A partir de este martes 24 de julio, el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado será presidido por Gabriela Espinosa Castorena, magistrada de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado, quien fungirá al frente del tribunal durante los próximos cuatro años.
Se trata de la segunda magistrada que lo preside, después de Ma. Teresa Isabel Martínez Mercado, quien ocupó esa posición del 2003 al 2006.
Espinosa Castorena toma el lugar que ocupó el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez del 2014 al 2018, en una gestión marcada por la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, el crecimiento de la infraestructura del Poder Judicial, pero también por los vínculos y la cercanía que mantuvo con el Ejecutivo estatal en turno.
¿Qué cifras deja el magistrado Ponce?
Los ámbitos más activos del Poder Judicial del Estado durante la gestión de Juan Manuel Ponce Sánchez fueron los juzgados de carácter civil-mercantil, familiar y penal.
El rubro de carácter civil y mercantil fue el más demandado con un promedio anual de 50 mil expedientes abordados por los seis juzgados mercantiles y los tres de carácter civil.
De acuerdo al boletín estadístico del Poder Judicial, del 2014 a la fecha se ha actuado en 263 mil 680 expedientes, de los que se ha dictado sentencia en 103 mil 859 de ellos, es decir, un avance del 39.3%.
Por otra parte, en el ámbito de los juzgados familiares el trabajo se ha incrementado de manera importante, al pasar de un promedio de 20 mil expedientes en 2014 a casi 27 mil en 2017, siendo una de las principales razones la modificación al Código Civil del Estado para impulsar el divorcio incausado o “exprés”.
Desde su aprobación en el Legislativo en junio de 2015, las solicitudes de este tipo de divorcios se elevaron exponencialmente; por ejemplo en ese año se presentaron 710 solicitudes, mientras que para 2017 la cifra aumentó a 5 mil 199, colocándose como el principal asunto de los juzgados de carácter familiar (44.49%).
En este rubro, el Poder Judicial registró una efectividad de emisión de sentencias del 36.38% en el total de expedientes en los que actuó: 113 mil 655 en los últimos cuatro años.
Por otra parte, el Poder Judicial ha atendido entre 4 mil y 5 mil expedientes de carácter penal de forma anual en los últimos cuatro años, resolviendo sentencias en el 21.88% del total de casos.
La entrada del nuevo sistema de justicia penal
La implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio fue un reto para los órganos encargados de la impartición de la justicia en México, y Aguascalientes no fue la excepción.
En la entidad, el nuevo sistema comenzó a aplicarse a partir del año 2015 en los juzgados de Pabellón de Arteaga y, posteriormente, en 2016 ingresaron los demás municipios del estado, lo que demandó una mayor infraestructura física para su correcta implementación.
Derivado de ello, a finales de 2015 se inició la construcción del proyecto de “Ciudad Justicia”, que albergaría los nuevos juzgados en materia penal, de mediación, civil y mercantil, así como el juzgado familiar.
La primera etapa del proyecto quedó concluida en junio de 2017 con una inversión superior a los 53 millones de pesos, además de generar el compromiso para la continuidad de etapas posteriores.
Asimismo se amplió la infraestructura del Palacio de Justicia para incorporar salas de justicia oral a través de gestiones realizadas por el propio Juan Manuel Ponce.
Justicia laboral, asignatura pendiente
Ligado a este tema, el magistrado fue nombrado coordinador de la implementación de la justicia laboral a nivel nacional, luego de la propuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para impulsar la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales laborales en los poderes judiciales de las entidades, que ahora serían los encargados de impartir justicia en los juicios del ámbito laboral.
Sin embargo, por la omisión del Senado de la República para aprobar las leyes reglamentarias el tema se ha quedado estancado y no ha logrado aterrizarse en los estados de la República.
En el “ojo del huracán”
Por otra parte, la gestión de Ponce Sánchez no estuvo ajena al ojo público, ya que el Poder Judicial del Estado ha tenido que actuar en casos controversiales para la opinión pública.
Uno de ellos fue el homicidio de un joven a manos de dos ex jugadores del Necaxa, Alejandro Molina y Luis Gorocito, en agosto de 2015, cuando salían de un centro nocturno al norte de la capital.
En un inicio se trató del delito de lesiones dolosas en riña, sin embargo el panorama para los futbolistas se modificó cuando, después de un par de meses, Luis Rodolfo Mariscal no pudo recuperarse de las lesiones y falleció en el hospital en el que era atendido. El delito se reconfiguró a homicidio doloso en riña.
Tras casi tres años de reclusión, Alejandro Molina fue puesto en libertad hace unos días tras cumplir la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Penal de 2 años 10 meses y 22 días de prisión, mientras el uruguayo Gorocito continúa tras las rejas.
Otro polémico caso fue el del asesinato del delincuente Hugo Luján Ramírez, alias “El Huevo”, a manos de tres sujetos, vecinos de una balconería en la Col. Las Cumbres, al oriente de la capital.
Cansados de que en varias ocasiones “El Huevo” había ingresado al domicilio para sustraer objetos de valor, a inicios de mayo de 2017 los vecinos lograron sorprenderlo en flagrancia, lo detuvieron y posteriormente lo sometieron a golpes, acción que llevó a la muerte al delincuente.
Los argumentos de una probable “legítima defensa” de los balconeros fueron insuficientes para que el juez que llevaba el caso los dejara en libertad, resolviendo una sentencia de cuatro años de prisión y la reparación del daño por un monto de 100 mil pesos.
¿Cercanía y nepotismo?
Durante la administración del gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre, la gestión de Juan Manuel Ponce Sánchez en el Poder Judicial del Estado fue criticada por una cercanía que puso en duda la autonomía de ambos poderes.
Esto quedó en evidencia a finales de 2016, cuando el mandatario estatal otorgó un título de concesión de taxi a la esposa del magistrado, Maricela Romo Montes, quien justificó la acción al señalar que había cumplido con todos los requisitos legales y que era un tema de su esposa y no de él.
“Si el Gobernador hizo un ofrecimiento, es un tema de ella, no mío, no lo hizo por mí. Ella cumplió con los requisitos legales, además hoy en día es una facultad exclusiva del mandatario en turno y mientas no se regule no hay nada ilegal”, argumentó el magistrado en aquél entonces.
Por otra parte, se cuestionó el presunto nepotismo en el que habría actuado el titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, una vez que en julio de 2017 reconoció que dos de sus hijas laboraban como secretaria y jefa de causa en el Poder Judicial.
Asimismo, previo a dejar la presidencia del tribunal se dio a conocer que una de sus hijas participó en la convocatoria del Consejo de la Judicatura Estatal para ser habilitada como jueza, a lo que Ponce Sánchez respondió que él no tuvo injerencia dentro del proceso de selección, negando posibles actos de nepotismo.
“Tengo una hija que es secretaria de causa. Concursó y, de quedar habilitada, en momento determinado podrá ser llamada como cualquier otra porque es un proceso en el cual es el Consejo un órgano colegiado y ellos habrán de determinar, yo no tuve nada qué ver”.
