*Testimonios débiles, al parecer la causa, apunta Néstor Armendáriz
Todo apunta a que fueron los testimoniales que la Fiscalía presentó, los que ‘tumbaron’ el caso contra el presunto homicida del activista rarámuri, Juan Ontiveros.
Entrevistado al respecto, Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dijo que ya solicitó una copia de la resolución a fin de conocer los elementos presentados por la Fiscalía en contra del acusado y evaluar la manera de intervenir en el caso.
El Ómbudsman indicó que desde el jueves pasado que se dio a conocer la resolución de la jueza de Control, la Comisión solicitó una copia de la resolución para analizar detenidamente cuáles fueron los motivos que consideró Romelia Martínez Badillo para no procesar a Rosalío Joel M. P.
“Le vamos a dar seguimiento porque si bien es cierto, que fue la juez quien dictó la no vinculación, tenemos que analizar la actuación de la autoridad ministerial; si la fiscalía o el ministerio público integró adecuadamente el expediente”. De la información que tenemos hasta ahora, agregó Armendáriz Loya, es que se basó mucho en testimoniales y algunos testigos de oídas, realmente había muy poco que señalar abiertamente, pero hay que ver si se hace la prueba circunstancial o no y advertir si se hizo un reconocimiento de persona, si hay testigos presenciales y algunas otras cuestiones.
Por el momento, la CEDH permanecerá a la espera de la respuesta de la juez a la apelación que ya promovió la Fiscalía y en caso de detectar alguna irregularidad u omisión en el expediente, buscará la manera de intervenir.
Néstor Armendáriz señaló que este y otros casos de violaciones de derechos en perjuicio de activistas en las comunidades de la Sierra Tarahumara, es importante contar con mecanismos de protección para estas personas y que dichos mecanismos se encuentren dentro del marco de la ley.
“Donde podemos influir directamente, es en pugnar los protocolos de protección a defensores civiles, mas aún si son miembros de comunidades indígenas que se consideren en situación de vulnerabilidad y su papel de activista, los coloca en doble riesgo, sería conveniente una ley”.
