Más de 2,000 denuncias de acoso se mencionaron hoy en el Foro #MetooMx realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. “Ya basta de tanta impunidad, ya basta de programitas mediocres. Es preocupante que desde hace 30 años que logramos poner en la ley el delito de acoso y hostigamiento sexual, nos sigan tratando igual”, gritó a viva voz Patricia Olamendi, integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el auditorio Digna Ochoa.
Las pocas mujeres que se acercan a denunciar no tienen respuesta favorable, insistió. Es preocupante que digan que tienen que denunciar porque, al no haber respuesta, se convierte en violencia institucional ante un Estado omiso. El sistema de justicia les ha negado eso [la justicia], denuncia Olamendi.
El Foro #MetooMx estuvo dividido en dos partes. Primero, se analizó el marco legal para denunciar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Segundo, se presentó la sistematización de las denuncias hechas a través de Twitter en las diferentes cuentas del movimiento Metoo México. Al terminar los trabajos del Foro, se leyó una declaratoria en la que las representantes denunciaron amenazas al propio foro y a las cuentas del movimiento. “Recibirán su merecido”, les dijeron.
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Las mujeres del movimiento #MetooMX pusieron como plazo el lunes 6 de mayo, a las 10 am, para que las autoridades informen sobre las acciones que van a realizar en cumplimiento de sus obligaciones ante la violencia de género.
En concordancia con lo que mencionó la también ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, quienes forman parte del movimiento dijeron que hasta ahora son excepción las autoridades que han dado una respuesta efectiva y oportuna para garantizar los derechos de quienes han denunciado y quienes están sufriendo represalias.
Las declaraciones y creación de mecanismos formales que no traen resultados efectivos sólo abonan a la simulación y son, en sí mismas, un incumplimiento de obligaciones, sostuvieron.
Además, aseguraron que la respuesta pública y general ha sido de descrédito a lo testificado, se ha cuestionado la legalidad y legitimidad de quienes acompañan y facilitan estos espacios de señalamiento, se han posicionado comentarios de odio y maldiciones en contra, no sólo de quienes valientemente pusieron fin a silencios, sino también a quien habla en apoyo a ellas.
La confidencialidad y la ley
Al respecto, la abogada feminista Andrea Medina Rosas dijo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia plantea la confidencialidad de quien denuncia. “La ley nos respalda porque reconoce que estamos en una situación de discriminación y eso nos pone en riesgo”.
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Mientras leían su declaratoria, las mujeres que son parte del movimiento afirmaron que las personas que han publicado su testimonio sobre actos de violencia han sido principalmente mujeres, pero también algunos hombres. “Quienes han sido señalados como responsables de esos actos de violencia han sido principalmente hombres. En todos ellos se leen conductas y omisiones que constituyen actos de violencia de género -en particular contra las mujeres- que ya están reconocidas y definidas en la normatividad vigente tanto laboral, penal como administrativa”.
La exsenadora Angélica de la Peña insistió en que sí existe un marco legal para la exigibilidad de derechos. Lo que se debe hacer, aseguró, es poner en funcionamiento lo que está ahí. “Ya no hay que darle más vuelta al problema, ya nos tronó en México, que no se excluya a nadie. Lo que ha zarandeado el movimiento #MetooMx es que está inscrito en un problema fundamental y estructural”.
Las especialistas en el marco regulatorio mencionaron diferentes leyes a las que podría recurrir una mujer que ha sufrido diferentes tipos de violencia. Se habló desde convenciones internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) hasta la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Víctimas y La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
El estado de las denuncias
La artista Lorena Wolffer dijo que las que habían ocupado el estrado lo hicieron como integrantes del movimiento porque muchas tuvieron miedo de salir. “Nos dimos cuenta que nos estaban hablando de represalias tanto de quienes sufrieron como de quienes acompañan y de quienes administran las cuentas”.
La artista quien ha plasmado una visión de género en su obra afirmó que se acercaron muchas otras mujeres que no denunciaron, pero que trabajaban en escuelas, preparatorias, universidades públicas y privadas como el Tecnológico de Monterrey y el ITAM. Se trató de recopilar todo, comentó.
La sistematización de los datos da cuenta de que las empresas privadas casi no tienen protocolos de actuación en contra del acoso, mientras que las públicas sí los tienen, pero no los aplican o están desactualizados.
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Las estudiantes de la UNAM acusaron que se invalidaron sus denuncias. Incluso, dijeron, a un maestro se le encubrió y se le mandó a Argentina. Tenía tres denuncias. Las estudiantes del ITAM se quejaron de que las víctimas fueron agredidas y que las exponen. Permiten, afirmaron, que los acosadores convivan libremente por los pasillos y a las víctimas les piden ser discretas.
Hasta el último corte, la cuenta con mayor número de denuncias era la de agencias de publicidad con más de 600 denuncias. Le seguía la de académicos con 350, luego la de periodistas con 329, escritores 194, teatro 179, música 148, artes 143, creativos 134, activistas 59 y danza 15.
