El gobierno estadounidense pocas veces procesa a los empleadores por contratar a trabajadores migrantes sin documentos, los cuales les proporcionan grandes ganancias y pocos riesgos.
La campaña contra los trabajadores indocumentados en Estados Unidos se intensificó en agosto, cuando agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hicieron redadas en siete instalaciones de procesamiento de aves de corral en Misisipi y arrestaron a 680 personas bajo la sospecha de tener un estatus migratorio ilegal, en lo que fue la incursión más severa en más de una década.
Escenas de niños llorando después de la escuela y rogando por el regreso de sus padres, mientras que los oficiales de inmigración insistían en que solo hacían su trabajo, presentaron una imagen discordante a muchos estadounidenses.
Las protestas no tardaron en surgir, y aunque se liberó temporalmente a más de 300 personas, la operación sirvió para recordar lo importantes que son esos trabajadores para sus comunidades, y lo esencial que es la fuerza de trabajo indocumentada, que generalmente funciona en las sombras, para el mercado laboral estadounidense en general.
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Sin embargo, aunque los trabajadores indocumentados se ven frecuentemente aterrorizados por las acciones de aplicación de la ley, las empresas que obtienen ganancias de su trabajo han escapado casi siempre del escrutinio por su papel en el disfuncional sistema migratorio. Las empresas que contratan a inmigrantes ilegales, intencionadamente o no, pocas veces son procesadas judicialmente y reciben penalizaciones muy bajas. Y todas las personas que participan en este sistema lo saben.
CON UN BLANCO EN LA ESPALDA
Cuando el gobierno federal impone una acción judicial contra violaciones relacionadas con el trabajo indocumentado, los trabajadores, y no las empresas, son los más afectados por las acciones de aplicación de la ley.
Según datos del Departamento de Justicia, obtenidos por el Centro de Intercambio de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, las acciones judiciales contra empleadores son excesivamente infrecuentes. Únicamente 11 personas han sido procesadas por emplear intencionadamente a trabajadores indocumentados en los 12 meses previos al mes de marzo de 2019, y no se enjuició a ninguna entidad corporativa.
Sin embargo, el departamento destaca que el retraso entre los arrestos y las acciones judiciales puede hacer que resulte difícil extraer conclusiones de esos datos.
“Las operaciones de aplicación de la ley toman tiempo. ICE ha declarado públicamente que ha iniciado auditorías e inspecciones en los lugares de trabajo de empresas de todo el país durante el último par de años”, señaló un vocero. “Con frecuencia, esas auditorías e inspecciones son el inicio de un largo proceso que podría llevar a la presentación de cargos criminales”.
Sin duda, son complejas las diferencias entre la forma en que se aplican las leyes contra las empresas y contra los indocumentados.
“La inversión no es ningún acto de caridad”.
Para las empresas, dar empleo a un trabajador indocumentado no es suficiente para generar una responsabilidad criminal. Entre otros criterios, la contratación de empleados indocumentados tiene que ser intencionada, lo cual es complicado de determinar, pues muchos trabajadores indocumentados presentan documentos falsos.
Si bien el proceso para investigar a los trabajadores es ágil, y generalmente incluye redadas, presentación de sospechosos y detenciones masivas, el proceso para los empleadores es más prolongado.
“Lo que ocurre generalmente es que estos empleadores reciben avisos de inspección”, afirma Allen Orr, abogado que representa a varias empresas en temas migratorios. “Es una guerra de trámites; no es una redada. Es un largo proceso administrativo. El empleador recibe un aviso de documentos sospechosos y luego acude con los empleados para despedirlos. Si se descubre que actuó con conocimiento de causa, se le imponen fuertes multas”.
Las multas parecen ser el método predilecto del gobierno para manejar las violaciones a las leyes del trabajo migratorio cometidas por las empresas. De 2009 a 2014, la cantidad de multas impuestas por ICE en casos civiles aumentó más de 1,200 por ciento, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, y cientos de multas generaron más de 16.2 millones de dólares en penalizaciones durante 2014.
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“Es común ver multas cuantiosas” en casos de violaciones importantes, afirma Orr, “pero en muy pocos casos se imponen penas de cárcel”.
Para Jay Gervasi, abogado de compensación de trabajadores que frecuentemente representa a empleados migrantes en Carolina del Norte, muchos de estos casos son simplemente el resultado de que un empleador se hace la vista gorda cuando contrata a un trabajador indocumentado.
“En la gran mayoría de los casos que he manejado, en los que un trabajador indocumentado resultó lesionado, los empleadores estaban totalmente conscientes de que todos sus trabajadores eran indocumentados”, afirma. “Están felices de emplear a trabajadores sin documentos y, en ocasiones, son lo bastante cínicos como para utilizar su condición de indocumentados para coartar los reclamos de compensación de sus trabajadores. Es algo que preocupa a las personas”.
Sin embargo, este conocimiento podría no llegar hasta las altas esferas. En muchos casos, el empleado que conoce la condición de indocumentado de un trabajador es un representante de recursos humanos de nivel básico, por lo que un intento más amplio de presentar cargos contra los ejecutivos de la empresa o contra la corporación misma pocas veces es posible.
