Hay dos hechos en el gobierno de Trump que violan la Constitución y que el Congreso estadounidense debería investigar. Uno, las ganancias para sus empresas usando su poder como mandatario, y dos, la separación de familias en la frontera con México.
¿Deberíamos estar considerando la posibilidad de someter al presidente Donald Trump a un juicio político?
Muchas personas se estremecen ante esta idea, pues temen que los partidarios de Trump reaccionen ante la solicitud de un juicio político y les preocupa que esto polarice aún más a una nación que ya está profundamente dividida o que no haya suficientes votos en el Senado para condenarlo, aun si la Cámara de Representantes vota a favor del juicio político.
Yo no tengo miedo. Como congresista sin mucha experiencia, y siendo la legisladora más joven electa en ese momento, trabajé en el Comité Judicial de la Cámara que votó a favor de someter al presidente Richard Nixon a un juicio político por los graves crímenes y delitos que cometió en relación con el caso Watergate y otros asuntos.
Para evaluar con justicia los argumentos en contra de Trump, necesitamos dejar a un lado sus continuos ataques contra el medioambiente, contra nuestros aliados más cercanos, contra casi cualquier programa que el presidente Obama haya puesto en marcha (incluida la Ley de Atención a la Salud Accesible) y cualesquier desacuerdos que tengamos con respecto a la política, así como cualquier animadversión personal.
Dado que Trump ha vuelto a censurar la investigación del fiscal especial Robert Mueller calificándola como “una absurda cacería de brujas”, incluso dejaremos a Rusia fuera de la mesa. Aun dejando a un lado la posible colusión, hay todavía muchas infracciones que ameritarían un juicio político. Dos de las más sólidas son la renuencia de Trump a separarse de sus intereses comerciales (una posible violación de la prohibición de la corrupción y de la cláusula de emolumentos de la Constitución) y su aprobación de una política de inmigración de “separación de familias” (un posible abuso de poder).
CORRUPCIÓN
La corrupción llega a lo más hondo de la democracia y pone en serio peligro al país. Es uno de los terrenos especificados en la Constitución para iniciar un juicio político, y con razón, ya que un presidente movido por la corrupción ya no actúa a favor de los intereses del país y de su gente.
Es posible que el Congreso no esté obligado estrictamente a establecer un proceso de juicio político por los elementos de los actuales estatutos federales sobre la corrupción ni por las decisiones recientes de la Suprema Corte que los interpretan. Sin embargo, el juicio político por corrupción debería incluir la recepción deliberada, por parte de un presidente, de dinero o de algún objeto de valor con la intención de afectar su conducta oficial, independientemente de si dicha conducta es afectada o no. Esta es la esencia de la corrupción.
Desde luego, Trump es el objetivo perfecto para esa acusación porque, a diferencia de sus predecesores, ha rehusado separarse de sus numerosos y extensos intereses de negocios, como sus hoteles y campos de golf, y todavía es capaz, como presidente, de obtener dinero de ellos. Los sobornos pueden disfrazarse fácilmente en este contexto de negocios, por ejemplo, mediante pagos excesivos a cambio de propiedades, bienes o servicios.
Tres transacciones recientes en las que participó Trump hacen surgir el espectro de la corrupción, por lo que deben investigarse a fondo. Tras cuestionar inicialmente la política de “una sola China” de Pekín, que considera al autónomo y democrático Taiwán como parte de China, Trump reculó después de que el gobierno chino aprobó las marcas registradas de la Organización Trump. De la misma forma, el presidente estadounidense ordenó a su gobierno que levantara las sanciones contra la empresa china ZTE cuando ese país anunció que invertiría “en grande” en un parque temático en Indonesia con el que la Organización Trump tenía un acuerdo de licencia.
Este patrón de conducta se extiende hasta Oriente Medio. En junio de 2017, Trump se unió a una coalición de países en el bloqueo de Catar, al que calificó como “un gran patrocinador del terrorismo”. Sin embargo, un año después, Catar se convirtió en “un gran amigo” después de que un importante socio del gobierno catarí logró un acuerdo de financiación para un edificio defectuoso en la Quinta Avenida de Manhattan, propiedad del yerno y asesor de Trump Jared Kushner.
Asimismo, existe información no pública que podría estar en manos de Mueller, de otras dependencias del Departamento de Justicia o de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Todas las instancias disponibles públicamente requerirían una investigación más profunda, que podría llevarse a cabo como parte de una investigación de juicio político realizada por el Comité Judicial de la Cámara o por otro comité de la Cámara o del Senado.
Al igual que con los crímenes y delitos graves, el juicio político por corrupción no tiene que estar basado en una acusación de acuerdo con algún estatuto judicial específico. No tenemos que esperar a que el presidente sea acusado de corrupción para que pueda ser sometido a juicio político, lo cual sería una condición previa prácticamente imposible, dado que la política del Departamento de Justicia parece indicar que un presidente no puede ser acusado mientras ocupa el cargo.
EMOLUMENTOS
Como en el caso de la corrupción, los artífices de la Constitución de Estados Unidos no proporcionaron ninguna definición del término emolumentos, que es primo hermano de la corrupción. Dichos artífices temían tanto que los emolumentos abrieran una vía a la corrupción que escribieron dos disposiciones como salvaguarda contra ellos: una para prohibir la recepción de emolumentos de gobiernos extranjeros, y la otra para prohibir su recepción por parte de los estados y del gobierno Federal.
