La propuesta contra la inseguridad que planteó el candidato a la alcaldía de Tijuana, Arturo González Cruz, es absolutamente ambigua, consideró Gonzalo Manrique, académico de la Universidad Ibero en Tijuana.

La oferta del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California fue en una reunión con ex policías municipales  para mejorar las condiciones de la corporación y buscar una estrategia de recuperar la seguridad.

“Se fortalecerá a los elementos policíacos con mejor equipo, capacitación y mejor coordinación, que los haga sentirse seguros, para que se la jueguen por la seguridad de los tijuanenses”, dijo el aspirante a presidente municipal en un comunicado de prensa.

Pero Manrique, especialista en temas de seguridad pública, tiene dudas sobre el planteamiento de González Cruz.

“Me extraña que ni siquiera siendo el candidato de Morena proponga algo más específico con la Guardia Nacional”, comentó.

Opinó que faltan respuestas para necesidades como la falta de unos dos mil policías, los detalles de la coordinación a la que se refiere el candidato, y en la capacitación, el Sistema Penal Acusatorio.

Aunque en realidad urge conocer las verdaderas capacidades de los policías, de acuerdo con la revisión que el año pasado hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de los casi 5 mil millones de pesos que gastaron 300 municipios para reforzar sus cuerpos policiacos.

El informe del presupuesto ejercido en 2017 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), indicó que apenas fueron evaluados 13 mil 574 (4%), de los 338,343 elementos en activo ese año en México; el 75.4% (10,231) aprobó, y el 24.6% (3,343) no aprobó.

La ASF dijo que las pruebas fueron sobre competencias básicas como armamento y tiro policial; acondicionamiento físico y defensa; conducción de vehículos policiales; detección y conducción de personas; manejo de bastón y operación de equipos de radiocomunicación.

Y ubicó a Baja California entre los estados del país que menos programas de capacitación validó conforme a la Ley Nacional de Seguridad Pública: entre 50% y 80%, junto a Baja California Sur y Chihuahua.

“La entidad fiscalizada informó que, si bien se lleva a cabo la revisión de los programas, los municipios son los responsables del contenido y desarrollo de la capacitación que se imparte”, dijo el órgano fiscalizador.

Gonzalo Manrique recordó que uno de los esfuerzos por mejorar las condiciones de la policía tijuanense es la acreditación de Calea (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.), en EUA.

Aunque no vio mal que la ciudad no cuente aún con esa acreditación que pide una importante inversión de recursos públicos y debe renovarse periódicamente, añadió que es importante aspirar a certificaciones como ésas en el largo plazo.

“No me atrevería a descalificarla porque creo que es la parte más noble de lo que se ha podido o tratado de hacer”, añadió el académico.