Aquí sí pasa algo. En tan sólo el primer semestre del 2019 en Aguascalientes se han denunciado 153 casos de violación, un delito que de un año a otro ha registrado un incremento del 47 por ciento.

Las cifras son aterradoras y mientras que en el 2015 se denunciaron ante autoridad ministerial (de acuerdo a datos de la herramienta ciudadana Semáforo Delictivo y su base de datos fundamentada en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública) un total de 125 casos durante todo el año, en el 2019 a tan sólo seis meses (enero-junio) se rebasó la incidencia con un total de 153 denuncias.

Mayo fue un terrible ejemplo de la          problemática que enfrenta Aguascalientes, en este mes se denunciaron en total 31 casos, uno por día en promedio, esto, sin contar la cifra negra que tan sólo por este ilícito, se estima que se ubica en un 71 por ciento, es decir, por cada delito de esta naturaleza existen al menos siete que no se denuncian.

Mujeres, niños, niñas, hombres.. la violación no reconoce características únicas en sus víctimas, sin embargo, las mujeres y los menores de edad son los sectores más atacados sexualmente.

Es esta la realidad que enfrenta Aguascalientes, mientras que no existen políticas públicas certeras para la creación de espacios seguros, para la prevención y mucho menos, para la atención integral a las víctimas.

La violación sigue siendo delito en rojo, en máxima alerta en este territorio y en todo el país.

México es una nación en la que se reportan ante autoridades entre ocho y nueve violaciones sexuales por día, pero en la que se estima que se cometen siete veces más este tipo de atentados contra toda dignidad humana y simplemente, no existen denuncias al respecto.

Las voces feministas se escuchan, las condenas sociales a la lucha legítima se duplican y la sociedad se enfrenta entre sí sin reconocer que sólo existe un enemigo en común: la impunidad, violadores que siguen su camino como si nada ocurriera ya.