La búsqueda de las más de 40,000 personas desaparecidas en México debe ser una “prioridad ineludible”, dijo el lunes la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
La expresidente chilena instó al gobierno mexicano a redoblar esfuerzos para acabar con las violaciones de derechos humanos, después de firmar junto con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, un acuerdo para que la ONU dé asesoramiento en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.
Bachelet lanzó “un llamado a todos a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible”, dijo Bachelet, frente a los padres de los 43 estudiantes.
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“Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un estado comprometido con los derechos humanos”, añadió Bachelet, víctima de tortura junto a su madre durante la dictadura de su país (1973-1990).
Su oficina en México “será una aliada que no dudará en contribuir para que se den los progresos y los avances necesarios” en las averiguaciones sobre el caso de Ayotzinapa, pero también “alertará de cualquier incumplimiento” por parte del gobierno mexicano, concluyó.
El caso de Ayotzinapa sigue sin resolver después de más de cuatro años del crimen.
La noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 jóvenes se encontraban en Iguala, Guerrero, a bordo de un autobús que fue baleado por policías corruptos y sicarios.
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Después todos habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar sus cenizas a un río. Sin embargo, esa versión fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, otros organismos y los padres.
Por su parte el canciller mexicano aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca “verdad y justicia” en todos los casos de desaparición.
Bachelet realiza una gira de cinco días en México que concluirá el martes con una conferencia de prensa en la que dará a conocer sus conclusiones tras reunirse con una amplia gama de víctimas derivadas de la violencia que azota al país.
Según el gobierno, se han descubierto 1,100 fosas clandestinas en la última década en México, y unos 22,000 restos humanos no han sido identificados.
En marzo, el izquierdista López Obrador anunció el lanzamiento de un sistema para buscar e identificar a los miles de desaparecidos.
Pero desesperados ante la falta de resultados en las investigaciones oficiales, los familiares de personas cuyo paradero se desconoce organizan periódicamente sus propias búsquedas y excavaciones en cerros y pastizales guiados por pistas que ellos mismos obtienen.