“La forma en que se administra la justicia es igual a como se administra en cualquier otra área de la ley”, señala Orr. “La persona de menor nivel, por ejemplo, el vendedor callejero de drogas, es quien va a la cárcel. El distribuidor no lo hace. Simplemente paga una multa”.
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Sin embargo, Bryan Cox, vocero de ICE, dice que la idea de que este organismo no da prioridad a las acusaciones contra los empleadores “es totalmente inexacta”.
“El organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI, por sus siglas en inglés) centra sus esfuerzos de aplicación de la ley en el lugar de trabajo tanto en las personas que buscan empleo de manera indebida como en los empleadores que, deliberadamente, los contratan”, afirma Cox, y destaca el caso de James Brantley, el propietario de un matadero de Tennessee que fue sentenciado a 18 meses de prisión en julio pasado por contratar a trabajadores indocumentados y evadir impuestos de nómina al pagarles en efectivo durante 20 años.
Cox también señaló que, en el año fiscal de 2018, se presentaron cargos contra 72 directores a quienes se les acusó de más delitos que los registrados por TRAC por emplear deliberadamente a trabajadores documentados. Sin embargo, si bien los arrestos en el lugar de trabajo, incluidos los que se relacionan con estar presentes ilegalmente en Estados Unidos, fueron varias veces más numerosos que en 2017, las acusaciones contra los directores difícilmente prosperaron.
Un antiguo funcionario de alto nivel de HSI, quien declaró desde el anonimato para poder hablar francamente de su experiencia, dijo que la aplicación de las leyes de inmigración en el empleo ha avanzado muy poco durante años, debido a una falta de reformas en el ámbito federal.
“El 49 por ciento de todos los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son inmigrantes sin un permiso de trabajo”.
“Actualmente, funciona de la misma forma en que lo hizo durante los gobiernos de Bush y Obama”, afirmó el funcionario de inmigración, que trabajó en ambos regímenes. “No importa lo maravilloso que sea tu caso. Nosotros presentamos casos ante el Departamento de Justicia y depende de ellos iniciar el proceso judicial.
HSI puede realizar las más grandiosas investigaciones penales, pero si no cumplen con las prioridades de los procesos judiciales del Departamento de Justicia, serán pospuestas indefinidamente”.
Un oficial de aplicación de la ley que trabaja actualmente con estas partes acusadoras también reconoce los desafíos que enfrentan.
“Algunos fiscales federales han expresado su frustración por la prohibición estatutaria que se requiere para acusar a los empleadores que evaden intencionadamente las leyes migratorias”, señala.
COLUMNA AGRÍCOLA
Las disparidades y complejidades en los procesos judiciales son solo una parte del rompecabezas.
Dado que la cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos ha aumentado enormemente en las últimas décadas, hasta alcanzar los 10.5 millones en 2017, de acuerdo con el Pew Research Center, los legisladores federales no han hecho una revisión general del sistema migratorio, de tal forma que tenga en cuenta a las personas que ya viven y trabajan en Estados Unidos, pero que no cuentan con documentos.
Casi todos los expertos que hablaron con Newsweek, independientemente de su postura ante la inmigración, describieron el sistema actual como fundamentalmente viciado, cuando no completamente descompuesto.
Aunque el sistema no ha cambiado a su alrededor, los empleadores han percibido una aguda demanda de trabajadores y sectores que requieren trabajo manual, especialmente, la agricultura. Poco menos de 22 millones de empleos a jornada parcial o completa se relacionaron con el negocio de la agricultura y de los alimentos en 2017, lo que equivale a 11 por ciento de todos los empleos en Estados Unidos.
“La ley de la oferta y la demanda suele superar a la ley estatutaria, y lo que hemos visto aquí es que los legisladores y el Congreso no tiene ningún problema con salvaguardar este sistema ilegal de trabajo indocumentado para mantener la prosperidad de las empresas estadounidenses”, dice Jeremy McKinney, miembro del Comité ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Según un informe publicado en 2018 por el Departamento del Trabajo, en 2015 y 2016 el 49 por ciento de todos los trabajadores agrícolas en Estados Unidos eran inmigrantes que no tenían un permiso de trabajo.
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Para dar empleo a esos trabajadores, que en muchos casos dejan atrás a su familia y a sus redes de apoyo, los empleadores deben proporcionar servicios sociales básicos, lo que hace que se involucren aún más en la vida de sus empleados indocumentados, en formas que complican la negación plausible.
El 15 por ciento de los trabajadores agrícolas dijeron vivir en tierras que son propiedad o estar administradas por su empleador, según se afirma en el mismo informe. Los trabajadores agrícolas migrantes, definidos como una persona que viajó más de 75 millas (120 kilómetros) para encontrar un trabajo, tenían casi tres veces más probabilidades de habitar en viviendas proporcionadas gratuitamente por el empleador.
