El Castillo de Chapultepec ha conocido de militares, bombardeos y espiritistas, pero también ha sido testigo de una miriada de promesas.
En el interior de sus muros gobernaron Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, y esta fue la fortaleza que eligió Francisco I. Madero para extinguir las últimas horas del año 1912, el último que viviría íntegro. Ese diciembre, el Apóstol de la Democracia desconocía que un par de meses después sería diezmado, mas aún confiaba en que un golpe de timón haría el cambio.
Justo un siglo después, Enrique Peña Nieto eligió el mismo escenario para firmar el Pacto por México, un acuerdo político-económico que, por sus alcances, fue comparado por los priistas con los Pactos de la Moncloa. Cuatro fuerzas rivales (PRI, PAN, PRD y PVEM) suscribían un compromiso común para los años por venir.
En economía, las promesas fueron múltiples. Pero para ofrecer resultados, el presidente pidió a los partidos un voto de confianza para sus reformas estructurales.
El objetivo de las enmiendas bien puede resumirse en un solo objetivo: lograr un crecimiento superior al 5 por ciento a partir del ecuador de su mandato. Sólo así es posible frenar la máquina de la pobreza.
A tres años de entonces, las reformas llegaron. Los resultados, no.
MENOS POBRES
“Somos un país en donde pocos lo tienen todo y la mayoría carece de condiciones para el goce efectivo de sus derechos. Somos una nación que crece a dos velocidades. Hay un México de progreso y desarrollo, pero hay otro que vive en el atraso y la pobreza”. El primer discurso de Enrique Peña Nieto, en diciembre del 2012, admitió sin empachos la realidad de un México con 53.3 millones de pobres.
Para reducir esta cifra ideó tres programas sociales: la Cruzada Nacional contra el Hambre, dirigida a 7.4 millones de mexicanos que padecen desnutrición debido al grado de pobreza en el que viven; el Seguro de Vida para Jefas de Familia, dedicado a 1.7 millones de mujeres que viven con carencias; y el Programa 65 y más (iniciado por Felipe Calderón como “70 y más”) para apoyar a adultos mayores.
LA ADMINISTRACION PEÑISTA se comprometió a “hacer más con menos”, a principios año anunció un recorte al gasto público de carácter preventivo, según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Un trienio más tarde, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ofrece un veredicto poco alentador: en México hay dos millones de pobres más que en 2012.
La precariedad toca a 55.5 millones de mexicanos en la actualidad, uno de cada dos habitantes.
En opinión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —ese club de los países ricos al que México irónicamente se adhirió justo antes de iniciarse la crisis del “error de diciembre”—, no todo es culpa del presente gobierno, pero tampoco lo exime de responsabilidad.
En su más reciente informe sobre México, publicado hace un par de semanas, la OCDE concede que el entorno externo ha sido poco propicio para avanzar. “Las reformas económicas emprendidas por México este sexenio han enfrentado adversidades externas como una caída en los precios del petróleo o la previsión del endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos”.
Pero también deja claro que el país es el único responsable de sus cuellos de botella: “El abatimiento de la corrupción, la existencia de una gobernanza endeble y una insuficiente aplicación de las leyes, son condiciones que desalientan la inversión, promueven la informalidad y complican el abatimiento de la pobreza”.
EL “SÍ” A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
Durante sus tres primeros años de gobierno Peña Nieto consiguió lo que fue imposible para sus antecesores: aprobar seis reformas económicas de gran calado en los sectores energético, de telecomunicaciones, competencia económica, financiero, laboral y hacendario.
El presidente entrante aprovechó las mieles del inicio de gobierno. El estadounidense Pew Research Center daba cuenta de un índice de popularidad de 57 por ciento para el mexiquense cuando arrancó su mandato.
La reforma energética (2013) ha sido, sin duda, la más relevante y controvertida de sus enmiendas porque rompió con el tabú de setenta años de expropiación petrolera.
El actual artículo 27 de la Constitución precisa que los hidrocarburos en el subsuelo siguen siendo propiedad de la nación, pero ahora el gobierno permite a los particulares mexicanos y extranjeros explorar y extraer crudo en aras de un país con más inversión y más empleo.
Las primeras licitaciones, en 2015, tuvieron un éxito limitado. De hecho, no participaron en ellas gigantes internacionales como Chevron, BHP Billion y ExxonMobil, pero las más rentables están por venir.
La de telecomunicaciones fue la segunda reforma en importancia. Se anunció la posibilidad de licitar tres nuevas cadenas nacionales de televisión abierta, y se aceptó que hasta 100 por ciento del capital fuese de origen extranjero. Pero los gigantes de esta industria (empresas que ya poseen concesiones de más de 12 mega Hertz) no podían participar. Y se hicieron cambios en materia de telefonía.
