El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que impide financiar con fondos federales ONG extranjeras que apoyan el aborto.
Trump adoptó la medida al día siguiente del 44 aniversario de “Roe vs Wade”, el fallo emblemático del Tribunal Supremo que legalizó el aborto en 1973 en Estados Unidos, su primer día en la Oficina Oval, y dos días después de que millones de mujeres se manifestaran contra él en todo el mundo.
“Es muy simbólico que la firma del decreto haya sido hecho en los primeros días de su mandato. Además, Trump lo hizo rodeado de hombres, dejando en claro que se están firmando decretos para que se entienda cuál es la visión del nuevo gobierno. Es también muy simbólico que se haya firmado dos días después de las marchas de mujeres en todo el mundo para demostrar el repudio y el rechazo hacia el gobierno de una persona que ha dicho cosas negativas sobre las mujeres”, dijo María Consuelo Mejía, Directora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, en entrevista telefónica para Newsweek en Español.
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“No sólo es una determinación que toca el tema de aborto, sino una ley que está afectando el financiamiento de programas de salud reproductiva por todo el mundo, especialmente para las ONG’s que prestan servicios a mujeres de escasos recursos. En la medida en que se pierda ese financiamiento, se pierde la posibilidad de que mujeres en esas regiones tengan acceso no solamente a información sobre el aborto, sino al uso de anticonceptivos y planificación familiar”, añade.
La ley mordaza global, conocida también como “Mexico City Policy” porque fue anunciada durante la presidencia del republicano Ronald Reagan en la conferencia internacional de Naciones Unidas sobre la población celebrada en México en 1984, prevé que los fondos federales de ayuda internacional no puedan ser asignados a ONG extranjeras que practican el aborto o militan para que sea legal.
Esta restricción fue anulada después por el demócrata Bill Clinton (1993-2001), puesta en funcionamiento por el republicano George W. Bush (2001-2009), y anulada de nuevo por Barack Obama (2009-2017).
“En este momento creo que la situación es muy diferente a la última vez que estuvo activa, con Bush, porque ahora el gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas en contra de diversos sectores, como los latinos, los migrantes, la comunidad LGBTI y las mismas mujeres, lo cuál empeora el panorama”, señala Consuelo Mejía.
Tras su victoria el 8 de noviembre del año pasado, Donald Trump puso al frente del Tribunal Supremo a un juez ferozmente opuesto al aborto, advirtiendo que esto podría desembocar “automáticamente” en la anulación del fallo del caso ”Roe vs Wade”.
“Creo que el impacto de esta decisión es muy serio, pero creo que hay mucha esperanza de que la resistencia será fuerte, de que el momento social, el momento de la mujer a nivel global está demostrando su fuerza, sus posibilidades”, indica la encargada de la ONG que aboga y da orientación a mujeres mexicanas católicas que desean abortar.
Estados Unidos gasta 600 millones de dólares al año en asistencia internacional para planeación familiar y programas de salud reproductiva, brindando la oportunidad a 27 millones de mujeres tener acceso a anticonceptivos y educación sexual.
Sin embargo, La Enmienda Helms de ese país, firmada en 1973, impide que los fondos estadounidenses financien abortos en el extranjero, por lo que nada de este dinero se usa para dicho fin, todo es utilizado para planificación familiar y reproductiva.
¿Crees que la medida de retirar el financiamiento a ONGs internacionales sea la antesala de un revés en la legalización del aborto en Estados Unidos?
“Es complejo tratar de sacar conclusiones más allá de lo que está pasando. Casos como la salida de Estados Unidos del TPP y la cancelación de este financiamiento, ya se había advertido que sucedería. Sin embargo, hay muchos avances a nivel latinoamericano y en Estados Unidos relacionados con el acceso a la salud de la mujer, por lo que si esa es la intensión, no creo que sea tan sencillo”, dijo Consuelo Mejía.
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La Organización Mundial de la Salud estima que 21 millones de mujeres al año se practican abortos no seguros en los países en vías de desarrollo. En este sentido, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, dice que el decreto firmado por Trump “es una medida muy negativa, es una decisión que atenta contra la vida y la salud de las mujeres porque cuando se habla de planteamientos contra el aborto, no se piensa en qué es lo que implica. Al mirar a las mujeres de las zonas más marginadas, que viven en contextos restrictivos, que se ven en la necesidad de practicarse abortos en lugares inseguros, clandestinos, y entonces ponen en riesgo su vida y su salud, no se piensa en esas consecuencias. Es ahí donde está el poder de las ONG’s que ayudan y orientan a las mujeres, que trabajan con el apoyo de los fondos de Estados Unidos”.
“Es una agresión contra las mujeres en general”, puntualiza.
Pero como en todo momento complejo de la historia, “estas posiciones antagónicas son una gran oportunidad para expresarse. Ya lo vimos con las marchas del sábado pasado, que fueron antes de que se instaurara el decreto, las mujeres se levantaron con unión y fuerza. Nadie imaginó el alcance de ese movimiento, la fuerza que hubo. Me da mucha esperanza este nivel de conciencia que permitirá una resistencia activa, que permitirá minimizar al máximo las consecuencias negativas de la ley mordaza”, indica.
“Nos sentimos agredidas al formar parte del movimiento de mujeres nacional e internacional, pero nosotras como parte de una organización católica, nos preocupa que se esté diciendo que esto se dio porque los católicos votaron para que se frenaran los abortos, y yo no creo que haya motivos religiosos detrás. Creo que es algo político”, asegura.
Finalmente, en relación a las acciones que debería tomar el gobierno mexicano, María Consuelo Mejía dijo que “no puede hacer nada en lo concreto pues se trata de dinero estadounidense, pero sí puede reforzar los programas de salud reproductiva del país, y así como lo han anunciado tanto, apoyar a las paisanas, las connacionales en Estados Unidos que se van a ver afectadas directamente con esta decisión”.