Desde Andrew Jackson hasta Barack Obama, todos los presidentes estadounidenses han pedido la aprobación del Congreso o del Departamento de Justicia en relación con la propiedad de posibles emolumentos, el último de ellos, el Premio Nobel de la Paz por más de un millón de dólares, concedido a Obama. El Departamento de Justicia llegó a la conclusión de que el premio no era impropio, dado que no fue concedido por “un Rey, Príncipe, o Estado extranjero”. Otros presidentes antes de Trump, entre ellos, Abraham Lincoln y Ronald Reagan, trataron de adherirse escrupulosamente a estas cláusulas.
Mantener al presidente libre de este tipo de influencia extranjera, y de la apariencia de la misma, era una importante preocupación para los artífices de la Constitución. La negativa de Trump de atender a esta preocupación y, de hecho, su total desdén a la misma, es lo que convierte a su tratamiento de los emolumentos en una grande y peligrosa ofensa. La porosa línea entre sus negocios personales y gubernamentales, particularmente en el área de las relaciones exteriores, plantea un peligro inminente para Estados Unidos, y su obstinada negativa a rectificar el problema podría constituir un grave crimen y delito.
Eric, el hijo de Trump, ha dicho que le informa periódicamente a su padre acerca de sus negocios. A finales de 2017, The Washington Post obtuvo un correo electrónico del director de gestión de ingresos del Hotel Internacional Trump en Washington, en el que se afirma que Donald Trump “aún está bastante involucrado”.
En una violación a la cláusula de emolumentos extranjeros, los diplomáticos de otros países han decidido repetidamente alojarse en el Hotel Internacional Trump, a pesar de que su costo es el más alto de todo Washington, D. C. Trump ha recibido millones de dólares estando en el cargo, provenientes de sus rentas y compras realizadas por gobiernos y dignatarios extranjeros, derivadas de su alojamiento en sus propiedades de Nueva York. Los gobiernos extranjeros y sus socios han hecho acuerdos especiales para proyectos de la Organización Trump en Indonesia, Estambul, Panamá y Manila, capital de Filipinas.
Aunque se le han ofrecido a Trump muchas formas de remediar estas violaciones y se le ha instado repetidamente a hacerlo, él ha decidido rehusarse. Quizás, por encima de todo, ha aceptado emolumentos sin pedir la aprobación del Congreso, violando flagrantemente la Constitución.
ABUSO DE PODER
No existe ningún elemento en las leyes de inmigración de Estados Unidos que autorice separar a los niños de sus padres como castigo a la violación de las leyes migratorias. Por esa razón, al imponer dicho castigo, Trump abusa del poder de su cargo en una forma muy seria.
Separar a los niños de sus padres (cuando su objetivo no es proteger al niño) no es solo “horrible”, como ha dicho él mismo. Es cruel, depravado e inhumano. Aun así, sin contar con una autoridad legítima, el presidente ha ordenado y aprobado lo que equivale al secuestro y tortura de miles de niños. No pudo verse ninguna preocupación por la reunificación de familias en ninguna etapa de la aplicación de la política. Los niños y padres sometidos a este castigo, probablemente debido a su origen latinoamericano, ni siquiera fueron considerados humanos.
Además, al parecer, uno de los motivos de Trump al crear este “horrible” programa fue obligar a los demócratas a aceptar sus políticas de inmigración, entre ellas, su muro. Prácticamente lo admitió en Twitter el 16 de junio: “Los demócratas pueden remediar la separación forzada de familias en la frontera al trabajar con los republicanos en una nueva legislación”. En una demanda presentada por el procurador general del Estado contra el gobierno federal se censura este enfoque: “Las familias son traumatizadas intencionadamente para obtener una ganancia política”. La separación de padres e hijos para obtener un beneficio político es una grave y peligrosa infracción.
Existen otros aspectos constitucionales serios en relación con esta política. Es importante señalar que fue puesta en efecto únicamente en la frontera sureste de Estados Unidos, donde la mayoría de las personas que cruzan son de origen latino. La hostilidad de Trump hacia los latinos es bien conocida. Caracterizó a los mexicanos como “violadores” durante su campaña, calificó a El Salvador como “un país de mierda” y en mayo, dijo, refiriéndose a los inmigrantes indocumentados de Centroamérica y México, “No creerían lo malas que son estas personas. No son personas. Son animales”. Imponer un programa de separación de padres e hijos con base en un argumento racial o étnico es un abuso de poder, además de violar el derecho constitucional a una protección legal igualitaria de los niños y de sus padres.
Al carecer de pruebas de que resulte dañino que padres e hijos estén juntos, la política también constituye una violación del debido proceso al separar a los niños de sus padres sin mediar una audiencia de cualquier tipo en los tribunales.
Un presidente que, de manera deliberada, cruel e indiferente haya infligido un grave daño mental y psicológico a miles de personas, con una base manifiestamente étnica, como una medida disuasiva hacia otras personas y como una herramienta pública para obtener la aprobación de una ley sin importar los derechos de los niños y sus padres, ha trastocado la Constitución.
—
Este artículo está adaptado de The Case for Impeaching Trump (Los argumentos para someter a juicio político a Trump), de Elizabeth Holtzman.
—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
