobre la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el programa que protegía de la deportación a más de 600,000 “dreamers”, llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.
Estos jóvenes están en un limbo jurídico desde que Trump eliminó en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) iniciado por su predecesor Barack Obama en 2012.
Esa disposición les ha permitido trabajar, estudiar y conducir, y ha evitado su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan.
Ahora, su destino depende de los nueve jueces que componen el tribunal. En la Corte, cinco magistrados son conservadores y dos de ellos fueron nombrados por el presidente republicano.
Afuera de la Corte, en Washington, cientos de personas se congregaron gritando “Nuestro hogar está aquí”, para expresar su apoyo a los “dreamers” (soñadores).
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Arelis Hernández, una beneficiaria del programa de 36 años que vive en California, acampó fuera del tribunal durante dos días para poder entrar a la audiencia.
“Fue abrumador estar adentro”, contó a la AFP. “Nuestras vidas están en sus manos, las decisiones que ellos tomen van a afectarnos”, explicó.
La decisión de Trump, parte de su política dura contra la inmigración, es uno de los principales casos que analiza la corte en esta temporada.
Una “política ilegal”
Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los “dreamers” señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma “arbitraria” y “caprichosa”.
El representante del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó este martes que la administración no podía mantener una “política ilegal”.
Estos argumentos parecieron satisfacer a varios de los jueces conservadores.
Uno de los abogado de los “dreamers”, Theodore Olson, replicó que la decisión del gobierno de terminar este programa generó consecuencias abruptas, tangibles y adversas, y perturbaciones sustanciales para las vidas de cientos de miles de personas y para sus familias, empleadores y para sus comunidades.
La jueza Sonia Sotomayor dijo que tenía algunas dificultades a la hora de entender la ilegalidad de DACA.
“Esto no se trata de las leyes, se trata de destruir vidas”, agregó la jueza.
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En la mañana, Trump dijo en Twitter que muchos de los beneficiarios de este programa ya no son tan jóvenes y están “lejos de ser ángeles”, e indicó que algunos son criminales “curtidos”, pese a que para entrar en el programa es necesario no tener antecedentes penales.
Trump señaló en su tuit que cuando su predecesor Barack Obama creó el programa no tenía las facultades legales.
“Si la Corte Suprema remedia esto con una revocación, se va a llegar a un trato con los demócratas para permitirles quedarse”, escribió.
Según el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay 660.000 beneficiarios del DACA, de los cuales 529.760 (poco más del 80%) llegaron desde México. Otros provienen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil.
Vivir con miedo
Si la corte le da la razón a Trump, los “dreamers” no van a ser expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con los riesgos que esto implica.
El congresista Jesús “Chuy” García, que se unió a la multitud que espera fuera del tribunal, dijo a la AFP que si estos jóvenes pierden su estatuto son susceptibles de ser deportados.
“El gobierno tiene los datos de donde viven, de donde trabajan en los archivos para los cuales tuvieron que registrarse. Hay familias que viven con miedo”, explicó el representante demócrata del 4º distrito de Illinois.
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El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre el mandatario republicano y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento.
Trump ofreció dar protección temporal a los “dreamers” a cambio de que le aprobaran 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, su propuesta insigne para frenar la inmigración irregular. El planteo fue rechazado.
El caso también podría redefinir los límites de la autoridad del Ejecutivo, indicó Steven Schwinn, un académico de derecho de la Universidad de Chicago.
“El caso plantea importantes preguntas sobre la capacidad del presidente de llevar a cabo políticas mediante la no aplicación de la ley y la discreción ejecutiva”, dijo el académico.
