El pasado viernes, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) dio a conocer los resultados de la primera verificación del año sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en la que sólo tres entidades gubernamentales obtuvieron el 100% de el logro de la publicación de información.
Sin embargo, si se toman en cuenta los resultados de las verificaciones realizadas por el ITEA en 2017, más de la mitad de los sujetos obligados descendieron el porcentaje de cumplimiento que obtuvieron el año anterior, destacando el caso de las universidades y sindicatos que tuvieron un marcado decremento.
Por otra parte, la mayoría de los partidos políticos se estancó en el mismo lugar, es decir, con un cumplimiento nulo de las obligaciones de transparencia.
A continuación se señala la comparativa entre las verificaciones del 2017 y las del año en curso, en las que se indican las principales caídas y repuntes de los sujetos obligados.
Los resultados en transparencia: 2017 vs 2018
En la revisión del primer semestre de 2017, el ITEA revisó los portales de transparencia de 102 sujetos obligados, cifra que se redujo a 71 para el segundo semestre. Para 2018 la cantidad volvió a incrementarse a 103 sujetos obligados, derivado de la creación de nuevas dependencias del gobierno estatal como la Coordinación General de Movilidad o instancias autónomas, como el Tribunal Estatal Electoral.
En la segunda revisión del 2017 hubo ocho sujetos obligados que alcanzaron el 100% de cumplimiento: la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, la Escuela Normal de Aguascalientes, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, el Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, el Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Sin embargo, para el primer semestre del 2018 la cantidad de “entidades cumplidas” se redujo a tres: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Contraloría del Estado y el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. La gran mayoría obtuvo una calificación inferior al 60% de cumplimiento.
Durante ese lapso, las mayores caídas en los indicadores fueron de las universidades y de los sindicatos con registro estatal.
Por ejemplo, la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) descendió de un 97.21% a un 2.38%, la Universidad Tecnológica del Retoño de un 76.11% a un 0%, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UT) cayó de un 33.48% a un 1.90% y la Universidad Tecnológica de Calvillo descendió de un 50.73% a 17.07%.
En el caso de los sindicatos, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes fue el que tuvo un mayor tropiezo al bajar de un 97.72% a un 0%, así como el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Hidalgo de un 49.08% a un 0%.
Otro ejemplo es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que disminuyó del 100% en 2017 a un 3.70% en el año en curso.
Por otra parte, los sujetos obligados que se mantienen en la misma situación de reincidencia, sin cumplir con las disposiciones de transparencia, son principalmente los partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), quiénes registraron 0% de cumplimiento en todas las verificaciones.
En este mismo tenor se encuentran las agrupaciones políticas “Camino Democrático”, “Vida Digna Ciudadana” y “Voces Hidrocálidas” que también registraron nulo cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Verificaciones con carácter sancionatorio
La verificación del primer semestre de 2018 -cuyos resultados fueron presentados el viernes 27 de julio- será la primera que tendrá carácter vinculatorio, es decir, que a partir del nivel de cumplimiento se podrán aplicar sanciones que irían de los 12 mil a los 120 mil pesos a los sujetos obligados.
Cada uno de ellos tendrá un plazo de 20 días para solventar las observaciones detectadas por el ITEA, pero en caso de no hacerlo se podrían aplicar las sanciones antes descritas.
Anteriormente, las verificaciones se realizaban de manera diagnóstica para medir el grado de responsabilidad de cada ente obligado pero no existían sanciones de por medio, por lo que quedaba a criterio de las dependencias el cumplimiento de las disposiciones.
