La liberación de Rosalío Joel M. P., presunto asesino de Juan Ontiveros Ramos, activista rarámuri y defensor de los recursos naturales en la Sierra Tarahumara, fue otra mala noticia para la comunidad de Choréachi, pues parece una muestra más de la impunidad que priva en aquella región donde la seguridad no los alcanza, ni la energía eléctrica, tampoco las carreteras.
Ni siquiera la señal telefónica que se supone forma parte del protocolo de seguridad, como el que debía haber funcionado para Juan Ontiveros, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo, detractores de la tala ilegal y quienes fueron asesinados entre 2017 y 2018 en poblados vecinos del municipio de Guadalupe y Calvo.
La de Choréachi, era la de Juan Ontiveros, con una población de aproximadamente 800 habitantes, donde él daba seguimiento a un largo historial de defensa de su territorio, una defensa que incluía conflictos por los límites de sus tierras con localidades vecinas y la constante lucha para detener la tala y depredación de los recursos naturales de la zona.
La historia de esa área ha cobrado, de hecho, la vida de varias personas y la violación constante de los derechos humanos. Fueron las muertes de los líderes Jaime Zubia Cevallos y Socorro Ayala, ocurridas en 2013, lo que hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volteara sus ojos hacia esa comunidad y dictara en 2014, una medida cautelar histórica para proteger a varios integrantes de la comunidad.
La recomendación no acatada por el gobierno mexicano, desde entonces y a la fecha, ha sido ingrediente para que los hechos de violencia continuaran cobrando vidas como la de Juan Ontiveros Ramos, asesinado el 31 de enero de 2017, cuando regresaba de la capital de Chihuahua, tras participar en una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría General de Gobierno del Estado y otras instituciones.
Les hizo saber de las amenazas y el hostigamiento del cual era víctima, pero no recibió protección, más que la entrega de un teléfono celular para que diera aviso a las autoridades si estaba en peligro. No tenía señal el día de su crimen.
El caso volvió entonces a la CIDH y se sumó al ataque perpetrado dos semanas antes en contra de Isidro Baldenegro, el 15 de enero de 2017 en la población de Coloradas de las Vírgenes del mismo municipio.
La Comisión revisó los hechos y volvió a pedir al Estado Mexicano que implementara las medidas de protección que ya habían sido dispuestas, y adoptar, de manera inmediata, otras acciones necesarias y destinadas a proteger y garantizar el respeto a la vida y la integridad personal, en favor de los integrantes de la comunidad.
Solicitó además, que el Estado presentara a más tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas y un diagnóstico sobre la situación actual de riesgo en esa localidad e informar a la Corte cada tres meses sobre medidas provisionales adoptadas.
Asociaciones como Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) se unieron entonces con el Gobierno del Estado acudiendo en diciembre de 2017 a visitar la comunidad para recabar información y realizar entrevistas con los habitantes de Choréachi, e integrar el diagnóstico solicitado por la Corte Interamericana.
A decir de la coordinadora del CEDEHM, Ruth Fierro, a la fecha no se ha entregado el diagnóstico completo por parte de gobierno, ni se han implementado medidas cautelares como rondines de los cuerpos de seguridad y un Ministerio Público itinerante que acuda a recibir las demandas o quejas de los habitantes de la zona.
Apenas el 12 de abril pasado, la Fiscalía General presentaba a Rosalío Joel M. P. como el presunto asesino de Ontiveros Ramos y una semana después, la jueza Romelia Martínez Badillo dictó la no vinculación a proceso del imputado y por lo tanto, su liberación al considerar que no se contaba con los elementos necesarios para inculparlo.
La noticia no sólo representa un revés para la Fiscalía, quien aseguró que apelará la resolución, sino para los habitantes de Choréachi –puntualizó Ruth Fierro—, un grave riesgo por temor a represalias y la pérdida de esperanza en la justicia.