En tres años ya hay beneficios concretos para la población producto del paquete de reformas. Se eliminó el cobro de las llamadas de larga distancia; se redujo 15 por ciento el costo de la telefonía móvil; se duplicó el número de usuarios de internet de banda ancha (44 por ciento de los mexicanos tienen acceso a este servicio) y los recibos de electricidad acusan una reducción para las empresas, un beneficio que deberá permear paulatinamente a las familias.
Pero ni la inversión ni el empleo esperados llegaron.
GUSTAVO MADERO, diputado del PAN, durante la comparecencia de Luis Videgaray, titular de Hacienda, con motivo del tercer informe del presidente Peña. Mostró letreros con datos y estadísticas negativas sobre la situación económica del país.
FLUJOS DE CAPITAL
Los números no son el fuerte de Enrique Peña Nieto, tampoco parece ser el de sus hombres.
El presidente se fijó como meta alcanzar un nivel de inversión equivalente al 25 por ciento del PIB (pública y privada) antes de concluir su gestión.
Optimista, el pasado 20 de noviembre, el jefe del Ejecutivo conmemoró el aniversario 105 de la Revolución Mexicana destacando que México es un país atractivo, estable y confiable para los inversionistas nacionales y extranjeros. En su opinión, las “innovadoras políticas públicas” de su administración son un imán para los capitales.
Las cifras ofrecen una realidad distinta.
La inversión total sumaba 21.9 por ciento del PIB a finales del 2012, en línea con la media de 20 por ciento que caracteriza a América Latina, pero muy lejos del 40 por ciento que es común en las economías asiáticas.
Tres años después, asciende al 21.7 por ciento del PIB.
México se estancó en este ámbito y retrocedió si se le compara con otros países.
En 2015, México perdió la décima plaza que tenía dentro del “top 10” del Reporte de Inversión Mundial elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Hoy se ubica en el lugar número 13, superado por China, Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Brasil, Canadá, Australia, India, los Países Bajos, Chile y España.
Reino Unido, India y Chile apretaron el paso durante 2015 y lo dejaron atrás.
En materia de inversión pública, el escenario tampoco es simple. Esta se ubica en los niveles más bajos de los últimos setenta años.
Hace unos días, durante un encuentro con la Federación de Colegios de Economistas, Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), colocó el dedo en la llaga de lo que está por venir: “La inversión pública seguirá cayendo, como resultado que el recorte previsto para el 2016 supone tendremos baja inversión (pública) al menos siete años más”.
Sin inversión pública no hay desarrollo.
EL INASIBLE 5 POR CIENTO
México busca con enfermiza obsesión —desde el salinismo— un crecimiento anual del 5 por ciento porque sólo a partir de dicho crecimiento del PIB es posible combatir de forma sostenida los rezagos nacionales.
Al inicio de su mandato, Peña Nieto prometió que si sus reformas estructurales recibían apoyo, la economía avanzaría 4.7 por ciento para el año 2015 y alcanzaría el —inasible— 5 por ciento durante los últimos tres años de su administración.
La realidad: la expectativa de crecimiento para este año es de sólo 2.2 por ciento y la media del primer trienio será inferior al 2 por ciento. Los augurios para la segunda mitad del sexenio no son más positivos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de presentar un examen sobre la economía mexicana, en el que advierte que el PIB mexicano crecerá entre 3 y 3.5 por ciento en los años por venir pese a las reformas.
De confirmarse este pronóstico, México sólo será capaz de crear 600 000 empleos anuales durante los próximos tres años. La mitad de los que necesita.
La informalidad, por su parte, tampoco cederá. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en México 60 por ciento de los trabajadores se desempeñan en la economía subterránea, una realidad que afecta a entre 32 millones y 34 millones de personas hoy, el mismo dato de 2012.
En cuanto al desempleo, este inició la administración con una tasa del 4.47 por ciento y hoy se ubica en 4.6 por ciento, lo que lo convierte en otro rubro sin avances.
PACTO, PACTO PACTO… Jesús Zambrano, Miguel Ángel Osorio, Gustavo Madero, César Camacho y Emilio Gamboa, durante la instalación político y electoral del Pacto por México. FOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO
MÁS CON MENOS… NO EN LOS PINOS
En este entorno de lento avance económico y resultados magros, Los Pinos se rige con otras reglas.
El artículo 134 de la Constitución compromete al gobierno a administrar los recursos presupuestarios “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados”.
El actual sexenio inició en medio de la bonanza: el barril de petróleo se comerciaba a 101.7 dólares por barril. Pero el barril de crudo vale la mitad en la actualidad, lo que obligó a una política más austera en materia de finanzas públicas.
