La falta de justicia y el incumplimiento al marco internacional de derechos humanos por parte del Estado mexicano ha normalizado las prácticas sexistas y la misoginia.
ROMPER EL SILENCIO con un “A mí también” sobre agravios enmudecidos —hasta por años— evidencia el fallo de los sistemas de justicia, y la falta de aplicación de tratados y convenciones internacionales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que fueron firmados y ratificados por México, los cuales son vinculantes y obligatorios desde la reforma constitucional de 2011.
La falta de justicia y de cumplimiento al marco internacional de derechos humanos entraña, además, la normalización social de prácticas sexistas y misóginas. “El acoso sexual no es normal, se debe prevenir y eliminar en todos los ámbitos de la sociedad. Es importante denunciar”, ha dicho la representación en México de ONUMujeres a través de sus redes sociales.
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Desde 1975 está la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En 1994 se adoptó La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención Belém Do Pará y, en 1995, la Declaración de Beijing.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, en su artículo 2 señala:
“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.
Muchas de las situaciones expuestas en el #MeToo mexicano denotan abuso de poder en las relaciones laborales. En este sentido, la Convención de Belém do Pará, en su artículo 6 mandata que los Estados deben prevenir, sancionar y erradicar esas formas abusivas: “El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.
El movimiento #MeToo evidencia las omisiones del Estado y su insuficiencia para actuar. Los instrumentos internacionales han hecho énfasis en los cambios culturales necesarios para combatir la violencia de género, los cuales se manifiestan en la violencia estructural de un Estado que ha sido incapaz de generar políticas justas frente a la deficiente aplicación del derecho.
La abogada María Eugenia Solís García, jueza ad-hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como experta en justicia para las mujeres, explica: “A escala normativa hay códigos de ética, reglamentos internos, existe no solo esta Convención (Belém do Pará), están las leyes contra la violencia en todos los ámbitos, el laboral o escolar. El estándar internacional dice que el dicho de una víctima de violencia sexual vale, lo que ella diga se le tiene que creer”, y así está estandarizado a escala mundial, señala, pero en la práctica, “cuando se trata de nuestra sexualidad, no se cree, en el acoso no nos creen, en el abuso no nos creen, en todo de carácter sexual no nos creen, el dicho nuestro no vale”.
Así que “no es la falta de normas, yo creo que es la vigilancia, y creo que es porque no hay una cuestión preventiva”.
El movimiento #MeToo “es un grito de cientos de mujeres hartas de las violencias, discriminaciones y abusos de poder que han vivido por parte, principalmente, de conocidos: parejas, empleadores, compañeros de trabajo… Ha sido la vía que han encontrado estas mujeres para denunciar, ya que hacerlo por la vía institucional es materialmente imposible”, dice la abogada Karla Michel Salas, quien litigó en instancias internacionales el emblemático caso “campo algodonero”, hoy referencia internacional en justicia con perspectiva de género.
Salas, Premio Europeo de Derechos Humanos 2010, explica que México, a pesar de ratificar los tratados internacionales, “ha incumplido con la obligación de establecer mecanismos eficaces para que las víctimas de violencias como el acoso y hostigamiento sexual puedan denunciar, y sobre todo que esas denuncias sean investigadas con seriedad, las víctimas sean respetadas en su dignidad, los agresores sean sancionados y obligados a repararles el daño”.
“TODO NUESTRO APOYO”: ONU MUJERES
“Muy importante romper el silencio. Ninguna tolerancia a la violencia y acoso sexual en ningún ámbito de la sociedad. Todo nuestro apoyo”, escribió @ONUMujeresMX el pasado 25 de marzo, cuando el #MeToo se volvía tendencia.
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La abogada María Eugenia Solís, quien es experta en justicia de género para la Corte Penal Internacional (CPI), opina sobre el movimiento que es “sumamente valiente, valioso, frontal, le va a dar a las personas esa sensación de qué está pasando a escala general, no importa el ámbito donde usted esté, laboral, artístico, cinematográfico. No importa el ámbito, en todos los niveles existe esa violencia. La gente guarda silencio, ¿y por qué lo guarda? Porque también es importante contextualizar por qué la gente se lo calla y es porque hay poderes atrás”.
Solís, quien formó parte de Caucus de Mujeres por una Justicia de Género, el cual logró que el Estatuto de Roma de la CPI tuviera la perspectiva feminista, habla de la importancia que para una víctima de acoso o abuso tiene el manifestarlo:
“Lo primero es que las víctimas nos sentimos responsables de lo que pasó, y lo segundo en importancia es que no nos creen. Si yo llego al ministerio público y les digo que me robaron el carro con pistola me creen, pero si yo digo que me violaron no me creen. Todo lo que tenga que ver con la sexualidad de las mujeres no se les cree. Y la prueba es que cuando usted presenta una denuncia, el dicho de la mujer tiene que ser corroborado con el examen psicológico, con el examen medico, con el forense, ADN… diez mil mecanismos”.
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Para el caso mexicano, la abogada Salas refiere que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que estima la cifra de delitos ocurridos en el país pero que no son denunciados, “en el caso de los delitos sexuales, se ha determinado que la cifra de delitos no denunciados es del 94 por ciento”. A partir de esa cifra, y la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha calculado que en México se cometen 600,000 delitos sexuales anualmente.
De esos casos, dice, “la mayoría de las víctimas son mujeres, donde los agresores generalmente son los conocidos de las víctimas, y donde el común denominador es el maltrato a las víctimas, la falta de respuesta institucional y la impunidad. Por eso, #MeToo se ha convertido en la válvula de escape para que las mujeres muestren su indignación y señalen a los agresores. Frente a un Estado indolente que no ha dado una respuesta seria y contundente que permita dar cumplimiento a lo que se comprometió a escala internacional”.
Visibilizar las situaciones, explica la abogada Solís García, es parte de que se reconozca la problemática y “resuene de mucha más manera”.
Que resuenen los casos “es muy importante, porque la gente está diciendo y sigue sucediendo y en todos los niveles. Hay una voz que esta sonando, y sonando y sonando, hay que creer, no es solo la vecina que se queja, o un caso allí aisladito, sino sistemático. Esa sensación de que está generalizado es lo que provoca que en las redes sociales se discuta ese tema, de verdad no hay ámbito que esté libre de eso”.
—¿En qué radican las soluciones?
—Está bien en meter a las instituciones de justicia, hay que meter a las instituciones, pero a mí lo que más me preocupa es que no estamos haciendo prevención. El tema de las mujeres está despolitizado, qué quiere decir eso, se trata de llevar a juicio, pero no está el cuestionamiento de poder que está atrás. Se trata de ministerios públicos, leyes, protocolos. De que, en la crianza, niños y niñas crezcan en igualdad, porque la violencia tiene que ver con patrones culturales.
“Pero mientras no se toque eso no se avanzará. Lo que tenemos que hacer es darles resonancia a las violencias, pero a las causas por las cuales eso sucede, porque no se está hablando de esos patrones que las provocan, esas pautas de crianza, y de todos esos estereotipos que nos tienen inferiorizadas”.
—¿Qué recomienda a las víctimas?
–Que lo hable, que lo plantee, que llame a más mujeres que fueron acosadas y no se atrevieron, que lo digan para que otras se atrevan, porque los acosadores reinciden, repiten, son prácticas que tienen muy arraigadas y como [las víctimas] no se quejan, pues siguen haciéndolo.
