San Luis Potosí es el quinto estado del país con más violaciones a los derechos humanos. Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país.
La violación sistemática a los derechos humanos que existe en nuestro país es de tal magnitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esta situación como una “grave crisis de derechos humanos”[1], e incluso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha definido la situación en nuestro país como un “entorno crítico en materia de derechos humanos”[2].
La defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional desde 1992, cuando se facultó al Congreso (con la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra carta magna) para crear organismos especializados que atendieran quejas relativas a actos violatorios de los derechos humanos.
Los organismos de protección a los derechos humanos se encargan desde ese entonces de proteger a la población de las violaciones a sus derechos por parte de alguna autoridad o servidor público.
Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y que el Estado mexicano debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.
No obstante, en México siguen ocurriendo con suma frecuencia abusos de autoridad contra la población, e incluso en este sexenio han tenido lugar casos emblemáticos como:
- La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, en Guerrero.
- La detención arbitraria y ejecución extrajudicial de 22 personas por parte militares, tras un enfrentamiento armado en 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
- La ejecución extrajudicial por parte de elementos federales de al menos 16 civiles desarmados que se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal de Apatzingán en 2015, en Michoacán.
- La muerte de 42 civiles tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo de criminales en el cual se presume hubo actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas en 2015 en Tanhuato, Michoacán.
En San Luis Potosí también existen casos de violaciones a derechos humanos de tal magnitud que ocuparon las primeras planas en los diarios de todo el país:
- A finales de 2017, la CNDH emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social por la inadecuada atención médica y la pérdida de vidas.
- En 2016, el organismo nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la violación a los derechos del libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, así como al trabajo, a la seguridad jurídica y la procuración de justicia, debido que aunque el Departamento de Supervisión de la Secretaría tenía conocimiento de que en el municipio de Villa de Juárez, se encontaban cerca de 240 jornaleros (entre ellos niños de entre 4 y 12 años) en condiciones se obre explotación laboral y viviendo en condiciones no adecuadas, frente a lo cual dicho organismo no tomó las medidas correspondientes.
Además de todos estos casos, en los que se evidenció a gran escala la falta de capacidad para ejercer la fuerza pública, las quejas que consignan la constante vulneración de los derechos humanos suman miles.
Los derechos humanos en cifras
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos de 2017 del Inegi, durante 2016 se recibieron 217 mil 718 solicitudes de queja en todo el país. La inmensa mayoría fue interpuesta ante los organismos estatales (el 79%).
Con base en la calificación o el desecho de dichas solicitudes, realizado por los organismos defensores de derechos humanos nacional y estatales, resultó que hubo para ese año 149 mil 959 presuntas conductas de servidores públicos que transgredieron al menos un derecho humano.
Según este censo, el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el que más ha sido vulnerado en nuestro país. Este derecho agrupa un conjunto de violaciones tales como: la detención arbitraria, la retención ilegal, la violación del principio de que las funciones públicas se realicen en el ámbito de la legalidad, la violación al principio de inocencia, entre otros.
Tales violaciones constituyen más del 37% de todas las ocurridas en el país, lo cual involucró un poco más de 56 mil casos registrados en los expedientes.
La situación de San Luis Potosí
En 2016 se registraron en San Luis Potosí 7,987 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, es decir, cerca del 5% del total de los casos ocurridos a nivel nacional.
Lo anterior coloca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí como el quinto organismo defensor de derechos humanos con más hechos presuntamente violatorios registrados en todo el país, por debajo de las de la CDMX, Jalisco, el Estado de México y la CNDH.
Al igual con lo ocurrido en el contexto nacional, en nuestro estado la trasgresión al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal ocupó el primer lugar.
Se trata de casi 4,200 hechos violatorios, los cuales representan el 52% del total estatal. En particular, se tiene registro de que en 642 casos existió una omisión en la fundamentación y motivación de un acto de autoridad.
En el caso de San Luis Potosí, las trasgresiones que se relacionan con el derecho integridad y seguridad personal se ubican en segundo lugar, ya que sumaron 887 hechos violatorios.
La violación al derecho a la educación y otros derechos culturales ocuparon el tercer lugar: en San Luis Potosí se registraron 676 hechos que violaron este derecho.
El derecho a la protección de la salud es el cuarto derecho más violentado en nuestra entidad, así lo deja ver las 395 víctimas registradas.
Cabe destacar que en la violación de estos cuatro derechos se concentra el 77% de las violaciones en el estado.
Desaparecidos: sin datos para San Luis Potosí
La violación del derecho a la vida es el quinto más frecuente en nuestro estado. Este derecho incluye las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Si bien las estadísticas de derechos humanos solo documentaron la desaparición forzada de ocho personas en San Luis Potosí durante 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2015 no ha registrado ningún caso ni en el fuero federal ni en el estatal.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí registró en 2016 la desaparición de 35 personas, mientras que en el informe especial de 2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer la desaparición de 61 personas entre 2011 y 2016.
Bajo este contexto se desconoce el número de desaparecidos en nuestro estado y refleja la urgencia de que las autoridades locales documenten con mayor precisión esta situación que entrañan una fuerte transgresión contra el derecho a la vida.
A nivel nacional, esa cifra ascendió a 4 mil 525 personas investigadas por el fuero común y 45 por el fuero federal.
La imagen muestra los nombres de las personas desaparecidas desde 1968. El tamaño de cada nombre está relacionado con la frecuencia con la que aparece en la base de datos.
Igualdad ante la ley y no discriminación
El organismo estatal de derechos humanos reportó que se cometieron 203 actos violatorios al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, con lo cual es el octavo derecho que registró más violaciones.
Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos van más allá. La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 reveló que, en San Luis Potosí, el 14.4% de la población que tiene 18 años y más fue discriminada por algún motivo como el tono de piel, la manera de hablar, su peso o estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, por su clase social, el lugar donde vive, sus creencias religiosas, sexo, edad u orientación sexual.
Las víctimas
El Censo Nacional de Derechos Humanos identificó que 152 mil 807 personas fueron víctimas de al menos una violación a sus derechos. De ese total, 7,987 son potosinos, es decir, el 5% del total nacional.
Esa cifra colocó a nuestro estado en la quinta posición a nivel nacional que más víctimas concentra en todo el país.
De los actos u omisiones en la fundamentación y motivación de un acto de autoridad fueron víctimas 642 potosinos, mientras que 579 lo fueron de detención arbitraria.
En casos extremos se evidencia que el abuso de la autoridad se manifestó en actos de detención arbitraria (579 víctimas), violaciones al derecho a la vida (379 víctimas), tortura (195 víctimas), y la aplicación arbitraria del sistema disciplinario en establecimientos de reclusión o prisión (61 víctimas).
La cantidad de quejas que se presentaron ante el organismo de protección a los derechos humanos y la cantidad de hechos violatorios que de ellos han derivado es solo una muestra de la cantidad de arbitrariedades que se comenten.
De ahí el reto y el largo camino que aún queda por recorrer para dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo primero constitucional: garantizar el cumplimiento de todos los derechos que reconoce la carta magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
[1] CIDH, Situación de los derechos humanos en México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html
[2] Entrevista para el programa México Social del 12 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FrDbjA8ggQE&t=738s
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