El presidente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, se dijo dispuesto a que se realicen auditorías a las finanzas de los centros de educación inicial (CENDIS) que pertenecen a asociaciones civiles afines al partido político, a fin de transparentar la aplicación y administración de los recursos.
“Estamos a favor de que se auditen también nuestras instituciones, a efecto de que una auditoría integral que no solamente signifique auditar al personal que cubra el perfil profesional que cada puesto exige, sino también que estén en su puesto de trabajo y se audite en relación a los aspectos materiales y de funcionamiento”.
De visita por Aguascalientes, el dirigente se pronunció a favor de la regularización de los CENDIS, a fin de que se puedan otorgar plazas a los trabajadores de estos espacios, además de otorgarles otras prestaciones económicas y seguridad social.
“El proceso de regularización de los CENDIS es muy sencillo, queremos las bases para los trabajadores y sus prestaciones de ley, eso es lo que queremos (…)”, aseveró.
Puso como ejemplo, los trabajadores de CENDIS en Monterrey, Nuevo León, en donde algunos tienen casi 30 años de antigüedad laborando en dichos centros, sin que hasta el momento tengan acceso a su base.
“En el caso de Nuevo León hay gente de 28 años de servicio que todavía no tienen derecho a la base, ni a sus prestaciones de ley, ni a estar amparados por una institución de seguridad social, como lo marca la Constitución y lo obliga la Ley Federal del Trabajo”, mencionó el presidente nacional petista.
De acuerdo al diario Reforma, el gobierno federal habría autorizado una partida presupuestal de 800 millones de pesos para la operación de los CENDIS en el próximo ciclo escolar.
Lo anterior, luego de la aprobación de la nueva reforma educativa en el Senado de la República, la cual contempla la obligatoriedad de la educación inicial.
Alberto Anaya aseguró que el presupuesto para la operación de los centros no es otorgado de forma directa por la federación, sino que se da a través de un esquema por el que primero tiene que pasar por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y después por los gobiernos de los estados, negando que tengan acceso al manejo de los recursos.
“En el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprueba una partida que viene desde muy atrás, que es una partida dirigida a apoyar la educación temprana y de desarrollo infantil y se opera con lineamientos de operación específicos; esa partida llega a la Secretaría de Educación Pública, y de ahí la canaliza a los gobiernos de los estados, quiénes después las administran a través de sus secretarías de educación e institutos”, subrayó.
CENDIS ligados a lavado de dinero
En octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reveló una red de desvíos de recursos por 100 millones de pesos en la operación de 17 centros de desarrollo infantil (CENDIS) en Nuevo León, los cuáles pertenecían a asociaciones civiles pertenecientes a María Guadalupe Rodríguez, esposa del presidente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez.
Otro implicado en la investigación fue el presidente estatal del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, a quien se le habrían detectado transferencias presuntamente ilícitas por 12 millones de pesos a una cuenta bancaria. Derivado de esto fue detenido en la Ciudad de México, y posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, el cual llevó en libertad.
Durante ese tiempo se congelaron las cuentas bancarias de los CENDIS hasta que concluyera la investigación, misma que derivó en la absolución del dirigente estatal petista en septiembre de 2018, al no encontrar elementos que acreditaran su culpabilidad en el delito que se le acusaba.
