Tras la resolución de la Corte que avala el uso médico y terapéutico de la marihuana, contenido en la Constitución de la Ciudad de México, en nuestro país abre el camino para la discusión sobre su legalización a nivel nacional, tanto para su uso medicinal, como para fines lúdicos.
Ve la entrevista con Zara Snapp sobre el tema
Recientemente, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha anunciado que el próximo gobierno federal llevará a la Organización de las Naciones Unidas la propuesta de despenalización de las drogas y combate a las drogas.
Esto nos invita a reflexionar ¿qué tan avanzados vamos en estos temas en nuestro estado?
En 2013, en Guanajuato, el entonces diputado Marco Antonio Miranda Mazcorro, representante del partido Nueva Alianza, presentó ante el congreso la iniciativa de reformar el artículo 91 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, con el fin de posibilitar el uso terapéutico de la marihuana y garantizar el estudio de sus propiedades medicinales.
No fue hasta el 9 de noviembre del 2015 que la Comisión de Salud Pública de la Sexagésima Tercera Legislatura emitió un dictamen en sentido negativo a la iniciativa, argumentando que la legislación estatal debía ser congruente con la federal, ya que para ese entonces, La Ley General de Salud no permitía la siembra de esta planta y, en caso de aprobarse en el estado para fines medicinales y de investigación, sería contradictorio.
En 2017, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para permitir en el país el uso medicinal y científico de la cannabis sativa (marihuana) y por tanto, eliminó la prohibición y penalización en actos relacionados con su uso medicinal e investigación científica (siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, posesión, comercio, consumo, etcétera).
Muerte digna
La SCJN avaló también el derecho a una “muerte digna” enmarcado en la Constitución de la capital, aunque pidiendo un contexto más específico que no se interponga en la prohibición expresa de la Ley General de Salud sobre la eutanasia o el suicidio asistido.
En 2011, el Congreso de Guanajuato aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, que dicta que toda persona con “plena capacidad de ejercicio podrá manifestar su voluntad anticipada de manera libre e informada para decidir o no sobre la aplicación de tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad terminal” que le dé una esperanza de vida no mayor a seis meses.
