Los oscuros caminos de la trata | Newsweek México


Los oscuros caminos de la trata



LOS DÍAS PREVIOS al 22 de noviembre, Adriana Dávila Fernández era un dechado de molestia y ansiedad. La senadora del PAN había fracasado en su intento porque la cúpula de su partido caminara junto a ella en un tema sensible: la denuncia de una red de corrupción nacida en torno al tema de la trata de personas, que ha impedido hasta hoy la modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar ese delito. La negativa se dio bajo el argumento de que no podían distraerse del tema central de su agenda, el Frente Ciudadano por México.

Dávila quedó entonces con la única opción de subir a tribuna el miércoles en que el secretario de Gobernación compareció ante el Senado, aun con la oposición de varios de sus compañeros de bancada. Llevaba consigo el resumen de expedientes, gráficos y fotografías que integró durante meses para respaldar sus señalamientos en contra de una exdiputada federal del mismo Partido Acción Nacional, la activista Rosa María de la Garza Ramírez, “Rosi Orozco”, la figura más mediática en la materia y artífice de la ley que data de 2012.

“La corrupción, esa que el gobierno federal minimiza, en realidad es un mal que evita el combate efectivo de los delitos”, dijo dirigiéndose al secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Tenía la boca seca, la senadora, cuando levantó con arrebato algunas hojas de los documentos para mostrarlos mientras hablaba. “La gran simulación del combate contra la trata de personas en el país se da a través de adulaciones pagadas a una sola activista que tiene el monopolio de la crítica o el aplauso a los gobiernos. El acuerdo es muy claro, señor secretario: pagas a través de contratos y entonces mereces premio y adulación, no pagas y serás ignorado o señalado y acusado de tratante”.

En febrero de 2014, Dávila fue blanco de una campaña difamatoria a través de medios informativos y redes sociales. De ahí su preocupación al tocar el tema. Básicamente la acusaron de proteger a tratantes en Tlaxcala, su estado natal, y a partir de ello querer modificar la ley para así dejar en libertad a quienes se hallaban presos. La senadora, alguna vez parte del círculo más cercano del expresidente Felipe Calderón, tampoco fue respaldada aquella vez por su partido. Lo que hizo, junto a un equipo de colaboradores, fue rastrear las rutas que la condujeron hasta los servidores web de sus atacantes. Se trataba de personas ligadas a la congregación religiosa encabezada por Orozco bajo forma de asociación civil. Eso dio pie para volcarse en una investigación más profunda, que terminó por vislumbrar la red que —afirma basándose en documentos que obtuvo a través de órganos de transparencia y del Registro Público de la Propiedad— configuró la activista junto con su esposo, uno de sus hijos, un hermano y varias personas allegadas al clan.

El fondo de todo es el dinero, dice Dávila. Los documentos que agitó durante su intervención en tribuna dan cuenta de 28 empresas, fundaciones, instituciones educativas y marcas registradas vinculadas entre sí que han sido beneficiadas con partidas presupuestales y bienes inmuebles por más de 40 millones de pesos de 2012 a la fecha, tan solo por los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México y tres dependencias del gobierno federal. La senadora describe un patrón operativo que, de acuerdo con ella misma, abarcaría un círculo todavía mayor de acciones presumiblemente corruptas.

“Esta ley le permite extorsionar y sobornar a quien sea”, dice Dávila sentada sobre una mesa de trabajo en la oficina que ocupa en el Senado de la República. Sobre ella extiende una serie de documentos públicos con los que armó el rompecabezas de una Rosa María de la Garza Ramírez distinta a la que suele aparecer públicamente en defensa de víctimas de trata sexual. “Al quitarle la paternidad de la ley, lo que creo es que le impedirá llegar a los gobiernos y realizar el proceso de: mira, soy experta en trata, te puedo capacitar a tus fiscales, te puedo ayudar. Y sacar un dinero de ahí”.


MARGARITA ZAVALA, esposa del expresidente Calderón, y Rosa
María de la Garza Ramírez cuando esta era diputada federal, en mayo de 2011. FOTO:
GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO

Rosi Orozco fue contactada por Newsweek en Españolen diversas ocasiones para escuchar su versión. Aplazó y canceló entrevistas durante una semana bajo el argumento de una agenda apretada. Tampoco aceptó responder por teléfono o a través de correo electrónico ninguna pregunta.

