La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la recomendación 15VG/2018, por las violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la salud, cometidas contra las más de 600 víctimas del caso Ayotzinapa, y acusó vínculos entre funcionarios públicos y criminales que propiciaron y permitieron la desaparición de los estudiantes.
Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló durante la presentación de la recomendación que “diversas autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en diversas ocasiones”, pues no se investigó entonces, ni ahora, la omisión o tolerancia de servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, ante el caso de las desapariciones.
Acerca del vínculo entre autoridades y criminales en el estado, el ombudsman refirió que “la verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”.
“(También) la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno”, dijo.
“Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.
De acuerdo con la CNDH, los jóvenes desaparecidos, los jugadores del equipo Los Avispones de Chilpancingo, sus familiares y los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron víctimas de violencia institucional, que atenta contra sus derechos humanos, debido a las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar su acceso a la verdad y la justicia.
“Las violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tienen amplios, profundos y diversos efectos, ya que alcanzan al total de la sociedad”, señala el organismo.
En la recomendación, la CNDH explica que la crónica e histórica “violencia estructural” que han enfrentado los habitantes del estado de Guerrero propició el surgimiento de tensión social, criminalidad y confrontación, lo que contribuyó a la ocurrencia de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, donde 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada.
Desde el 27 de septiembre de 2014, el personal de la CNDH inició una investigación sobre lo acontecido, que permitió identificar manifestaciones traumáticas en las víctimas, como malestares físicos, emocionales, económicos y sociales.
Entre las autoridades a las que se dirige la recomendación se encuentran la presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de Guerrero, y el ayuntamiento de Iguala, Guerrero.
El documento también se dirige a la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Función Pública, el Secretario de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al gobierno de Guerrero y al ayuntamiento de Cocula.
#Ayotzinapa
"No se ha investigado omisión o tolerancia de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno. Pese a advertir que algo muy grave sucedía en #Iguala, en perjuicio de los normalistas, no dieron parte a MP y ni ordenaron intervención directa".#OmbusmanNacional pic.twitter.com/Qzxw7dn6KX— CNDH en México (@CNDH) November 28, 2018
Los hechos que dieron pie a la recomendación, según la investigación de la CNDH, dejaron un mínimo de 685 personas afectadas directa o indirectamente, mismas que la Comisión pidió que sean reconocidas por la CEAV dentro del registro nacional de víctimas.
La recomendación también señala que las autoridades violaron el derecho a la igualdad ante la ley de las víctimas, con acciones u omisiones que transgredieron sus derechos, por la forma en que se enteraron de los hechos, y por la situación de impunidad que prevalece tras años de ocurrida la desaparición de los estudiantes, sin que se haya logrado conocer la verdad y obtener justicia.
De acuerdo con la CNDH las víctimas sufrieron violencia institucional por parte de las autoridades federales y estatales de Guerrero investigadoras y procuradoras de justicia, por la falta de información, la carencia de diligencias adecuadas y la revelación de información del caso a la opinión pública.
También documentó la desatención de las autoridades encargadas de reparar el daño, por la deficiente implementación de diagnósticos completos acordes a la magnitud de los hechos y sus impactos psicosociales.
Otro derecho violado fue el de la salud, por negligencia médica y omisión de atención, sufrida por las víctimas lesionadas en los ataques contra los camiones donde viajaban los estudiantes y los jugadores de Los Avispones de Chilpancingo, algunos de los cuales no recibieron el trato requerido acorde a sus necesidades de forma oportuna y adecuada.
Las recomendaciones
La CNDH pidió al presidente de la República girar instrucciones a las dependencias federales para que den cumplimiento a lo recomendado, y que brinde garantías de no repetición de hechos similares, y que ante el inminente cambio de gobierno, se incluya la Recomendación como asunto altamente prioritario, para que se garantice su oportuna respuesta y cumplimiento.
Al secretario de la Defensa Nacional, la Comisión recomendó colaborar ampliamente con el organismo, para investigar a elementos militares que en ejercicio de sus funciones tuvieron conocimiento de la probable existencia de diversos delitos, y no presentaron las denuncias penales correspondientes.
Asimismo, pidió que diseñen e impartan un curso integral dirigido al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos.
El organismo señaló a la Secretaría de Marina que debe instruir a sus trabajadores en el uso de cámaras fotográficas y de video, así como grabaciones de audio en los operativos que realizan, y que se les brinden cursos en materia de derechos humanos.
A la Secretaría de la Función Pública, la CNDH pidió continuar con la investigación de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en la investigación del caso Ayotzinapa, y capacitar a sus funcionarios para evitar conductas que constituyan irregularidades administrativas.
El organismo recomendó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la realización de un Diagnóstico Integral de todas las Escuelas Normales Rurales, para determinar sus necesidades de infraestructura, presupuestales y académicas, y que se designe un presupuesto programado progresivo para la Normal de Ayotzinapa.
También pidió que se generen políticas necesarias para retomar inmediatamente su rol de autoridad en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y que prohíban las “semanas de prueba” que violentan la integridad física de los jóvenes que aspiran ingresar al plantel.
La CNDH pidió a la SEP que lo ocurrido con el caso Ayotzinapa se incluya en los libros de texto gratuitos, con una versión que reivindique el derecho a la verdad y permita la más amplia difusión de los hechos y sus consecuencias sociales, culturales e históricas.
A la PGR, pidió que ante la próxima creación de la Fiscalía General de la República instruya que se incluya la recomendación en sus actas de entrega-recepción como un asunto prioritario, y que colaboren ampliamente en la investigación ministerial del caso.
De igual forma, le pidió investigar los hechos de tráfico ilícito de estupefacientes al interior de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la época previa al 26 y 27 de septiembre de 2014, y aclarar el motivo por el que no se investigó el quinto autobús implicado en la desaparición de los estudiantes.
La CNDH recomendó a la PGR continuar con las diligencias de búsqueda de los normalistas desaparecidos, capacitar a su personal en materia de derechos humanos e investigar a los agentes del Ministerio Público y peritos que practicaron deficientes diligencias y recolección de indicios en el caso.
Otros cursos que deberán dar a su personal son sobre procedimientos y protocolos para la recolección, levantamiento, preservación y traslado de indicios, así como de cadena de custodia.
Al Comisionado Nacional de Seguridad pidió iniciar procedimiento administrativo contra los funcionarios encargados de la “Estación Iguala” y la Policía Federal en Guerrero, e investigar a los uniformados federales relacionados con los hechos o con integrantes del crimen organizado.
También deberá capacitar a su personal en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.
Por su parte, recomendó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar una reparación integral del daño a los afectados y revertir los efectos de la victimización derivada de la violencia institucional.
Al IMSS e ISSSTE, la CNDH pidió investigar al personal médico que omitió dar atención médica oportuna a las víctimas que acudieron a atenderse en dichas dependencias, luego del ataque contra los normalistas.
El gobernador de Guerrero deberá llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el estado, impulsar el desarrollo de un memorial en honor a los normalistas desaparecidos y emitir una disculpa pública por las violaciones a derechos ocurridas.
A los ayuntamientos de Iguala y Cocula, Guerrero, pidió que fortalezcan su control policiaco, capaciten al personal en materia de derechos humanos y colaboren en las investigaciones que continúan en curso por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Consulta la Recomendación VG15/2018 en la página de la CNDH.
