¿Cómo se puede pasar de ser una entidad pacífica, con niveles importantes de crecimiento económico, con grandes vías de comunicación, a ser el estado más violento de uno de los países más violentos entre las naciones sin guerra?

Que el estado de Guanajuato sea la entidad de la República mexicana con mayor número de homicidios en el país es una cuestión de interés nacional por al menos tres razones:

1.  La más obvia es que cualquier entidad que esté en el peor lugar del país en este indicador debe llamar la atención tanto de las autoridades locales como nacionales, más aún si esta entidad no es la más poblada y si en los últimos diez años no hay antecedentes de un contexto de tales niveles de violencia.
2.  Porque es una de las economías regionales más relevantes del país.
3. Porque es una de las entidades turísticas más importantes no solo del país, sino de América Latina.

Una problemática de esta magnitud no puede ser explicada de manera lineal. Su configuración es multifactorial y la complejidad de cada uno de estos factores es en sí misma todo un reto para las autoridades, desde lo municipal, pasando por supuesto por lo estatal, y llegando a lo nacional.

Los más importantes entre esos factores son los siguientes:

• Un profundo proceso de deterioro institucional. Guanajuato ha tenido de manera consecutiva cinco gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, y el mes de septiembre tomó posesión el sexto en fila. Es decir, de forma acumulada, el PAN habrá gobernado Guanajuato 33 años consecutivos en el 2024, año en que concluirá el mandato constitucional de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Al respecto, es importante señalar que a pesar de esta continuidad, los grupos que han gobernado a la entidad son disímbolos, y si bien han mantenido un modelo de desarrollo relativamente similar a lo largo del tiempo, este no se ha reflejado de manera uniforme en los 46 municipios del estado.

Así, la enorme diferencia entre grupos puede percibirse solo siguiendo los nombres de los gobernadores que se han sucedido: Carlos Medina Plascencia (1991-1995), Vicente Fox Quesada (1995-1999), Ramón Martín Huerta (1999-2000), Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006), Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012), Miguel Márquez Márquez (2012-2018) y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (elegido para el periodo 2018-204).

• Un profundo proceso de deterioro de la democracia. La continuidad del Partido Acción Nacional en el gobierno ha tenido como correlato la generación de prácticas caciquiles y clientelares que han inhibido la participación política ciudadana, la construcción de una sociedad civil organizada potente y participativa y de parlamentos plurales y auténticamente deliberativos.

En Guanajuato hay un “discurso único” impuesto por las élites económicas que en las últimas tres administraciones ha llevado a que los gobernadores actúen más como gerentes de los grandes clústeres industriales, que como verdaderos representantes de la población estatal.

• Un importante deterioro de las capacidades de gobierno municipales, pues el autoritarismo del gobierno estatal y la ausencia de pluralidad y autonomía del Congreso llevó igualmente a que las alcaldías se convirtieran en meros apéndices administrativos del gobierno estatal.
• Un relevante desequilibrio del Poder Judicial, el cual se encuentra cooptado por la preponderancia de los gobernadores, quienes han impuesto como jueces, magistrados a personalidades que no necesariamente han mostrado independencia ni capacidad de fungir como un poder independiente que equilibre el juego democrático en la entidad.

Todos estos factores macro permiten mostrar lo frágil e insuficiente del argumento relativo a que la violencia en Guanajuato se debe preponderantemente a un conflicto entre traficantes de droga y combustible, pues, si bien es cierto que las bandas criminales se encuentran desatadas, esto únicamente pudo ocurrir como resultado del deterioro institucional y democrático ya señalado.

Dicho de otro modo, el gasto absurdo de miles de millones de pesos en la implementación de políticas de seguridad pública y procuración de justicia ineficaces a lo largo de varios años, hasta llegar al deterioro, solo se puede explicar gracias a un Congreso estatal anodino, que no exigió nunca la rendición de cuentas ni evaluaciones de impacto, y de alcaldes que se conformaron con justificar su incapacidad argumentando que la matanza está fuera de sus competencias y responsabilidades.

Guanajuato es, con todo esto, un ejemplo emblemático de lo que puede ocurrir cuando la democracia es vapuleada, cuando la pluralidad política es inexistente y cuando se fractura el equilibrio de poderes en aras de servir a los intereses del gobernador en turno y de sus jefes auténticos.

Las dramáticas condiciones que se viven en Guanajuato son en realidad una crisis que sintetiza décadas de gobiernos mediocres. En esa historia, los datos de los últimos cuatro años son elocuentes.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los años 2015 y  2018 hay un crecimiento exponencial en el número de homicidios que se cometen en la entidad (incluidos los dolosos y los culposos).