En octubre de 2014, Orozco, como presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, otorgó un premio llamado “Todos dejamos huella” a Eruviel Ávila Villegas, entonces gobernador del Estado de México. El reconocimiento tenía el propósito de estimular y agradecer a quienes maniobran para combatir ese delito, y ese gobierno lo ha hecho como pocos en el país, según dijo. Meses después, en julio de 2015, la entidad contaba con alerta por violencia de género en 11 municipios.

El cerco de violencia contra las mujeres se estrecha conforme transcurren los días, sin importar certificaciones o premios. Lo mismo ocurre en campos agrícolas y en miles de residencias donde se esclaviza a la servidumbre. Más allá de la solvencia o no de la ley, el problema es estructural, y en ello cuentan no solo las pifias políticas, sino el esquema de razonamiento común cuando se habla de trata, sea este público o privado.

LOS MALOS PENSAMIENTOS

La directora del Programa contra Trata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tomado asiento sobre una mesa saturada de documentos. Cada vez que hace referencia a una cifra o a un dato que le parece relevante, Yuriria Álvarez Madrid los remueve en busca de la hoja correcta. Con ella en mano, ofrece estampas concretas como, por ejemplo, el de la sistematización que realizan las fiscalías estatales con casos de trata y explotación de personas.

El más reciente informe de la Comisión Intersecretarial enviado a la CNDH este año da cuenta de las víctimas que cayeron bajo custodia de las fiscalías estatales. Aparecen 958 mujeres y 107 hombres. De ese total, la autoridad no supo decir la edad de 153. Otro dato, este sobre la nacionalidad: de 1,218 víctimas reportadas, las procuradurías no supieron el origen de 641.

“¿Qué ha pasado con la reparación del daño a las víctimas?”, se pregunta todavía asombrada la directora del Programa ante esos números oficiales. “¿Se les está reparando el daño? Pues si no tienes cifras, cómo vas a exigir esta reparación del daño”.

El problema, sin embargo, es mucho más profundo que el desaseo institucional. Radica en la cultura social.

Este año, la CNDH puso en marcha una campaña dirigida a la sociedad. En ella aparecen rostros de personas comunes y corrientes, estudiantes y trabajadores, jóvenes y adultos, mujeres y hombres. Cada uno se acompaña con una cita tan cotidiana como reveladora: “¿Cuál explotación? Piden dinero para sus vicios”. “Seguro esas chavas ganan más que yo”. “¡Ay, no! De esas cosas ni me hables”. Es el retrato del pensamiento colectivo cuando se habla de trata y explotación.

“Hay una enorme permisividad a todo lo que tiene que ver con el tema. En este país estamos muy acostumbrados, muy normalizados a ello”, dice Álvarez. “La palabra ‘explotación’ para nosotros no dice nada porque todo mundo nos sentimos explotados. […] Tenemos un asunto tan histórico de permisividad que a las niñas, en cuanto se convierten en ‘señoritas’, se les acaba la protección por parte de la sociedad y se convierten en objeto de toda cantidad de posibles peligros”.

Es lo que termina por permear la conciencia de los funcionarios a cargo de la procuración de justicia y de la prevención del delito, señala. A ese cultivo hay que añadir el factor jurídico.

En el año 2000 se creó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional. Es lo que se conoce como Protocolo de Palermo. Entró en vigor en 2003 y fue ratificado por 171 Estados este año. México ha sido país firmante desde el principio. Básicamente se trata de un protocolo criminal, y no de derechos humanos, en el que se define la figura de la trata sin ambigüedades. Es aquella actividad que incluye captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación, sea esta laboral, sexual o de extracción de órganos. El objetivo del acuerdo es combatir a las redes delictivas.

El país es un muestrario de fracaso y, el fracaso, uno de corrupción sin fondo. En 2007 no se contaba con una legislación específica para la trata. El Estado se vio obligado a producirla una vez que Estados Unidos comenzó a emitir el reporte TIP (Trafficking in Persons) en 2005. Se trata de un reporte anual para evaluar las acciones de un país en su combate a las grandes redes criminales. Las calificaciones para México siempre fueron bajas y eso lo colocaba en un rango para recibir sanciones políticas. El Departamento de Estado, a través del USAID, dispuso entonces de un fondo de 9 millones de dólares para que en tres años se elaborara un proyecto de ley, encaminado a sus propios intereses de sintonía jurídica en el hemisferio.

