¿Cuánto me queda?
¿siete? ¿diez? ¿quince septiembres?
¿le pregunto al azar
acaso porque sé
que el azar no responde?
Y así y todo
el azar
¿es realmente un azar?
Mario Benedetti
Todo comenzó con la descompostura de un auto… no, quizá antes, el día que decidieron elegir a “la cabaña” como locación para llevar a cabo el trabajo de cinematografía que debían entregar como parte de sus actividades académicas. O quizá mucho antes, el día en que un muchacho desquiciado, sediento de fama, poder o dinero, decidió vincularse al crimen organizado y participar en actividades delictivas.
Se detuvieron en el periférico de Guadalajara porque uno de los vehículos en los que viajaban se descompuso. Ahí llegaron dos camionetas con hombres armados, eligieron a tres estudiantes y se los llevaron.
Lo demás es parte de la tenebrosa cronología ya conocida: su presunto traslado a la casa ubicada en la calle Lechuza, de la colonia Pinar de las Palomas, en Tonalá, para luego ser llevados a otra casa, ubicada en la calle Amapola, en la colonia Prados de Coyula, Tonalá, en donde se presume fueron asesinados y sus cuerpos, aparentemente, disueltos en ácido.
Todo pareciera producto del azar, pero no es así. En realidad, lo siniestro en torno a lo que les hicieron a Javier, Jesús Daniel y Marco Francisco se encuentra en el hecho de que todo eso fue posible en el marco de un supuesto Estado democrático en el que las leyes son violadas cotidianamente, y en el que las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia son meras espectadoras.
El terror de las desapariciones
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta el último “corte oficial”, había en Jalisco 2,998 personas en esa condición. De esa suma, 360 son mujeres y el resto, hombres, y las edades de las personas desaparecidas o extraviadas van de uno a 98 años.
En 12 casos se trata de niñas y niños de uno a cinco años y en 15 casos el rango de edad es de seis a 10 años. Otros 32 casos son de niñas, niños y adolescentes de edades que van de los 11 a los 14 años, y 251 son de adolescentes que tenían entre 15 y 19 años al momento de desaparecer.
En 443 casos las personas desaparecidas tenían entre 20 y 24 años la última vez que fueron vistas, en 511 casos más las personas extraviadas tenían entre 25 y 29 años en el momento en que se reportó su desaparición, otros 450 casos son de personas que se extraviaron o que desaparecieron cuando tenían entre 30 y 34 años y en 399 casos tenían entre 35 y 39 años.
En esos rangos de edad se concentran 2,113 de los 2,998 reportados, es decir: siete de cada 10 personas que se extravían o que desaparecen en Jalisco tenían 40 años o menos en el último momento en que fueron vistas por algún familiar o conocido, o de la última vez que se tuvo certeza de su ubicación.
Falta claridad en los resultados de la Investigación.
Javier Perlasca, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, afirmó sobre el caso de los estudiantes desaparecidos que “el interés es que se cumpla con el debido proceso y las investigaciones tienen que ver con eso. Hemos sido testigos, hemos acompañado a las víctimas y hemos estado presentes en el trabajo que se ha hecho. Se ha implementado todo lo que ha estado a disposición de esta instancia para trabajar, buscar, localizar, todo lo que tiene que ver con el asunto de los jóvenes”.
Hay visiones que contrastan con esa versión y la de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por ejemplo, la de César Pérez Verónicas, director del Centro Ejecutivo para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), una organización que en 2017 presentó un Informe Estatal sobre los Derechos Humanos en el que ya se advertía de una crisis en esta materia en la entidad.
Para esta organización, “la información proporcionada es muy deficiente, en tanto que ni siquiera el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sabía el número de pruebas que les hizo llegar la fiscalía para su análisis y estudio”.
En un comunicado del 14 de abril, el CEPAD, que además ha realizado sendos informes sobre tortura y desapariciones forzadas en Jalisco, hizo un llamado urgente al gobernador, Aristóteles Sandoval, a fin de que se lleve a cabo la designación del Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas.
Ante esta demanda, el día 25 de abril se publicó en el Diario Oficial de Jalisco el Decreto por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Al parecer es una buena noticia, salvo por el hecho de que no se tiene considerado presupuesto para ponerla en marcha.
La indignación es nacional
De acuerdo con el diario El Informador, desde el 30 de marzo se han contabilizado más de 2 millones de comentarios en Facebook respecto del caso de los tres jóvenes desaparecidos. Por su parte, en Twitter, los hashtag #NoSomosTresSomosTodxs y #NoSomosTresSomosTodos han sido tendencias nacionales e internacionales durante varios días.
Las marchas han sido numerosas; la comunidad de cineastas se ha solidarizado con las familias de las víctimas, y en un hecho que no se veía hace mucho tiempo, la Universidad de Guadalajara y la UNAM emitieron un comunicado conjunto para condenar los crímenes cometidos en contra de los estudiantes asesinados, en el cual se señala lo siguiente:
La escalada de violencia y la impunidad rampante está presente en todos los rincones de nuestra nación. Jalisco, después de Tamaulipas y el Estado de México, es la entidad en donde más casos de desapariciones se han reportado con 3 mil 60. No es posible continuar así.
Las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara exigimos acciones inmediatas para frenar y erradicar esta violencia que a todos nos agravia e indigna; así como una investigación exhaustiva que conlleve a la detención de los responsables de esta atrocidad.
Nos solidarizamos con la pena que embarga a los familiares y amigos de Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, así como con todas las familias que han perdido a alguien a manos de la delincuencia.
Sueños robados
El asesinato de estudiantes siempre será un asunto que cale hondo en la mentalidad nacional. La evocación de lo ocurrido en el 68 es inmediata y ahora también lo es la de una atrocidad más reciente, la cometida en contra de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
“Estudiante”, esa férrea palabra que significa pasión, compromiso, dedicación, disciplina y esfuerzo familiar por salir adelante, lucha por un país mejor, compromiso con los que menos tienen, solidaridad con las víctimas, sueños por cumplir…
Por eso cala más hondo aún el clamor de la hermana de uno de ellos, quien en su cuenta de Facebook escribió: “me pone triste que hayan apagado tus sueños así nomás, yo sé que tenías futuro, se notaba en el como sostenías tu cámara, como dirigías, sobre ti había colores, una luz que resplandecía en tus ojos de tantas idease imaginación que tenías, tú nunca estabas en blanco” [sic].
Hoy, todos estamos de negro, porque los sueños de los jóvenes no pueden apagarse así nomás; porque en México la exigencia de justicia es ya un clamor, y porque nadie, absolutamente nadie, merece el destino que tuvieron Javier, Jesús Daniel y Marco Francisco.
Y no, lo que ocurrió con ellos no fue producto del azar: fue resultado de una larga cadena de causas, de omisiones legislativas, de incompetencia e indolencia de los responsables de gobernar (en todos los niveles), de un sistema económico que genera desigualdades y violencias en distintos planos. De la ruptura del orden jurídico e institucional.
*Agradezco el enorme apoyo de El Informador para la realización de este texto.