La tarde del 22 de julio de 2014, Rosalía García García acudió al centro de Oaxaca a realizar compras. Comió hamburguesas con su nena de cinco años y su hijo de 20; camino a casa cantó una balada que sonó en la radio. El recuerdo de Humberto –un joven incansable en la búsqueda de justicia por el homicidio de su madre– es tan vívido que lo hace regresar a ese preciso instante: uno siempre se vuelve a los viejos sitios en los que amó la vida, y así retorna en evocaciones a esa tarde llena de alegría.
“Nunca nos imaginamos que horas más tarde un par de sujetos nos la quitarían”, asegura. Por la noche, mientras cerraba la puerta de su casa para ayudar a su mamá a bajar las cortinas de la tienda de abarrotes de la que era propietaria, escuchó las detonaciones de arma de fuego.
“Corrí y cuando llegué mi madre estaba consciente, me pedía que cuidara de mi hermana, que no la regañara, mi niña había visto todo, igual que mi abuela”, relata.
Rosalía contó que dos jóvenes llegaron al establecimiento alrededor de las 10:30 de la noche, le pidieron que les vendiera cerveza, pero ella estaba por cerrar así que les dijo que no. Los chicos tatuados y con vestimenta holgada aparentaron abandonar el local, pero regresaron y descargaron nueve tiros calibre 38 súper contra la mujer, de los cuales cinco dieron en diversas partes de su cuerpo.
Una ambulancia de la Cruz Roja la trasladó a la clínica Santa Anita, donde la operaron y días más tarde les pidieron a sus familiares que buscaran un hospital que tuviese terapia intensiva porque ellos carecían de equipo.
El sábado 26 de julio, a los 45 años Rosalía murió.
Desde esa fecha Humberto y sus hermanos han buscado justicia, a través de investigaciones realizadas por la propia familia encontraron al homicida: José Ramón Bautista Peña, un inmigrante ilegal que había vuelto a su natal Xoxocotlán luego de golpear a su esposa e hija en Estados Unidos de Norteamérica.
El inculpado también agredía constantemente a su propia madre y había sido detenido por un delito menor en ese municipio conurbado días después de haber disparado contra la señora Rosalía, por lo que estando en el penal de Santa María Ixcotel le fue ejecutada la orden de aprehensión por homicidio.
Han transcurrido casi cinco años, tiempo durante el cual las autoridades encargadas de la investigación no han detenido a la otra persona que participó en el ataque armado, ni tampoco han dictado sentencia al indiciado.
En la indagación del caso han estado asignados alrededor de 10 ministerios públicos y actualmente el expediente se encuentra “extraviado”.
“Cada semana acudo a preguntar sobre la situación en la que se encuentra la carpeta y la respuesta es siempre la misma: estamos a la espera de que los testigos de Ramón se presenten y si no lo hacen, no podemos avanzar. ¿A caso quieres que se caiga el caso, que lo dejen libre?, me cuestionan en el Juzgado V de Distrito”, narra Humberto Ramos.
La amenaza por parte de las autoridades no le ha impedido que continúe en la exigencia y sabe que cada dos meses volverán a iniciar porque cambiaron al ministerio público y éste deberá empezar de nueva cuenta la lectura del expediente 38/2015.
El presunto homicida ofreció como testigo de su dicho a seis personas, las cuales no se han presentado a rendir su declaración y aunque el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán –en coadyuvancia con la Agencia Estatal de Investigaciones– las ha buscado, únicamente ha dado con cuatro.
La falta de declaración por parte de los testigos, así como del propio indiciado –quien se ha reservado su derecho—ha impedido avanzar. Bien podrían pasar cuatro, cinco, 20 años hasta que haya alguna sentencia.
“Pareciese que la intención es que nos detengamos en la exigencia de justicia, que desistamos de pedir que hagan su trabajo, pero es mi mamá y no voy a dejar de luchar porque a mi mamá se le haga justicia”, afirma Humberto.
A casi cinco años del homicidio de Rosalía, su hija pequeña, quien presenció el crimen no ha sido tomada en cuenta por el Estado para recibir atención psicológica, por lo que su familia buscó apoyo de manera particular.
El daño hecho a su familia es irreparable, pero la justicia pronta es un derecho de las víctimas colaterales, advierte el joven, quien se ha hecho cargo de su hermana, de ahora nueve años.
En Oaxaca, la búsqueda de justicia es un camino de espinas que lastiman a las víctimas colaterales, las llevan a desistir, o las mantienen en una lucha contra la burocracia, peleando una batalla de manera desigual.
El fiscal General de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez reconoció ante diputados de la LXIV Legislatura en su comparecencia del pasado 5 de febrero, que durante 2018 la institución obtuvo 17 sentencias condenatorias por homicidio, mientras que tan solo el año pasado se abrieron 984 carpetas de investigación por ese delito.