En efecto, mientras que en el 2015 se tiene un registro de 2,881 casos, para el 2016 el número se incrementó a 3,102 casos; en 2017 creció a 4,027, mientras que entre enero y septiembre del 2018 se han contabilizado 3,857 casos, es decir, un promedio de 428 casos por mes. De mantenerse la tendencia, al cierre del año podría llegarse a la más que escandalosa cifra de aproximadamente 5,142 casos.

Por su parte, en el capítulo de los homicidios dolosos, lo que se tiene es un incremento, al pasr de 957 casos en el año 2015 a 1,096 en el año 2016; en el año 2017 se llegó a 1,423 casos (49% más respecto del 2015); mientras que entre enero y septiembre de 2018 se han registrado 2,469 casos.

De continuar esta tendencia, al cierre del año se llegaría a cerca de 3,292 casos y, de confirmarse esa cifra, el incremento respecto del 2015 sería de 243%, un fenómeno que difícilmente se ha visto en otras latitudes del país.

Es importante decir que esos datos implican haber pasado de un promedio de 2.6 homicidios al día en el año 2015 a un promedio de tres casos diarios en el 2016 y a prácticamente cuatro casos al día en el 2017.

De seguir como van las cifras este año, se llegaría a un promedio de nueve homicidios dolosos al día. Esos datos implican una tasa de homicidios solo comparable a la de un país en guerra, cercana a 54 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Es importante señalar que estos datos son divergentes a los que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): el Instituto tiene un registro para el año 2015 de 969 homicidios dolosos, 12 más que los reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); en el 2016 el INEGI registró 1,231casos (135 más respecto del SNSP); y en el 2017 el dato del INEGI es de 2,253 casos (830 más respecto de la cifra del SNSP).

Como se observa, las diferencias son mayúsculas: de manera acumulada, los datos del SNSP arrojan 3,473 homicidios dolosos entre 2015 y 2017, y, en contraste, los datos del INEGI consignan 4,453 homicidios intencionales. Como se observa, la diferencia es tremenda: 980 homicidios intencionales no contabilizados por la autoridad local en tres años.

Es legítimo preguntar pues, ¿esta diferencia ha sido intencional? Y es que no hay otro estado del país en el que haya una diferencia tan marcada, lo cual debería llevar a la autoridad federal a intervenir de otro modo en la entidad.

Para el estado de Guanajuato la violencia homicida no inició ayer. Para dimensionar lo que ha ocurrido es relevante comparar tres periodos: entre los años 2000 y 2006 se cometieron en la entidad, según los datos del INEGI, 1,487 homicidios intencionales. Esa cifra implica un promedio anual de 212 casos.

Entre el periodo 2007-2012 se cometieron 2,761 homicidios, es decir, un promedio anual de 460 casos. Comparativamente hablando, en el primer periodo considerado se tenía un homicidio intencional cada 1.7 días y en el segundo el promedio fue de 1.3 casos diarios. En términos porcentuales, el incremento acumulado entre ambos periodos fue de 85 por ciento.

El tercer periodo, comprendido entre los años 2013 y 2018, se han acumulado 8,425 casos (considerando que para 2018 el INEGI no ha dado datos y solo se cuenta con los del SNSP hasta el mes de septiembre); es decir, un promedio anual de 1,404 casos, o un promedio diario de prácticamente cuatro casos. Así, entre el periodo de 2006 al 2012 y el periodo de 2013 al 2018, el incremento de la violencia homicida intencional es de 205 por ciento.

Guanajuato registra cifras que son tremendamente mayores a lo que está ocurriendo en otras entidades. En el 2018 se tiene una contabilidad de 2,469 homicidios dolosos, cifra equivalente al 9.96% del total de los registrados en el país; la entidad más cercana, Baja California, registra una cifra de 2,301 casos; mientras que Guerrero, ubicado en tercer sitio, tiene un total de 1,906 casos.

Dentro del capítulo de los homicidios dolosos, destacan sobre todo los cometidos con arma de fuego; en ese capítulo, la diferencia entre las entidades se hace más grande.

En efecto, en Guanajuato se tiene una cifra de 2,070 casos entre enero y septiembre del 2018, dato equivalente al 11.85% del total nacional. En segundo lugar se encuentra Baja California con 1,669 casos, equivalentes al 9.77% del total del país. Como puede verse, solo en Guanajuato y Baja California se concentra casi el 22% del total de homicidios cometidos con arma de fuego en el país.

A partir del 1º de diciembre de este año iniciará una nueva administración federal y se ha anunciado una nueva estrategia en materia de seguridad pública. Habrá que esperar para observar si tendrá una nueva lógica y, sobre todo, una nueva efectividad. Para el país, y para una entidad como Guanajuato, es urgente que así ocurra.