La de 2007 fue una ley que incluyó las bases del Protocolo de Palermo, dice Mónica Salazar, consultora en materia de trata y explotación de personas. El caos sobrevino porque esa ley no era general y cada entidad armó su propio marco jurídico. En 2012 se crea esa ley general bajo el liderazgo de Orozco, por entonces diputada federal por el PAN. Pero esa ley diluyó la tenue línea entre la trata y la explotación e incorporó 26 tipos penales que situaron como víctima o victimario a casi cualquiera, y terminó alejándose del propósito del Protocolo de Palermo. El resultado es una cifra de camareras, afanadoras, porteros, bailarinas y propietarios de table danceen las cárceles, sin que se haya desarticulado ninguna red de la delincuencia organizada.

RENGLONES TORCIDOS

El refugio de emergencia que opera desde hace 25 años Marisa Ugarte se localiza a pocos kilómetros de la frontera con México, en National City, California. La dirigente del Corredor Binacional Tijuana-San Diego, una organización fundada por ella misma para el rescate y asesoría legal de víctimas de trata, posee un amplio trabajo en campo que la ha llevado desde Centroamérica, a cada uno de los paraísos sexuales mexicanos y las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Eso le ha dado un panorama sobre dos cosas: la dimensión y fuerza de las redes criminales que trafican con humanos, y la ignorancia y corrupción que anida en las instituciones mexicanas.

“Hay 25 formas de trata, a las que he añadido tres más. Una de ellas es la de trata de tortura: niños y niñas, mujeres y hombres a quienes se captura y traslada para entregárselos a un mercado final de torturadores que no tienen otro propósito más que el de dañar a la víctima. Sin embargo, cuando se habla de trata y explotación solo se piensa en sexo. Tenemos redes criminales que se han desmontado en China, Israel, Brasil, Costa Rica, organizaciones de trata de órganos. Muy pronto el costo de un kilo de cocaína será nada con el órgano robado a una persona. Y en México no se está preparado para eso porque ni siquiera se visualiza el problema”, dice.

Hace diez años, o poco menos, Ugarte conoció a Rosi Orozco. Dice que fue una de sus mentoras durante una sesión del Consejo Nacional de Mujeres de América o The National Council of Women of America, en Washington D. C.. Hoy es una de sus detractoras, no solo por el tema de la ley que impulsó en 2012, sino porque piensa que ha lucrado con el tema tanto en lo económico como en lo espiritual.


ROSI OROZCO y el exgobernador del Estado de México, Eruviel
Ávila, a quien en octubre de 2014, como presidenta de la Comisión Unidos contra
la Trata, le otorgó el premio “Todos dejamos huella”. FOTO: GUILLERMO
PEREA/CUARTOSCURO

“Ella forma parte de esta inundación de redes cristianas que se volcaron a trabajar con víctimas de trata no solo por la transa, sino para llevarlas a engrosar sus congregaciones cristianas. Y eso es una violación a los derechos de cualquier víctima, porque ellas deben tener el derecho de elegir sin presiones una religión”, dice Ugarte. “Lo que hacen personas como Rosi es, en los hechos, un pecado mortal”.

Rosa María de la Garza Ramírez se rebautizó como Rosi Orozco, tomando el apellido de su esposo, Alejandro Orozco Rubio. Ambos son fundadores en México de Casa Sobre la Roca, una asociación civil con sustento religioso que en 2006 brindó apoyo a Felipe Calderón en su campaña presidencial. Entonces se trataba de un matrimonio modesto, que residía en una zona modesta del norte de la Ciudad de México. Ambos se convirtieron muy pronto en cercanos de Calderón y su esposa, Margarita Zavala y, tras ello, se les abrieron las puertas de la prosperidad.

Alejandro Orozco dirigió el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam) durante el sexenio de Calderón, y Rosi Orozco alcanzó en 2006 la diputación federal. Eso coincide con el proyecto financiado por USAID.

