PARIS, Francia. Dentro de los más de 800 proyectos recibidos en el Primer Foro Internacional por la Paz, organizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la iniciativa mexicana encabezada por la organización World Justice Project (Proyecto Mundial por la Justicia) para combatir la tortura logró el apoyo institucional y financiamiento durante un año.

El proyecto del equipo mexicano, encabezado por Roberto Hernández, realiza documentales sobre tortura y personas privadas de la libertad a quienes no se les respeta el derecho al debido proceso. Famosa por su documental, Presunto Culpable, la organización busca también sistematizar a través de encuestas y datos oficiales el maltrato o tortura que sufren las personas que se encuentran en conflicto con la ley en cada momento del proceso legal. Es decir, la detención hasta el proceso del juicio y su conclusión.

El Foro recibió 848 proyectos de todo el mundo, de los cuales fueron seleccionados 122 a exponer y defender la importancia de su trabajo para la construcción de la paz. Una vez que fueron escuchados, se realizó una votación para elegir a los mejores. Sólo 10 lograron el apoyo.

Durante su participación, Roberto Hernández, dijo que su trabajo busca a través de los datos, dar a conocer las estadísticas de la situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, pero siempre acompañado de historias que revelan la vida de las personas encuestadas en los datos duros. “Documentales que conmuevan, datos que sean útiles”, aseguraba.

“Aunque tengas una gran muestra representativa de la población en prisión, en este caso 58,000 encuestados, el poder de una voz, de una historia, usar las cámaras para hacer visible el problema, es una fuerza realmente motivadora, expande el entendimiento de lo que sucede”, explicó Hernández.

Después del éxito de su documental Presunto Culpable, la organización Proyecto Mundial por la Justicia, logró que se legislara a favor de la medición de la calidad de los procesos de justicia. “Se hizo un trabajo de convencer al Congreso, de poner la ley y dar acceso al INEGI y hacer el trabajo con Secretaría de Hacienda para que fijara un presupuesto para hacer esta encuesta”, explica Marien Rivera, investigadora de la organización.

Los datos, comentó, nos dan una dimensión del problema, por ejemplo, que 85% de las personas privadas de la libertad son torturadas en algún momento o que la Marina es la que tiene mayor incidencia en tortura sexual a mujeres en proceso. Además, la evidencia de los datos muestra que las policías no saben investigar y se usa el atajo de la tortura para producir confesiones falsas; para obligar a personas a señalar a otros en la comisión de delito, explicó Marien Rivera.

La tortura y el maltrato fomentan la impunidad y así se documenta y difunde en los documentales porque muy probablemente el ciudadano de a pie desconoce que las consignaciones se consiguen a través de la confesión, la cual se obtuvo después de tortura y no de evidencia física.

En palabras de Marien, lo que quieren hacer con el apoyo del Foro es, uno,

que a pesar de que la encuesta está en la ley y debe realizarse, su periodicidad no está establecida, es muy posible que el siguiente año, dado que está en puerta el censo nacional, no se piense realizar. Se necesita el compromiso del Estado mexicano para que se levante una vez al año y, dos, conseguir los recursos para finalizar el trabajo documental y cinematográfico para producir material audiovisual que se estabilice la concepción de este problema.

Otros proyectos mexicanos que se expusieron en el Foro para la Paz y fueron finalistas, aunque no tendrán financiamiento, fueron el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el cual buscaba impulsar su Índice de riesgos de corrupción en México, el cual usó nueve bases de datos de diferentes dependencias del gobierno federal que contenían 200 millones de datos para medir la competencia y transparencia en las licitaciones públicas.

También participó el Centro Mexicano de Responsabilidad Global con su proyecto Transformación de la ONU en Parlamento Mundial para la paz y seguridad efectiva. El proyecto propone una estrategia global para la revisión de la Carta de las Naciones Unidas destinada a establecer un Parlamento Mundial.