El mercado del gas licuado de petróleo (LP) en Baja California es muy cotizado.
Es la entidad que tiene más demanda en el noroeste de México y es el segundo estado que lo vende más caro en el país, después de Baja California Sur.
Olga Pérez lo compra cada dos meses.
Vive en la colonia ex Ejido Francisco Villa, lejos de la zona urbana de Tijuana pero muy cerca de varias gaseras.
Ahí puede comprar gas LP, el combustible con el que se cocina en estufa y enciende el calentador del agua.
Aunque tiene la facilidad de solo cruzar la calle para obtener este hidrocarburo, a su bolsillo le parece cada vez más difícil saldar los crecientes precios del gas.
No es solo impresión suya. De 2017 a 2018, su costo aumentó 39% en Baja California según la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Está subiendo cada mes. Cada vez que vamos [a comprar] ya subió”, dice doña Olga.
Actualmente paga 950 pesos por un tanque de 45 kilos. Dos años atrás le costaba la mitad.
Y hoy paga más porque no encuentra precios competitivos.
De 2017 a 2018, Baja California tuvo un incremento del 39% en el costo del gas LP según la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Doña Olga le compra a Zeta Gas.
Esta es una de las dos marcas que dominan el mercado de gas LP en la entidad, y cobra el precio por litro más caro entre las marcas que se comercializan en Baja California.
Doña Olga no lo sabe, pero Zeta y Silza marcan la pauta de cuánto pagará cada que necesita rellenar sus tanques de gas LP para bañarse y cocinar.
Más de la mitad de las plantas que distribuyen gas LP en el estado son propiedad de estas dos empresas, que pertenecen a la misma familia.
Ambos marcas fueron buscadas para este reportaje.
Grupo Tomza, que maneja a Gas Silza, no contestó a las múltiples solicitudes de entrevista.
Grupo Zeta dijo que el presidente regional de la organización, José María González, daría una entrevista, pero canceló una vez que los periodistas iban en camino.
A Zeta además se le pidió que diera respuesta por escrito sobre el parentesco entre socios de ambos grupos, pero no respondió.
Zeta pertenece a Miguel Zaragoza Fuentes y Silza es de su hermano, Tomás Zaragoza Fuentes, según documentos consultados en el Registro Público del Comercio.
También se le pidió que comentara sobre una investigación que abrió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para detectar monopolios en el mercado del gas LP en México.
No se obtuvo respuesta.
Entre Zeta y Silza, almacenan el 80% del gas LP que se vende en Baja California, según esta investigación.
El 20% restante, se lo dividen cuatro jugadores más pequeños.
Esto fue confirmado al visitar las 23 direcciones registradas ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como plantas de distribución de gas LP en Baja California.
De las 18 plantas que están operando en el estado, 11 pertenecen sólo a Zeta y a Silza, de acuerdo al reporteo para esta entrega.
La verificación se realizó físicamente porque algunos grupos gaseros que operan en el estado, utilizan un entramado de razones sociales diversas ante las autoridades regulatorias, pero venden al público bajo el mismo nombre comercial.
Involucrados y fuentes oficiales coinciden en que esa dominancia tiene relación con los precios elevados del gas.
Donde existen menos empresas se registran mayores incrementos en precios, revela el primer informe de inflación del Banco de México, desde que el gobierno dejó de regular el precio del gas LP en enero del año pasado.
En un escenario de competencia, si una empresa tiene precios altos y otra no, el consumidor puede escoger comprarle a la que vende más barato.
Pero si el consumidor no tiene más opciones, se verá forzado a comprar caro. Y es lo que autoridades investigan ahora.
La Cofece comenzó en agosto de 2017 una investigación para detectar comportamientos anticompetitivos en el país, pero apenas lo anunció en febrero pasado, y no ha revelado resultados.
El incremento del precio del gas es un tema que preocupa a la población, tanto o más que la gasolina. Este reportaje nace tras el anuncio de la Cofece.
La investigación de esa Comisión, que sigue en curso, es la primera que realizan a nivel nacional a 25 años de que existe una ley que regula la competencia.
La CRE dijo que detectó probables prácticas monopólicas absolutas, y eso es lo que investiga la Cofece.
Según la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas absolutas ocurren cuando empresas que deberían competir se organizan para fijar, elevar o manipular precios.
Si la investigación demuestra que estas prácticas existen, la CRE podría imponer sanciones de hasta el 10% de sus ingresos.
La Cofece comenzó en agosto de 2017 una investigación para detectar comportamientos anticompetitivos en el país, pero apenas lo anunció en febrero pasado, y no ha revelado resultados.
“Tiene penas brutales. Multas de decenas de millones de pesos. Los que están involucrados en la práctica monopólica directamente, los que la ejecutaron, se pueden ir a la cárcel”, dice Leonel Pereznieto Castro, ex comisionado fundador de la Cofece.
De acuerdo a Pereznieto Castro, el organismo regulador comenzó analizando otras industrias.
“Cofece lo que hizo fue empezar a atacar los grandes monopolios que había como el caso de Teléfonos de México, Telcel y todos estos”, recuerda Pereznieto.
“En medida que ha podido ir desarmando los grandes monopolios entra en otra etapa que es estar vigilando empresas más chicas, que son las empresas de gas”, dice.
Mientras la investigación oficial sigue su curso, este medio encontró irregularidades en dos plantas de las empresas que dominan el mercado en el estado.
En la zona de Ojos Negros, Ensenada, se descubrió que una planta de Zeta Gas funciona como estación comercial, aunque tiene permiso de planta de distribución.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en el sector, dice que esto no representa un peligro para el consumidor.
Según la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas absolutas ocurren cuando empresas que deberían competir se organizan para fijar, elevar o manipular precios.
