La constructora Sylma demandó al ciudadano Leonardo García Vázquez, a quien acusa de difamación contra la firma, para “salvaguardar el prestigio”, justificó Silvia Rico Moreno, presidenta de la inmobiliaria, y descartó que atente contra la libertad de expresión debido a que, aseveró, él inició desde 2015 una “campaña” contra su empresa.
“No tuve otra opción más que entablar una demanda judicial en contra de él para salvaguardar mi prestigio, que me he ganado durante todos estos años”, afirmó en conferencia.
Tras insistir en que el ciudadano mantiene una campaña de “difamación” contra la firma, a la cual acusó por presuntas irregularidades en el fraccionamiento Esmeralda I, en Zempoala, dijo que García no es propietario de la vivienda dañada por las lluvias el 28 de junio de 2015.
Rafael Ávila del Ángel, aseveró Rico, es quien compró a Sylma el inmueble ubicado en el lote 26 manzana 7, según la escritura pública 60348, del 17 de octubre de 2014, agregó.
Además, el seguro Sura Daños pagó 85 mil 856 pesos por toda la pérdida sufrida, insistió.
La copropietaria de la constructora dijo desconocer si a Leonardo le prestaban o rentaba la vivienda, así como si le fue traspasada con algún crédito, pero afirmó que el dueño no ha mostrado inconformidad tras el pago.
Según la hermana de Marco Antonio Rico Moreno, exsubsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, el ciudadano colocó mantas en puntos de venta y fraccionamientos de su consorcio para “disuadir” a sus compradores.
Aseguró que con la decisión de demandarlo por difamación (causa penal 138/2017) “no se le ha criminalizado” ni atenta contra la libertad de expresión.
“Todos los que estamos aquí tenemos derecho a la libertad de expresión, pero no a la de calumniar. Nosotros entablamos una demanda contra este señor por sus constantes calumnias y su permanente campaña de difamación desde 2015. Ha pasado 2015, 2016, 2017 y 201; por cierto, en nuestro fraccionamiento, la única queja permanente que existe en más de 18 años que sigo laborando, es de este señor que ni siquiera es dueño”, insistió.
Cuestionada por qué si García Vázquez presuntamente desprestigia a la empresa desde 2015 actuó hasta 2017, respondió que “existe un proceso legal que sigue su curso” y porque hubo “desinformación”.
Sobre el posible conflicto de interés de la firma y los puestos que ocupan sus hermanos en la política, rechazó la acusación.
Sostuvo que la autorización estatal para construir el fraccionamiento, señalado por posibles irregularidades, data del 30 de julio de 2008. Marco Antonio, agregó, entró a la Subsecretaría de Obras Públicas el 2 de mayo de 2011. Según el gobernador Omar Fayad, en declaración previa, el exfuncionario salió del gabinete porque estaba “en duda”.
“A él no se le ha criminalizado, simplemente estoy aquí para que se sepa la verdad, yo desconozco si el señor rentaba, se lo prestaron, pero el daño ya fue resarcido… ¿Cuál es el daño que persigue?”
Según la empresaria, las licencias fueron emitidas por autoridades municipales, no por las dependencias en las que se desempeñan sus hermanos.
Parentesco
Descartó que la posición de su hermano Mario Rico Moreno, subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la fiscalía estatal, haya agilizado los trámites para la detención del ciudadano.
Marisol Flores I Pachuca
