Un grupo de empresarios prepara un proyecto para incentivar la protección efectiva de ecosistemas marinos, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, agencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos, identificó a México como uno de los países con mayor índice de pesca ilegal.
Alejandro Gómez Casso, el empresario mexicano que lidera la iniciativa comentó en entrevista que desde hace varios meses ha reunido a un grupo de inversionistas para inyectar dinero a fundaciones dedicadas a la defensa y salvaguarda de especies marinas en peligro de extinción.
“Al tener un primer acercamiento con el informe de Mejoramiento de la Gestión de la Pesca Internacional 2019, nos percatamos de que las malas prácticas en materia de pesca ilegal ya habían sido expuestas de 2014 a 2016; sin embargo, no se realizaron acciones para contrarrestarlas”, detalló Gómez Casso.
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Agregó que por su especial afición y gusto por el mar, buscará diversos medios para apoyar su protección, los cuales además de encaminarse a la inversión, pretenden involucrar a la sociedad civil, así como al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Proyectamos tener un primer encuentro con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en próximas fechas, con el fin de generar sinergias y apoyar en todo lo que nos sea posible al Gobierno Federal”, comentó.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), solo en agosto se retuvieron de manera precautoria alrededor de 138 mil kilogramos de productos relacionados con pesca ilegal.
El organismo adscrito a la Sader precisó que la tilapia es la especie con mayor registro de retenciones con 52 mil 459 kilogramos. Mientras que Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Nayarit, destacaron como las entidades donde se han identificado montos más altos.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó en el estudio “Pesa ilegal: una barrera para la competitividad” que el tamaño de esta práctica equivale casi al 60% de la producción nacional pesquera, situación que desincentiva inversiones en el sector, además de afectar a los productores legales, quienes se enfrentan a distorsiones en los precios y por tanto a competir en condiciones desfavorables.