El Programa de Apoyo a Víctimas de Trata de Personas en México (Proteja), la consultoría encargada de operar el fondo de 9 millones de dólares del USAID, tenía como mandato ubicar albergues. Fue el hueco que encontró Rosi Orozco, que para entonces contaba con refugios para migrantes.

“Rosi básicamente comienza a figurar porque llena ese vacío de refugios”, dice Mónica Salazar, la consultora que entonces laboraba para Sin Fronteras, la organización civil que trabaja en promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes. “Y de pronto, en 2009, comenzamos a verla en panfletos que la anuncian como candidata a una diputación federal”.

Ella era una advenediza en el tema, dice uno de los dirigentes de una organización que trabaja con víctimas menores, quien acepta hablar a cambio de anonimato debido al miedo que le tiene. “Lo que hizo fue montarse en el trabajo de los que llevábamos años con el tema, pero al ver que nadie comulgaba con sus formas de exhibir a las víctimas, creó su propia red para seguir en lo suyo y obtener beneficios personales”.

El conjunto de empresas, fundaciones, marcas registradas y planteles educativos vinculados al nombre de Rosa María de la Garza Ramírez fue concebido desde entonces, según la información recopilada por el equipo de la senadora Adriana Dávila Fernández. La lista incluye las siguientes entidades:

Comercializadora Dagira, S. de R. L. de C. V., Inmobiliaria Doña Rosa, S. C., Librería Visión, Visual Praise, Audio/Video Sobre la Roca, S. A. de C. V., Librería Visión, Transformaciones México, Camino a Casa, Unidos contra la Trata, Instituto Centuriones, Unidad de las Naciones, Colegio de Estudios Superiores de México, Despacho Orozco Rubio y Asociados, Casa Sobre la Roca, Platinum, ONBD Group, S. A. de C. V., Godster Inc., Red Banana, S. A. de C. V., Steak and Ale, Superabogado.mx, Comercializadora Pablo Orozco, Emana Natural, Importadora Ocalwa, Mega Gun, Fire Rock, True Multimedia, True Records, Sin Trata, AC y Reintegra, AC.

Con ellas, ya sea a través de adjudicación directa o simulación de competencia, han recibido dinero público por 14 millones de pesos de instancias como la Sagarpa, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Casa de Moneda de México y del Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente de la Secretaría de Economía del gobierno federal. También 15 inmuebles a manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entre ellas la residencia de Lomas de Chapultepec que perteneció a Vicente Carrillo Leyva, el hijo de Amado Carrillo, donde actualmente residen los Orozco, dice la senadora. La suma de esas propiedades asciende, de acuerdo con lo documentado por la senadora, a 11 millones 524,000 pesos. A ello le suma 16 millones 71,000 pesos en donaciones, tanto nacionales como del extranjero.

Entre 2014 y 2016, Rosi Orozco ha entregado premios y reconocimientos a un par de gobernadores encarcelados tras su mandato: Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo. Los aún vigentes Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México; Rubén Moreira, de Coahuila; Ignacio Peralta, de Colima; Manuel Velasco, de Chiapas, y a los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y el Estado de México, Eruviel Ávila. Para ello presentó como aval a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dice la senadora Dávila.

El 14 de agosto de este año, la misma senadora recibió una carta oficial enviada por Salomé Flores Sierra Franzoni, la oficial a cargo de la UNODC, en respuesta a la enviada previamente por Dávila. En ella le dice que esa oficina no evalúa ni otorga reconocimientos de ninguna especie para temas de trata.

“La UNODC en México no cuenta con algún informe de evaluación o recomendación realizada a México en la temática, más allá de aquellas recomendaciones contenidas en el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de personas”. En la misma línea, esta Oficina no otorga reconocimientos por la labor de las autoridades en la prevención o persecución penal del delito”, escribe la oficial a cargo.

Al margen de ello, las entidades a cuyos gobiernos premió Rosi Orozco, acusan severos problemas de explotación humana y violencia de género. Un par de fenómenos, dice Yuriria Álvarez Madrid, de la CNDH, totalmente ligados. “Van de la mano. No puede desasociarse uno del otro. Nacieron juntos. Así nació la trata de blancas”.

Réplica de la Comisión Unidos vs Trata

Ingresa las palabras claves y pulsa enter.