Recientemente se difundieron crudas imágenes del video tomado durante la práctica de la necropsia al cuerpo de Luis Donaldo Colosio. Me pregunto si la sociedad mexicana tiene el derecho a acceder a estas reproducciones, aun por encima del respeto a la imagen de la víctima y de los derechos de sus familiares y amigos.
¿Realmente esas imágenes aportan algún valor informativo? Definitivamente no. La divulgación pública y sin censura de las mismas parece responder más a la satisfacción de intereses morbosos que a aportar algo al derecho de acceso a la información pública.
No se trata de un video abstracto que solo deje entrever las circunstancias en las que se llevó a cabo la necropsia para entender o reflejar la dimensión de los hechos, sino de imágenes directas y absolutamente explícitas a las que cualquier curioso puede libremente acceder, sin que ello necesariamente reporte algún beneficio para nadie.
Me parece que en la propagación de los videos que exhiben el trabajo de los médicos legistas que practicaron la autopsia al cadáver del excandidato presidencial hay serios obstáculos éticos y jurídicos que impedirían la publicación de aquellas escenas.
Que el público tenga acceso a mirar como se escudriña el cerebro de Colosio es algo que no aporta ningún dato nuevo o relevante sobre las condiciones en que fuera asesinado y las circunstancias de los hechos. Lejos de ello, supongo que lo único que se logra con semejante e inusitada apertura es lesionar la dignidad y los sentimientos principalmente de los hijos del candidato.
Propalar el video del cadáver de Colosio sometido a los rigores médicos propios de los procedimientos de una necropsia se percibe como una grotesca exhibición del cuerpo humano despojado de los más elementales principios de respeto y dignidad, por más que se considere que un cadáver ha dejado de ser una persona para convertirse en “una cosa”.
Si bien es cierto que el acceso a la información pública es un derecho fundamental recogido en los artículos 6º y 7º constitucionales, también es verdad que, como cualquier otro derecho, no tiene un carácter absoluto, sino que está sujeto a determinados límites.
Se trata de un derecho que suele entrar en tensión frente a otros derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, al honor, a la vida privada y a la imagen propia. No es sencillo armonizar la vigencia de esos derechos, pues se involucra la ponderación de aspectos de interés público frente a intereses privados.
El derecho a estar informado es parte esencial del sistema democrático en tanto que tiende a privilegiar la transparencia y la buena gestión pública. El principio que lo rige tiene que ver con que el Estado no restrinja el flujo de la información, datos, registros y documentos que posea, pero de ahí a lacerar la imagen de los restos de un hombre en las circunstancias exhibidas hay un gran trecho.
Tratándose de individuos vivos no hay duda alguna que por ese solo hecho son titulares del derecho a la intimidad, al honor y a la reputación; sin embargo, estos también trascienden de alguna manera a la muerte del sujeto, pues resulta indiscutible que el uso o manipulación indebida de los restos humanos lastima la buena imagen y la honra de quien en vida era titular de esos derechos.
Si tal cosa no fuera así, entonces cabe cuestionar por qué resultaría tan repugnante la conducta de un necrófilo, si después de todo no hace sino un uso de un cuerpo inerte e inanimado que ya no está en condiciones de reflexionar sobre el dolor que le provocaría semejante acto.
La muerte de una persona no supone la cancelación absoluta de consideraciones éticas y legales que protegen no solo a los restos mismos, sino a la imagen de quien en vida gozaba del derecho al respeto a su dignidad.
En este caso, el Estado, a través de la autoridad que lo ha permitido, ha incurrido en una sensible y desproporcionada voluntad de proteger el derecho a la información, más allá de lo admisible. Supongamos por un instante que, en lugar de Colosio, se hubiese tratado del cuerpo de una mujer, ¿el criterio habría sido el mismo?
Autorizar la desclasificación de los archivos con la necropsia de Colosio sienta un peligroso antecedente, pues a partir de este formalista criterio, bastará que tan solo con el paso de determinado tiempo, cualquier persona pueda en lo sucesivo solicitar los archivos de cualquier homicidio o muerte violenta, sin razón o motivo alguno y solo por el simple placer de ejercer su muy sacrosanto derecho a la información, sin que los parientes o allegados de la víctima puedan tener siquiera la oportunidad de oponerse a ello, y una vez obtenidos esos datos, podrán libremente divulgarlos en internet.
La imagen y memoria de Luis Donaldo Colosio han sido injustamente agraviadas por el Estado mexicano en aras de una excesiva e inútil interpretación legaloide y ajena a cualquier consideración ética.
