El ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) durante la pasada administración estatal, Francisco Chávez Rangel, acudió al Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial del Estado para comparecer como testigo a un proceso jurídico que mantiene un proveedor con el Instituto de Educación de Aguascalientes.
Al respecto, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, indicó que el proceso en el que se solicitó al ex funcionario estatal se refiere a la contratación de servicios del IEA a un particular durante la gestión anterior y que presuntamente no se habría pagado en los términos acordados.
“Él se presentó en calidad de testigo dentro de un expediente de materia civil que está presentando un particular en contra del IEA y, derivado de ello, se ofrecieron una serie de pruebas como la participación como testigo del ex director del instituto.
“Es un asunto en el cual un particular está reclamando al Instituto de Educación por el cobro de unos honorarios, es un particular que prestó un servicio y que no le pagaron, esa es su pretensión. Entonces el ex director del IEA vino en calidad de testigo, pero no sólo él sino otros funcionarios del instituto y de particulares que tuvieron conocimiento del hecho y son los que han estado declarando al respecto”.
Aunque los hechos habrían ocurrido en la pasada administración estatal, el proceso legal recién fue presentado ante el Poder Judicial durante el año en curso, sin mencionar la cantidad de dinero que se señala por el pago de los presuntos servicios contratados.
“Ese proceso inició en este año, el expediente como tal. Recordemos que los actos que se señalan a alguna dependencia se hacen a nombre de una persona moral, que es a la que se está demandando”, añadió.
El titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado aseguró que por el momento el ex director general del IEA no tiene procesos de carácter penal en su contra, aunque hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado que podrían llegar a ser turnadas al Poder Judicial más adelante.
“Todo lo que hace la Fiscalía, hasta antes de ejercitar la acción penal, lo hace con una reserva correspondiente hasta que no se cumplimentan o se pide una orden de aprehensión, pero hasta el momento no tengo conocimiento de que nosotros estemos procesando un asunto en contra de él”, aseveró.
En contra del ex funcionario estatal se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la asignación irregular de plazas para docentes de inglés, además de que la Contraloría del Estado le ha exigido el reintegro de 43 millones de pesos por irregularidades de la Auditoría Superior de la Federación relativas al pago de nómina educativa en el año 2015.
Asimismo, derivado de una investigación realizada por Newsweek Aguascalientes, a partir de 2011 el IEA llevó a cabo una triangulación de cerca de 300 millones de pesos a tres empresas de proveeduría e instalación de equipo de cómputo a través de la Universidad del Carmen de Campeche para el programa “Habilidades Digitales para Todos”, cuya dotación de equipo nunca se completó en las escuelas de educación básica que incluía el programa.
Paco Chávez escapó por puerta trasera para evitar a la prensa
Después de presentar su declaración como testigo ante el Juzgado Primero de lo Civil, el ex director general del IEA habría solicitado al juez la autorización para salir por una puerta trasera del inmueble, evitando así los cuestionamientos de la prensa.
Entrevistado al respecto, Juan Manuel Ponce Sánchez señaló que dicha acción es un derecho que se concede a las partes de un juicio para respetar la confidencialidad y reserva de información de sus procesos jurídicos y por lo tanto los jueces pueden otorgar su anuencia para evitar conflictos o situaciones de riesgo para los declarantes o imputados.
“Los temas que se están tocando ahí son temas muy particulares y, si en determinado momento, alguien no quiere que se conozca su identidad o no quiere tener contacto con terceras personas no podríamos obligarlo nosotros. En ocasiones alguien dice que si afuera hay una persona que le podría hacer daño o para evitar confrontaciones, se tiene el derecho de pedir la respectiva seguridad”, concluyó.
