La policía municipal de Aguascalientes participó el pasado domingo, en un operativo de detección de migrantes en la entidad, organizado por el Instituto Nacional de Migración. Como resultado se detuvieron a 10 personas y una respuesta negativa por parte de la ciudadanía ante este hecho.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, justificó el actuar de sus elementos con que es su obligación responder a peticiones de instancias de migración para la inspección del perímetro de la ciudad en búsqueda de personas que posiblemente se encuentren en el país de forma ilegal.

“Sólo hicimos presencia para que personal de migración hiciera su trabajo en acuerdo a lo que migración determinaba, si la persona estaba ilegalmente en el país ellos actuaban no era tema de nosotros, pero como a cualquier autoridad la policía preventiva estará apoyándolos en temas de seguridad pública”, externó.

Incluso, mencionó que personas de otras nacionalidades han tenido participación en eventos delictivos en la entidad, por lo que el operativo podría abonar a la reducción de estos casos.

“Hay gente que ha sido extranjera y ha sido parte de intervención de delitos pero eso ya es un tema que deberá de investigar la autoridad que corresponda”.

En este operativo participaron 12 elementos de la policía municipal, y de acuerdo con el Secretario, es la única vez que la delegación estatal del INM ha solicitado su participación, desde que tomó el mando de esta corporación.

Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano de Violencia Social y de Género, reprobaron la realización de estos operativos, pues consideran que se violentaron los derechos humanos de los migrantes.

Los Artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dictan lo siguiente:

Art. 13.

 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
 Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Art. 14.

 En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
 Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.