Diciembre 26, Sacramento, California
A los tres Poderes del Gobierno de Guanajuato,
A los ciudadanos del estado de Guanajuato.
Hace dos semanas, el miércoles 12 de diciembre, día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe en todo México, caía abatido por las balas de policías estatales en servicio el joven de 23 años Leonardo Reyes Cayente, en las inmediaciones de la comunidad Corralejo de Abajo, en el municipio de San Miguel de Allende.
Leonardo tenía dos días de haber llegado a México junto con sus padres, proveniente de Dallas, Texas, donde trabajaba en el área de la construcción. De su muerte se han manejado dos versiones: la primera de ellas es el parte de los policías que le quitaron la vida y que ha sido avalado por sus superiores en la Secretaría de Seguridad y por la vocería del gobierno del estado en el área de seguridad ciudadana, según la cual Leonardo fue abatido por los policías en respuesta a un tiroteo; la segunda versión, de la familia y testigos que acudieron al lugar de los hechos hasta donde se los permitieron las autoridades, señala que Leonardo fue herido por los policías y no recibió auxilio médico antes de morir, que la escena del crimen fue arreglada para avalar el parte policial, por lo que estaríamos ante una “ejecución extrajudicial y un crimen de estado.”
Para una administración que se encuentra en sus inicios, como la del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que además se enfrenta a un grave problema de inseguridad, donde además se discute la reforma para crear una nueva fiscalía general autónoma, será de vital importancia que los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2018; en la comunidad de Corralejo de Abajo, queden perfectamente esclarecidos.
Recientemente, al aparecer en bloque para avalar la aspiración del actual Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, como nuevo Fiscal General, los diputados del PAN “aseguraron que su respaldo no es un cheque en blanco y que estarían vigilantes de la actuación del funcionario (http://kuali.com.mx/web/2018/11/29/pase-automatico-a-zamarripa-no-es-un-cheque-en-blanco-pan/).” Luego entonces, supervisar la investigación del ministerio público sobre la actuación de los policías estatales en el caso de Leonardo Reyes, será la mejor manera de mostrar y demostrar ese compromiso manifestado públicamente.
Pero, además, esta nueva administración ha establecido un compromiso con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades migrantes, al elevar a rango de secretaría esa función en su gabinete. Garantizar la no impunidad de quienes intervinieron en este lamentable caso, seria el mejor mensaje para una comunidad que vive en la angustia de saber que sus familias y ellos mismos pueden correr peligros ante la creciente inseguridad, tanto a manos de delincuentes como de los propios agentes del orden.
Hoy que el Partido Acción Nacional exige una investigación independiente y con intervención de entidades internacionales por la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, del Senador Rafael Moreno Valle y tres acompañantes más en el desplome de una aeronave, sería congruente que en Guanajuato un gobierno de este partido abra la investigación de la muerte de Leonardo para que se soliciten peritajes externos que garanticen imparcialidad, ante el hecho de que el estado estará investigando a sus propios agentes y ante la sospecha de que se hayan manipulado elementos probatorios.
La comunidad migrante de Guanajuato y las organizaciones estamos consternados ante estos acontecimientos, Leonardo pudo haber sido alguno de nuestros hijos, hermanos, algún miembro de nuestras familias o nosotros mismos. La comunidad migrante guanajuatense y las organizaciones estamos atentos a la evolución de este caso y no cejaremos que pase desapercibido.
Es lamentable no escuchar voces como la del titular de la Secretaría del Migrante, Juan Hernández, a quien también le compete atender el retorno seguro de los guanajuatenses que acuden a sus comunidades en estas fechas, como las voces de Juan Carlos Romero Hicks y Alejandra “La Wera” Reynoso. Hasta ahora el único rostro del estado en este caso es el del área de seguridad que ha salido a responsabilizar a Leonardo de su propia muerte y a criminalizarlo al afirmar que agredió a los policías.
Ante este panorama, quiero informar que contamos con el apoyo y respaldo del Padre Alejandro Solalinde, del Gobernador Estatal Indígena y de diversas organizaciones migrantes guanajuatenses en Estados Unidos quienes respetuosamente exigimos:
1.- La apertura de una carpeta de investigación por el homicidio doloso de Leonardo.
2.- Una investigación imparcial de los hechos y de la responsabilidad de los policías participantes en la muerte de Leonardo Reyes Cayente.
3.- Peritajes avalados por instituciones especializadas ajenas al gobierno del estado de Guanajuato.
4.- La suspensión de los elementos involucrados y su consignación ante el Ministerio Público hasta que no se resuelva el presente caso.
Atentamente,
Omar SilvAguilar, Migrante
