Desde el inicio de la administración de Martín Orozco Sandoval, a finales de 2016 a la fecha, la Contraloría del Estado ha aplicado sanciones a 39 funcionarios de organismos públicos, incluyendo inhabilitaciones en el servicio público a 11 de ellos.
En su mayoría se trata de funcionarios de cargos medios y operativos. 35 de los expedientes datan del 2017, mientras que los cuatro restantes son procesos administrativos que iniciaron entre los años 2014 y 2016, según información del portal de transparencia de la Contraloría del Estado.
Durante el 2017 se sancionó a 30 servidores públicos, de los cuáles 21 recibieron una sanción económica y los nueve restantes fueron inhabilitados por un determinado periodo de tiempo en el servicio público.
Por su parte, durante el año pasado se sancionó a nueve funcionarios públicos: siete de ellos con sanción económica, dos con inhabilitación del servicio público y uno más con amonestación pública.
Las entidades que presentan un mayor número de funcionarios sancionados son el ayuntamiento de Aguascalientes, con siete servidores públicos, la Fiscalía General del Estado, con seis, el extinto Instituto del Agua del Estado (INAGUA), con tres funcionarios y la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UT) con dos sanciones.
Sanciones más recientes
Los nueve funcionarios públicos sancionados durante 2018 incurrieron en infracciones conocidas como “negligencias administrativas”, y según la gravedad recibieron sanciones económicas, amonestaciones públicas o inhabilitaciones del servicio público.
La gran mayoría fueron sancionados con 10 días de salario mínimo por presentar de forma extemporánea su declaración patrimonial al inicio de la administración estatal.
La lista de funcionarios es la siguiente:
– Sergio Delfino Vargas, ex director de Recursos Materiales del Ayuntamiento de Aguascalientes. El expediente se presentó en Contraloría del Estado en 2016 y se resolvió el 02 de febrero de 2018.
– Martha Susana Rodríguez Cuevas, quien fungía como directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Fiscalía General del Estado.
– Patricia Concepción Álvarez Castañeda, Directora administrativa del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.
– Lizbeth Alejandra Jiménez Orenday, subdirectora de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
Asimismo, aparecen en el listado servidores públicos de los que no se especifica el monto de la sanción aplicada ni los motivos:
– J. Jesús González Félix; quien laboró como Jefe del Departamento de Desarrollo Electromecánico del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes.
– Mario Axel Herrera Salas, diseñador de la Coordinación de Comunicación Social Estatal.
Por otra parte, se aplicó una inhabilitación de tres meses en el servicio público a Sergio Esparza Díaz, quien fungió como supervisor de Infraestructura Vial de la extinta Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, por no entregar la bitácora de obra en los trabajos de construcción del estacionamiento de la Biblioteca Bicentenario, en el Complejo Tres Centurias.
Con amonestación pública, la Contraloría sancionó a María Dolores Ornelas Cerón, oficial foráneo del Registro Civil, adscrito a la Secretaría General de Gobierno, por modificar sin autorización los datos de un acta de matrimonio en junio de 2018.
Finalmente, la última sanción impuesta en 2018 fue al ex jefe del departamento de la Dirección de Giras, Seguridad y Protección de la Secretaría Privada del Despacho del ex gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, Vicente García García, a quien se le impuso una sanción económica de $1,450 pesos y una inhabilitación por seis meses del servicio público, debido a la omisión por la desaparición de dos sillones y un quemador de CD´s propiedad del gobierno estatal.
