Una de las propuestas en materia de seguridad del candidato al Senado de la República por la coalición “Por México al Frente”, Juan Antonio Martín del Campo, es la implementación de una Credencial de Identidad Única que permita enlazar los datos personales de los mexicanos con elementos biométricos, como las huellas dactilares, que acrediten su identidad en la comisión de algunos delitos como el robo y así facilitar la identificación de los delincuentes.
La Credencial de Identidad Única también sustituiría a la Credencial de Elector como la principal identificación personal para la realización de trámites o para validación.
“Es empezar a cambiar el INE como identificación, porque luego pasa por ejemplo que vas al IMSS y te piden tu credencial del IMSS, tu CURP o tu credencial de elector y luego vas al banco y te piden otra cosa, entonces queremos tener una sola identificación que permita guardar todos los datos ahí, sería algo muy parecido al ID que se aplica en los Estados Unidos”, explicó el candidato.
Conforme a la metodología de Verificado 2018, la propuesta del candidato Juan Antonio Martín del Campo es considerada como Verdad a Medias, ya que aunque se aportan algunos antecedentes de la propuesta legislativa no se señalan los motivos por los cuáles no se ha aprobado en el Congreso de la Unión, además de que no se refieren datos como el financiamiento que requeriría su aplicación en la práctica o el resguardo de la información recopilada en la Credencial de Identidad Única.
Aunque, la propuesta es viable jurídicamente al sustentarse en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica que “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento y que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos”.
Tras una reforma al artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de identidad debió entrar en funcionamiento desde el año 1990, sin embargo, por diversas razones aún no se cuenta con dicho documento.
Posteriormente, en el año 2009, el presidente de la República Felipe Calderón retomó el tema y buscó la implementación de la cédula de identificación nacional, pero el proyecto no caminó.
Tres años más tarde, la Secretaría de Gobernación incluyó la cédula de identificación dentro del Libro Blanco “Cédula de Identidad Ciudadana”, pero tampoco prosperó.
La cédula de identificación nacional ya se aplica en otros países como Argentina, Brasil, Bélgica, Bolivia, Costa Rica, España, Chile, Francia y Uruguay.
Ya existen iniciativas en el Congreso de la Unión sobre el tema
De acuerdo a la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en 2013 se presentaron cuatro iniciativas para conformar la Cédula de Identidad Ciudadana: una por el diputado Javier López Zavala del PRI, otra por la bancada del PRD en el Senado, una más de la diputada del Partido Verde Mónica García de la Fuente y la última por la diputada del PRI Aleida Alavéz Ruíz, pero ninguna prosperó de las comisiones a las que fueron turnadas.
Para especialistas, inviable
Entrevistado sobre el tema, el consultor en materia de seguridad pública y leyes, Sadi Kuri Martínez, considera que sería ocioso implementar una cédula de identificación nacional ya que generaría un costo millonario cuando en la actualidad la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) cumple la función como identificación oficial.
“Creo que sería ocioso tener una credencial oficial para ejercer nuestro derecho de voto y luego tener un documento que nos sirva también para identificarnos, creo yo que con que tengamos un documento que cumpla con ambos fines como lo ha venido haciendo la credencial de elector sería más que suficiente”.
Aunque se pronunció en favor de un banco genético forense que resguarde elementos biométricos de las personas como el ADN o las huellas dactilares, éstos datos no deberían integrarse a la cédula de identificación, ya que sería información vulnerable que podría poner en riesgo a las personas.
“Tendría que ser un ente centralizado en la Ciudad de México. Un banco de datos y una institución que se dedique a cotejar toda la información sería una infraestructura multimillonaria, toda la estructura del INE sería nada para la nueva dependencia que tenga que resguardar esos datos”, concluyó.