“Los empleadores los alojan, les dan transporte, y realmente facilitan la capacidad de la fuerza de trabajo para laborar”, dice el exoficial de HSI. “Reciben una paga insuficiente, tienen demasiado trabajo, y en muchos casos se les hacen deducciones a sus salarios, por lo que se quedan con pocos ingresos disponibles”.
Sin embargo, la inversión no es ningún acto de caridad. Cuando se le preguntó si el trabajo indocumentado era parte del modelo de negocios de la agricultura, el oficial respondió: “Absolutamente”.
SISTEMA AVERIADO, PROMESAS ROTAS
McKinney, el abogado de inmigración, destacó la injusticia percibida de un sistema que parece atrapar a los empleados, pero que pocas veces lo hace con aquellos que se coluden para darles empleo.
“Todas las partes interesadas de este sistema comprenden que el sistema migratorio estadounidense está descompuesto, y entienden que el aspecto de aplicación de la ley está descompuesto en relación con los trabajadores y los empleadores”, afirma McKinney.
“Sin embargo, muchas veces, no se aplica la ley en contra de los empleadores debido a que se piensa que, ‘oh, el sistema no funciona, el proceso es demasiado largo y las multas son demasiado pequeñas’.
Llegan a esa conclusión en relación con los empleadores y, sin embargo, están completamente dispuestos a tomar un sistema migratorio averiado y aplicarlo alegremente contra los trabajadores. No lo comprendo”.
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El exoficial de HSI coincide con este punto de vista y opina: “Muchas de las personas de HSI dirían que lo que tenemos no es un factor lo suficientemente disuasivo, y pienso que el gobierno actual piensa lo mismo”.
Mientras el gobierno averigua cómo resolver las presiones encontradas de la economía y las leyes de inmigración, los trabajadores agrícolas que proporcionan un servicio indispensable a los consumidores estadounidenses viven en el filo de la navaja.
Muchos inmigrantes cuyos familiares fueron capturados en las redadas de Misisipi aún buscan a sus seres queridos, de acuerdo con Amelia McGowan, abogada de alto nivel del Centro de Mississippi para la Justicia, que contribuyó a coordinar la representación legal de las familias afectadas.
Las redadas hicieron resurgir antiguos temores sobre las acciones de ICE en los lugares de trabajo, que se desencadenaron de manera más importante en 2006, cuando el organismo realizó redadas en seis plantas empacadoras de carne de Swift and Company en Oeste Medio, en lo que constituyó la mayor operación migratoria en un solo lugar de trabajo de toda la historia estadounidense. Las redadas de Swift, en las que se arrestaron a cerca de 1,300 trabajadores, siguen viviendo en la memoria cultural de la comunidad migrante, y salen a colación muchas veces en las discusiones con los abogados sobre la sostenibilidad del sistema actual.
Los inmigrantes afectados también están muy conscientes de la parcialidad de las prioridades del gobierno con respecto a la migración. McGowan señala que un hecho común era la forma en que los inmigrantes eran el objetivo evidente de las redadas, en lugar de sus empleadores.
“Muchas personas decían: ‘Nosotros apoyamos a estas empresas durante años, ¿y esto es lo que nos ocurre?’”, dice. “Sabían muy bien que ellos eran quienes serían capturados y no sus empleadores”.
En algunas circunstancias, las víctimas de una mala conducta por parte de un empleador pueden cooperar con ICE para dar testimonio sobre la posible complicidad de su empleador, a cambio de ciertas consideraciones para obtener una condición legal. Sin embargo, muchas personas no piensan que el gobierno actúe de buena fe. De hecho, ICE realizó recientemente la orientación “para hacer que sea más fácil deportar a las personas” que decidan cooperar como víctimas de delitos en otros ámbitos, señaló McKinney.
“Esas personas dieron la cara para cooperar con las autoridades para reportar un delito, y supuestamente obtendrían la protección de la ley, lo cual no ocurrió. ¿Por qué?”, pregunta. “Es porque el gobierno cambió. En relación con el empleo, tratamos de proporcionar testigos a HSI, pero yo solo he podido lograr que una persona declare, porque todos temen salir de las sombras y exponerse, únicamente para ser arrestados”.
La suspicacia y la paranoia se extendieron rápidamente después de las últimas redadas, desestabilizando una situación que ya de por sí era frágil. McGowan afirma que las personas “escuchan rumores sobre vehículos de ICE” en patrullas, y ahora los residentes “se encuentran en alerta máxima”.
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“Definitivamente, existe la preocupación de que pronto ocurran más redadas”, afirma McGowan. “Las personas han dicho que viven en un estado de aprehensión perpetua. Parte de ello se debe simplemente a lo desconocido. Eso es lo más grande, lo desconocido”.
Pero, al parecer, este miedo lo tienen principalmente los trabajadores inmigrantes que trabajan en las plantas y atienden las granjas. Sus empleadores pueden seguir adelante, alentados por un largo y sinuoso sistema de justicia que les permite tener un debido proceso del que carecen aquellos a quienes contrataron.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
