El Observatorio de Violencia Social y de Género exigió esta mañana, la protección a familiares de personas desaparecidas tras darse a conocer que un ex policía ministerial fue vinculado con la desaparición forzada de una persona.

La persona en cuestión, Jaime Tejeda Ponce, fue detenido por este delito a inicios de este mes, e ingresado al CERESO Aguascalientes. El mismo día que se le vinculara a proceso, fue encontrado muerto en unos baños de la prisión. Las autoridades declararon horas más tarde que se suicidó.

Debido a esto, el OVSG lanzó una serie de exigencias a fin de que no se quede impune el delito por el que fue juzgado, además de pedir protección a personas vinculadas con casos que él como ministerial investigaba.

“Durante los últimos días ha sido del conocimiento público el caso del policía ministerial Jaime Tejada Ponce, alias “comandante Rojo”, como responsable de la desaparición forzada de un hombre el año pasado. También, ha sido del conocimiento de todas y todos, su muerte dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social para varones de Aguascalientes, y con ello, la posibilidad de acceso a la verdad y la justicia para la víctima de desaparición forzada y su familia ha sido, nuevamente, obstaculizada.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado hemos sido enfáticas en denunciar irregularidades en las investigaciones, la falta de preparación de servidoras y servidores en la atención a víctimas, constantemente hemos denunciado la ausencia de seguimientos de los protocolos necesarios en determinados casos, así como el retraso de las investigaciones de las personas desaparecidas en Aguascalientes, negligencias que vulneraron la cadena de custodia, donde los testigos cambian de domicilio, favoreciendo la revictimización e impunidad, y con ello la ausencia de verdad y de justicia para las víctimas y sus familias”, dicta su comunicado oficial.

En el caso del policía ministerial y su relación con la desaparición forzada no sólo destacan su relación directa con el Estado y las instituciones de impartición de justicia en Aguascalientes, resaltaron que fue la esposa de la vícimta quien dio a conocer evidencia de la desaparción, considerando que es una muestra de la asuencia de instituciones seguras.

“Este caso público nos alarma porque devela el principal lazo de las desapariciones forzadas: el Estado y sus instituciones, que, por autorización, apoyo e ignorancia, han sido participes en la crisis de seguridad que se vive en el Estado.”

Sus exigencias son las siguientes:

• Una investigación exhaustiva de la persona que fue desaparecida por el policía ministerial, a fin de poder localizarla.
• Que se garanticen las medidas de seguridad para su familia.
• Que sean investigados otros casos en los que pudo existir la participación de Jaime Tejeda Ponce y sus colaboradores en la desaparición forzada de más personas en Aguascalientes.
• Medidas de seguridad para las familias de personas desaparecidas que han señalado anomalías en las investigaciones de sus casos.
• La investigación de la cadena de custodia del director del CERESO.
• Investigación en todas las instituciones de seguridad de las que formó parte el policía ministerial.

“En un estado de crisis de seguridad, no podemos permitir que la impunidad se imponga como respuesta ante la exigencia de verdad y de justicia para todas las víctimas y sus familias.”

Mariana Avila Montejano, vocera de la organización, resaltó también la falta de información sobre personas desaparecidas en el estado, señalando que desde el pasado mes de abril, la Fiscalía General del Estado no ha alimentado bancos de información ni oficiales, ni de organismos civiles independientes.