Resultan evidentes los retrocesos democráticos por parte de la denominada Cuarta Transformación. Diariamente se observan decisiones polémicas que afectan la esencia de los derechos humanos. Un caso particularmente grave acontece en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas. Al respecto, destaca la última sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que acordó aplazar ocho meses la entrada en vigor del formato para la declaración patrimonial y de intereses, dejando vigente el viejo modelo Declaranet que permite a los integrantes del gobierno reservar información a su conveniencia. Esto aconteció a petición de la Secretaría de la Función Pública quien consideró que el formato que debía utilizarse —inspirado en la iniciativa #3de3 que buscaba reconstruir la confianza ciudadana en la clase política a través de la publicación simultánea de la declaración patrimonial, de intereses y fiscal— representaba un “reporte excesivo”. La decisión se tomó con la complicidad del presidente del INAI quien supuestamente integra ese Comité para representar los intereses de los ciudadanos.
También participaron el Auditor Superior de la Federación, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el representante del Consejo de la Judicatura, la recién nombrada Fiscal Anticorrupción y el presidente de una instancia autodenominada Comité de Participación Ciudadana. Esto contradice las promesas presidenciales de combate a la corrupción para lograr una eficaz rendición de cuentas y la transparencia de los sujetos obligados. El derecho a la información representa una herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos permitiéndoles acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en manos de entidades gubernamentales y empresas privadas que ejercen gasto público o desempeñan funciones de autoridad; permite conocer la acción gubernamental así como evaluar, controlar y supervisar a los servidores públicos.
El filósofo Noam Chomsky afirma que cuando la información es irregular y limitada, estimula la pasividad y el fatalismo. Ella es vital para la democracia en términos de transparencia, equilibrios de poder, ejercicio responsable del gobierno, participación ciudadana y legitimidad. Personas desinformadas son presa fácil de la demagogia y del populismo por lo que se requiere información continua y accesible para todos y rendición inmediata de cuentas. Recordemos las recientes contradicciones en que se vio envuelto el gabinete presidencial cuando algunos de sus integrantes omitieron declarar sus conflictos de interés e incluso sus bienes, mismos que posteriormente fueron ventilados por la prensa nacional. De este modo, se conoció de la existencia de lujosas propiedades en el extranjero y de otras riquezas que dichos funcionarios inicialmente intentaron ocultar.
La discrecionalidad con que se reserva la información en México facilita su manipulación en función de intereses ajenos a las necesidades del Estado democrático. Informar a medias genera dudas sobre el origen del patrimonio de los gobernantes. Existe una tendencia ancestral de los gobiernos para funcionar bajo la reserva y el secreto. La lucha del poder visible contra el poder invisible jamás concluye, porque este último se resiste al avance de la transparencia e inventa nuevas formas para esconderse. Nuestros problemas más relevantes son la impunidad y la corrupción, incluso por encima de la pobreza. Los delitos, faltas e infracciones que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. Ahora, buscando adecuarse a los nuevos tiempos, las instituciones dejan al ciudadano la onerosa tarea de informarse de manera oportuna.
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