Pero la CRE explicó por escrito que esas prácticas ameritan multas de hasta 39.7 millones de pesos.
“Con base en la información proporcionada por la Sener y la información reportada por la empresa, esta instalación debe operar como planta de distribución”, dijo la CRE por escrito.
En similar aprieto está Gas Silza, de Grupo Tomza, que en la misma zona opera una estación de servicio con permiso para planta de distribución.
Una planta de distribución es donde las gaseras almacenan su producto para después distribuirlo a través de camiones a permisionarios y usuarios finales.
En cambio, una estación comercial puede venderle solo a usuarios finales.
Mientras tanto, doña Olga y el resto de Baja California tienen pocas opciones más que pagar los precios más altos del país por el gas LP que consumen.
más gas en Baja California?
La promesa para el mercado era otra.
En 2013, Presidencia de la República aseguró que los precios de la luz y del gas disminuirían a partir de que entrara en vigor la reforma energética ese mismo año, pero en la práctica no ocurrió así.
Encarecieron.
México fue el tercer país con más aumento inflacionario en energéticos, apenas debajo de Noruega y Australia comparando febrero de 2017 y 2018, según el Índice de Precios al Consumidor más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Es un negociazo”, dice Jorge Acosta, abogado de Rivera Gas, una gasera que tiene una planta de distribución en Mexicali y que se prepara para construir otra en Rosarito.
Esta empresa tienen un tercer permiso en Tecate, aunque la construcción de esa planta fue suspendida a finales de 2016 por autoridades locales a consecuencia de amparos promovidos por civiles.
Acosta fue entrevistado porque Rivera Gas es una de las cuatro gaseras que han tratado de abrirse camino en el negocio, frente a dos compañías que dominan el mercado.
Esa empresa ha sido cliente publicitaria de NW Medios SA de CV, razón social de la marca Newsweek en Español Baja California, aunque de momento no hay un contrato vigente.
También se solicitó entrevista con Gaspasa, la empresa distribuidora de gas LP con menor capacidad de almacenaje en Baja California, pero no respondió a la solicitud.
Acosta, de Rivera Gas, dice que el mercado de Baja California tiene tanta demanda que las gaseras actuales no se dan abasto.
“Hay zonas que están totalmente desatendidas […] la gente tiene que caminar 2.5 kilómetros con su mina de gas para que se la llenen”, dice Acosta.
Explica que a pesar de que existen seis marcas diferentes para el comercio de gas LP en Baja California, las más pequeñas —y más baratas— tienen poca capacidad de distribución.
Él sospecha que las gaseras más grandes no dejan entrar a nuevos competidores.
“El tema de la reforma energética abre la cancha para que pueda haber competencia entre las empresas pero si no puedes entrar, no va a haber competencia y no quieren la competencia”, dice Acosta.
Si un sector no presenta las condiciones para que pueda existir esa lucha por ganarse a los clientes, los precios no van a bajar, según Pereznieto Castro, ex comisionado de la Cofece.
No son solamente los precios.
Consumidores como Olga reprochan el servicio que reciben.
“Muchas de las veces vienen medios vacíos”, dice doña Olga Pérez, sobre los tanques de gas que venden los camiones repartidores.
Ella, como muchos usuarios, prefieren llenar sus tanques en una estación.
Flor Carballo es otra consumidora que ha tenido experiencias desagradables al comprar a través de vehículos repartidores.
En dos ocasiones recibió cilindros dañados.
“Tiraba. Olía mucho a gas”, dice Flor, que en ambos casos pidió ayuda de su hijo para sellar los tanques con cinta teflón. Recuerda haber pensado que el problema eran las mangueras, pero su hijo descubrió que el defecto estaba en los cilindros y no en la instalación.
“Muchas de las veces (los tanques de gas) vienen medios vacíos”, dice doña Olga Pérez.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sancionado ese tipo de irregularidades.
En 2017, Profeco realizó una verificación nacional a este sector y Baja California resultó ser la quinta entidad más sancionada de la república, según un comunicado oficial publicado en agosto pasado.
En total se emitieron 8 sanciones a 5 empresas, dice en entrevista Javier Palma Villa, director de verificación de gas LP en Profeco.
Diariamente la Profeco recibe de 50 a 60 denuncias en Baja California.
Entre las faltas más comunes, enlista a los cilindros oxidados o con posibles fugas y problemas en el contenido neto de los tanques.
Las fugas de gas son preocupantes en lugares como Tijuana, que creció a partir de asentamientos irregulares.
Joaquín Jiménez González, capitán de la Dirección de Bomberos, dice que la topografía de esa ciudad es un reto porque intentan llegar rápidamente al lugar de la fuga o incendio, pero las calles a veces no permiten que lo hagan de forma oportuna.
Para el momento en que su equipo de bomberos llega a una zona de difícil acceso, el incendio ya se extendió a 2 o 3 viviendas.
Sobre las empresas que fueron sancionadas por la Profeco, Palma dice que no puede facilitar detalles porque estas atraviesan un litigio.
Se refiere a una investigación diferente a la de Cofece.
Profeco tiene la función de proteger al consumidor, mientras que la Cofece vigila la libre competencia.
En 2017, a través de una carta dirigida a la CRE y a Cofece, el diputado federal Ulises Ramírez, del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que si el sector no compite en calidad, precio y servicio, las autoridades podrán restablecer la regulación de precios máximos.
La Cámara de Diputados aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 esa posibilidad, en caso de que no existieran condiciones de mercado en el gas LP.
Ramírez dijo en su carta que de ser necesario buscará que así se haga, aún contra los deseos de quienes manejan este sector o invierten en él.
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