La Organización de Estados Americanos endureció el tono hacia el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al aprobar una resolución que podría iniciar el proceso para suspender al país del organismo por ruptura del orden democrático.
La iniciativa fue adoptada el martes al cierre de la 48ª asamblea anual de la OEA por 19 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones.
Tras febriles negociaciones, los diez países que la patrocinaban -Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Perú, Costa Rica, Guatemala y Paraguay- lograron el apoyo de la mayoría simple de los 35 miembros del organismo.
Pero la suspensión de Venezuela del principal foro político del continente no sería automática. Para concretarla, se requieren 24 votos en dos ocasiones: primero para convocar a una asamblea general extraordinaria que debe tratarla, y luego, para aprobar la medida.
El martes, además de Venezuela que se pronunció “rotundamente en contra”, se opusieron Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Dominica.
La mayoría de los países caribeños, tradicionales aliados de Caracas, que les vende su petróleo en condiciones muy favorables, se abstuvieron, así como Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que desde 2016 cuestiona fuertemente a Maduro, celebró la votación como “un paso clave en la lucha por la democracia”.
Es “un primer paso”, dijo este lunes desde Bruselas la vicepresidente y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, cuyo país apoyó la resolución tras imponer sanciones financieras que afectan al gobierno de Venezuela, como también lo hicieron Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Esta es la medida más dura que toma la OEA con relación a Venezuela. El consejo permanente declaró en abril de 2017 que en el país se había producido un quiebre constitucional, pero no consiguió los votos para pasar una resolución al respecto en la asamblea de Cancún.
La “resolución Pence”
La resolución declara ilegítima la reelección de Maduro en los comicios de mayo y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por “alteración del orden constitucional”, que prevén la suspensión de un miembro de la OEA.
La medida, que Caracas considera “desestabilizadora e injerencista” y enmarcada en una “campaña criminal” del gobierno de Donald Trump, fue impulsada por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que llamó a una veintena de países “de ideas afines” a expulsar la “dictadura de Maduro de la OEA”.
“La democracia importa, los derechos humanos importan”, dijo el embajador estadounidense, Carlos Trujillo, sonriente al agradecer a los “amigos” por votar para defender esos principios.
“La emboscada planificada con la resolución Pence fue derrotada”, estimó sin embargo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, señalando que la misma “da carta blanca” a una “intervención”, “inclusive militar”.
Venezuela se va “con la frente en alto”, añadió.
Maduro solicitó el año pasado la salida de Venezuela de la OEA, un trámite que debe finalizar en abril de 2019. Pero Almagro dijo el martes que ese pedido “está pendiente” porque fue denunciado por inconstitucional por “órganos legítimos” venezolanos.
En Caracas, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que boicoteó y desconoció los resultados de las presidenciales, saludó la decisión de la OEA como “un espaldarazo a la lucha emprendida por los demócratas venezolanos”.
Analistas consultados por AFP destacaron como positiva la acción de la OEA.
“La solución de la crisis en Venezuela, que se ha extendido más allá de sus fronteras, no vendrá solo con la suspensión de la OEA, pero es fundamental ejercer una presión internacional continua para el cambio”, opinó Jason Marczak, del centro de estudios latinoamericanos del Atlantic Council.
“Esta resolución es importante. Muestra que un número creciente de países en el hemisferio creen que Venezuela está descendiendo hacia el autoritarismo”, señaló Geoff Ramsey, del centro de investigación y defensa de los derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA).
“Apoyo” a Nicaragua
La OEA condenó además la violencia que sacude a Nicaragua desde hace casi dos meses y que deja al menos 120 muertos en medio de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Pero no dijo nada sobre el papel del Estado en la represión de los manifestantes.
La “Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua” fue presentada por Estados Unidos y por el propio gobierno nicaragüense, con respaldo de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.
El documento fue aprobado sin oposición y señalado por Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, como una muestra de la voluntad de “realizar reformas democráticas y cumplir con los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, que visitó el país en mayo.
La declaración insta a “negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas”.
Pero “no hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos”, dijo a AFP Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
