El cambio de paradigma que reconoce como sujetos de derecho a niñas, niños y adolescentes –y no como sujetos de protección– es un reto mayúsculo para la sociedad, afirma la secretaria Ejecutiva del Sistema local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Rosario Villalobos Rueda.
En entrevista, advierte que la perspectiva de infancia y las acciones para garantizar el ejercicio de derechos a este sector de la población, son recientes y por tanto, se encuentra en proceso de construcción.
Apenas en 2015, refiere, se aprobó la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito federal, y a partir de ese momento se puso en marcha el Sistema Nacional y los locales, que tienen por objeto promover y garantizar la observancia de los derechos de este grupo que representa el 30 por ciento de la población.
Indica que en Oaxaca el Sistema está conformado por un presidente (el gobernador Alejandro Murat), una secretaria Ejecutiva, así como 12 dependencias: las secretarías General de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Social y Humano, Salud, Asuntos Indígenas, Mujer Oaxaqueña, Sistema DIF, Instituto de Atención al Migrante, Coordinación de Derechos Humanos, Jefatura de la Gubernatura, Instituto de Educación Pública y Fiscalía.
Además de tener integrado a ocho autoridades municipales (una por región), cinco representantes de la sociedad (dos organizaciones, dos académicas y una del sector privado); cuatro niñas, niños y adolescentes; el Poder Judicial, el Congreso del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
A lo que se suman las dependencias que invita la propia Secretaría Ejecutiva, como la Dirección General de Población, la Procuraduría Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodenna), entre otras.
Mediante la participación de todas esas instituciones, indica, se coordinan acciones para poner en el foco de las políticas públicas el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como establecer medidas para garantizarles una vida libre de violencia, acceso a la salud, educación e incluso a la conectividad al internet.
La servidora pública refiere que en Oaxaca existe una política de transversalización de perspectiva de infancia, género y pueblos indígenas. Para la implementación de la primera –que es la que corresponde al SIPINNA– se destinó en este 2019 un presupuesto de 27 mil millones de pesos, la mayor parte para instituciones educativas.
Con los recursos, detalla, cada dependencia debe establecer estrategias que coadyuven al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, abatir sus desigualdades y reconocerlos como sujetos de derecho.
Para que esto se concretice, el Sistema ofrece diversos tipos de orientación, capacitación y comunicación permanente.
Uno de los problemas que han encontrado se encuentra en la puesta en marcha de los Sistemas municipales, mismos que podrían llevar a cabo diagnósticos sobre salud, educación y detectar cualquier problema en este sector.
Villalobos Rueda reconoce que existe todavía un desconocimiento de las leyes, normas y protocolos que garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca, además de requerirse una revisión a las leyes ya existentes.
Lamenta que el Congreso de Oaxaca carezca de una Comisión específica para la revisión de iniciativas referentes a niñas, niños y adolescentes, ya que actualmente cuenta con la de Grupos Vulnerables. Pero, afirma, esto no detiene el trabajo del SIPINNA que realiza un análisis y replanteamiento de las normas vigentes.
El reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho llevará tiempo, sin embargo es fundamental trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones autónomas y de la administración pública, así como desde todos los niveles de gobierno para que en un futuro se logre disminuir los casos de violaciones infantiles, abuso sexual y cualquier tipo de violencia, concluye.
