A menudo, quienes tienen una situación más privilegiada en la sociedad no ven los obstáculos que enfrentan las personas que viven en situación de pobreza, y esto incluye a aquellos que tienen un rol directo en su bienestar, como gobernantes, legisladores, burócratas y jueces.

Como consecuencia, las políticas sociales o las decisiones clave que afectan el bienestar y los derechos de los más pobres tienden a ignorar los obstáculos que ellos enfrentan, contribuyendo a que se perpetúe la pobreza a través de generaciones, y muchas de las personas que viven en situación de pobreza se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de desventajas sociales y económicas que impide que puedan salir de esta condición a través de su propio esfuerzo.  

En materia de salud, por ejemplo, no solo tienen un acceso limitado a los servicios preventivos, de diagnóstico y de tratamiento, sino que esto ocurre cuando están expuestos a mayores factores de riesgo de mala salud como condiciones de trabajo peligrosas, vivienda insegura y acceso limitado a alimentos nutritivos.  Sus problemas de salud a menudo les impiden realizar una actividad productive, profundizando sus dificultades, y, en caso de que tengan acceso a servicios médicos, los costos de estos tienen un impacto enorme en sus ya magros presupuestos.

Debido a que las consecuencias de estas condiciones inadecuadas para la salud se acumulan durante la vida, pueden transmitirse de una generación a la otra. Por ejemplo, los hijos de madres que viven en la extrema pobreza tienen más del doble de probabilidades de nacer con bajo peso, aumentando su riesgo de padecer futuros problemas de salud o de desarrollo.

Los desafíos son similares en otros derechos, como la educación. Un mal desempeñol en la escuela, la disminución de la atención y problemas en el aprendizaje pueden estar relacionados con la desnutrición o con condiciones de hacinamiento en el hogar, socavando aún más la posibilidad de escapar de la pobreza.

Aunque quienes viven en pobreza no son un grupo homogéneo —cada uno tiene vulnerabilidades y desafíos específicos—, comúnmente enfrentan mayores obstáculos que el resto de la población para acceder a los servicios públicos e instituciones gubernamentales, incluyendo barreras físicas, económicas, administrativas y culturales.

Los obstáculos físicos están relacionados con el hecho de que por lo general los más pobres viven en zonas rurales o alejados de los centros urbanos donde están los empleos, los mercados y los servicios públicos. A menudo tienen que viajar grandes distancias —o por un mayor tiempo— para recibir atención médica y educación. En un gran contraste con las áreas más prósperas, donde existe mayor inversión pública y privada, las zonas donde viven las personas más pobres tienen menor acceso a electricidad, malos caminos, poca infraestructura y menor acceso al transporte público. Así, el tiempo que emplean en viajar para acceder a los servicios y las oportunidades de empleo puede representar una pérdida considerable de ingreso.

Los obstáculos económicos son también mayores que para el resto de la población. Quienes viven en situación de pobreza a menudo pagan proporcionalmente más para acceder a servicios esenciales como agua y electricidad.

La economía de escala significa que mientras más se demanda, menos se gasta por unidad; por ello, los menores niveles de consumo de las personas que viven en pobreza frecuentemente conducen a costos proporcionalmente mayores. Además, las tarifas de usuario y los costos indirectos para acceder a los servicios esenciales son a menudo prohibitivos para las personas que viven en pobreza.

Los obstáculos administrativos son otra preocupación importante. La carencia de documentación oficial puede evitar que las personas que viven en pobreza accedan a servicios sociales cruciales y pone en peligro la realización de sus derechos al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros.

La falta de educación y los obstáculos culturales pueden también aislar a las personas pobres. La carencia de educación formal, el conocimiento limitado de la lengua oficial, la falta de acceso a información sobre políticas y programas públicos y la arraigada estigmatización que a menudo las etiqueta como flojas, delincuentes o incompetentes excluyen todavía más a las personas que viven en pobreza y entorpecen la realización de sus derechos y su acceso a los servicios.

Quienes viven en pobreza se encuentran a menudo aislados políticamente, sin posibilidades de ejercer influencia alguna, ni siquiera en la opinión pública, a diferencia de otros grupos sociales que tienen acceso a los procesos políticos, medios de comunicación e incluso a redes sociales para reivindicar sus derechos, discutir los impactos negativos de ciertas políticas sociales o criticar decisiones públicas.

Aunque existen importantes ejemplos de movimientos sociales de base y movilizaciones ciudadanas efectivas que han surgido y son lideradas por quienes viven en pobreza, debido a las dificultades con que se enfrentan, lograr que sus intereses sean tomados en cuenta en los procesos políticos requiere de la colaboración de todos.

Es necesario que todos los miembros de la sociedad, y sobre todo, quienes tenemos una situación más privilegiada, tomemos una actitud activa en pro de la defensa de los derechos, intereses y necesidades de quienes viven en pobreza. Y usted, ¿está dispuesto hacerlo?

Magdalena Sepúlveda es la Antigua Relatora de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En la actualidad es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). @Magda_Sepul