En Salamanca, la ciudad de Guanajuato que ocupó los titulares de medios nacionales e internacionales por la masacre de 15 personas en un centro nocturno a principios de marzo pasado, la guerra entre grupos criminales ha llegado a niveles que no se ven ni en situaciones de guerra declarada, al verse violentado un cuerpo de auxilio como la Cruz Roja, que ha decidido suspender actividades en ese lugar.

La delegación de la Cruz Roja del municipio de Salamanca cerró sus puertas desde la noche del sábado y hasta nuevo aviso. Argumenta que no hay condiciones de seguridad para el personal, luego que sujetos armados interceptaron a paramédicos y con el consentimiento del lesionado que trasladaban, se lo llevaron, después recibieron amenazas telefónica en las instalaciones.

Esta es la primera medida extrema de ese tipo en el año que toman las unidades de auxilio en el estado de Guanajuato, ante la violencia que cada día crece, junto con el número de víctimas: Salamanca en lo que va del año ha registrado 183 asesinatos, en enero 39, febrero 61 y marzo 69, dieciséis de estos se dieron en el ataque en el bar “La Playa” cuando sujetos armados atacaron a clientes y empleados. En lo que va del mes de abril se han registrado 14 muertes.

Mientras esta situación se vive en las calles, a nivel político Beatriz Hernández y Diego Sinhue Rodríguez, alcaldesa de Morena y gobernador del PAN, se han tardado más de seis meses en ponerse de acuerdo para una agenda mínima que coordine esfuerzos contra la violencia que padece la zona. A la situación no le ha aydado tampoco la presencia de fuerzas federales, gestionadas por la alcaldesa directamente en la ciudad de México.

A nivel estatal el gobernador se ha mostrado reacio a abordar el tema de la inseguridad y se escuda en una vocería creada en los primeros meses de su gestión y en la autonomía de la fiscalía general del estado, para eludir lo que ya es el mayor reclamo de los ciudadanos de la entidad.

El anuncio más importante en la semana que pasó, por parte del gobierno estatal, fue la asignación de seis autos deportivos de lujo, decomisados al crimen organizado, a las Fuerzas de seguridad del Estado en calidad de “superpatrullas”. El anunció provocó críticas en redes sociales pero también el ofrecimiento de un piloto profesional de rallies, Benito Guerra, para capacitar a los conductores. Mientras la violencia y la elevación del número de muertos, no merecían comentario alguno de los altos funcionarios del estado.

En #Gto los policías y el piloto ⁦@BenitoGuerra⁩ se divierten jugando a los arrancones, mientras la ola de inseguridad arrecia. #quenecesidad pic.twitter.com/mGmj0lmNSG

— Arnoldo Cuéllar (@arnoldocuellaro) 12 de abril de 2019

Salamanca, campo de batalla de cárteles

La pelea entre los cárteles delincuenciales por la plaza tiene más de 4 años, pero en los últimos dos se ha acrecentando, incluso 2018 fue el año más violento en la historia del estado de Guanajuato, en la era de Miguel Márquez Márquez se excusaba porque los delitos le correspondían al fuero federal, a “la puerta giratoria”, a la portación de armas de fuego, entre otras, y se construyó la base para la brigada militar, donde se prometió la llegada de 3 mil 500 policías militares, el total de estos oficiales nunca llegaron y los resultados aún se siguen esperando.

Desde su llegada a la gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha evitado a toda costa hablar de la inseguridad que viven los guanajuatenses, a pesar de que prometió “un golpe de timón” y lo único que han recibido los ciudadanos es un operativo en Santa Rosa de Lima denominado “Golpe de Timón” donde confiscaron joyas, autos de lujos y dinero en efectivo, autos que ahora utilizarán los policías estatales para vigilar solo carreteras y el municipio de León.

A la fuerza formada por policía militar, policías federales y gendarmería, se sumó la Marina.

En los últimos 6 años, a decir del propio Rodríguez Vallejo, las fuerzas municipales de Guanajuato han decrecido de 8 mil 500 policías municipales a 5 mil 700.

Amenazas contra una institución neutral

La noche del sábado, a solicitud del 911, los paramédicos de Cruz Roja acudieron atender a un herido de arma de fuego cerca del tristemente célebre bar “Las Playas”: en la vía pública encontraron a un hombre lesionado en el interior de un automóvil, por lo que subieron a la víctima a la ambulancia y cuando lo trasladaban a un hospital para que recibiera atención médica, se percataron que ninguna patrulla de seguridad pública los escoltaba y en cambio eran perseguidos por hombres en un automóvil, mientras el lesionado con amenazas les exigió lo bajaban de la unidad. Los sujetos armados se lo llevaron.

Los paramédicos regresaron a la delegación ubicada en el bulevar Faja de Oro y comenzaron a recibir llamadas telefónicas donde los amenazaban, ante ello solicitaron el apoyo a seguridad pública para que resguardara las instalaciones, pero presuntamente la respuesta de la autoridad fue “que eso no era posible”.

Bajo este contexto sostuvieron una reunión con consejeros de la benemérita y determinaron no realizar servicios de emergencias y que el personal abandonara las instalaciones para garantizar su integridad, determinando que a partir de este sábado no realizarán ningún servicio de emergencia ni consulta médica en el inmueble y este permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

En redes sociales de la Cruz Roja informaron primero que el personal es ajeno a los conflictos y las actuaciones del personal son neutrales, más tarde en la misma red social en un comunicado oficial informaron que del cierre de sus puertas hasta nuevo aviso.