Matar árboles podrá pagarse hasta con diez años de cárcel |


Matar árboles podrá pagarse hasta con diez años de cárcel



El diputado del PVEM, Edgardo Hernández Contreras, presentó una iniciativa ante el Congreso local, con la cual propone duplicar las penas contempladas en el Código Penal para sancionar a aquellos delitos que generen deforestación de selvas y bosques.

El actual Código Penal del estado, en su artículo 298 establece que se “impondrá de tres meses a cinco años de prisión” además de una sanción “de treinta a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización” a aquella persona que ilícitamente derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles. De igual manera se sancionará a la persona que provoque una explosión u ocasione daño o muerte a especies vegetales endémicas, en riesgo o en peligro de extinción.

Asimismo, el Código Penal señala que dichas penas de duplicarán “cuando uno o más de las conductas descritas (…) se desarrollen en un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado”.

En relación a lo anterior, la iniciativa propone una reforma a este artículo con el fin de duplicar las sanciones a aquellos delitos que sean generadores de deforestación en selvas y bosques.

En su exposición de motivos, el diputado Edgardo Hernández argumentó que la deforestación es definida “como la eliminación de la cubierta forestal” y que los “factores que la ocasionan son los cambios de uso de suelo, incendios, plagas, y tala ilegal”.

Asimismo, aseguró que los procesos de deforestación pueden generar la extinción local o regional de las especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento en la abundancia de plagas, la falta de polinización de cultivos comerciales y la reducción de la recarga de acuíferos, entre otras consecuencias.

Por lo anterior, el legislador indicó que la iniciativa pretende generar una medida que evite deforestar o talar clandestinamente con el fin de crear áreas destinadas a actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas que afecten a la población potosina y provoquen un impacto ambiental negativo.

Finalmente, el diputado del PVEM aseguró que la política ambiental debe estar orientada a garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y adecuado para su desarrollo.

 

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