La administración peñista se comprometió a “hacer más con menos”, a principios de enero de este año anunció un recorte al gasto público de carácter preventivo, según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
“Estamos anticipándonos a un problema; no porque lo tengamos, sino para evitar que el entorno internacional se traduzca en una afectación para la estabilidad de la economía familiar”, esgrimió al anunciar una reducción al gasto de 124 300 millones de pesos para 2015.
Una forma de actuar con “disciplina y prudencia” ante la baja en los precios del crudo, la desaceleración de la economía global y la volatilidad que imprime la inminente alza en las tasas de interés de Estados Unidos.
Pemex y la CFE fueron las empresas estatales más afectadas por los recortes, al perder asignaciones anuales por 72 000 millones de pesos.
En la administración central, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue la dependencia más golpeada (11 280 millones de pesos), lo que implicó la cancelación del Tren de Pasajeros Transpeninsular previsto para Yucatán y Quintana Roo, y del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) perdió 900 millones de pesos; y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 7188 millones de pesos.
Pero había más noticias reservadas… El Presupuesto de Egresos del 2016 amplió el recorte anual a 221 000 millones de pesos —con respecto al gasto reportado en 2014.
En abierta contradicción, la actual Presidencia de la República gasta más en comitivas de viajes oficiales que cualquiera de sus cuatro antecesoras, y decidió en este gobierno remodelar la residencia oficial de Los Pinos y adquirir un avión presidencial Boeing Dreamliner 787 con un valor de 6750 millones de pesos.
Para contener las críticas, la difusión de los logros del presente gobierno tampoco ha escatimado en gastos.
La Secretaría de la Función Pública (SEP) confirma que se erogaron 14 663 millones de pesos en la difusión de los resultados del gobierno entre 2012 y 2014 (y se espera que se confirme un gasto de 6500 millones en este rubro para 2015).
Una política gubernamental que no es ignorada por la sociedad civil. En el informe llamado Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial, las organizaciones Fundar y Artículo 19 denuncian este dispendio.
Pero cada vez que la presidencia ha sido cuestionada por gastar de más, responde sistemáticamente que “actúa conforma a la normatividad vigente”.
El primer trienio de Enrique Peña Nieto se agotó y tiene frente a sí un periodo idéntico, esta vez con un capital político más exiguo y un descenso en su índice de popularidad (43 por ciento en 2015, según el Pew Research Center).
Los avances futuros se anticipan discretos porque “nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”, solía decir Francisco de Quevedo, y los muros del Palacio de Chapultepec le conceden la razón.
LAS REFORMAS ECONÓMICAS DE EPN
Dentro del paquete de reformas estructurales propuesto por la presente administración, la mitad de ellas son de corte económico. Su aprobación era una condición sine qua non para conseguir un crecimiento económico elevado y sostenido, generador de empleos y redistribuidor del ingreso. Algunas generaron más controversia que otras, pero todas recibieron el respaldo legislativo.
Energética: fue llamada “la madre de todas las reformas” por la importancia que tiene el petróleo para las finanzas públicas nacionales (37 por ciento de los ingresos públicos) y por el símbolo de identidad nacional que ha sido durante siete décadas.
Implicó la revisión de los artículos constitucionales 25, 27 y 28 para permitir inversión privada en actividades estratégicas vinculadas con la exploración y explotación de los hidrocarburos del subsuelo mexicano.
Toda la cadena de extracción, transformación y transportación de hidrocarburos y de electricidad se abrió al capital privado. La única excepción que se mantuvo fue la venta de gasolina.
Telecomunicaciones: propuso abrir a la competencia las concesiones que estaban vigentes en México en materia de telefonía, televisión, radio y banda ancha, permitiendo la llegada de capital privado nacional y extranjero (incluso al 100 por ciento en este último caso).
Eliminó el cobro del servicio de larga distancia, y realizó ajustes menores en favor del usuario, como extender la vigencia del saldo de la telefonía móvil de prepago a doce meses o volver gratuita la consulta de saldos.
Se abrió el acceso a internet en 250 000 lugares públicos y se impuso como meta que antes de concluir el sexenio 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las microempresas tengan acceso a Internet.
Los operadores de telecomunicaciones deben colaborar con las autoridades en el combate al crimen organizado.
Hacendaria: en México, los ingresos tributarios son inferiores al 20 por ciento, lo que le convierte en el país menos avanzado de la OCDE en esta materia (la media de las naciones que integran esta agrupación es de 34 por ciento).
El gobierno propuso pues una reforma que homologó de 11 a 16 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, e introdujo un nuevo gravamen al alimento para mascotas, a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas.
La parte más controvertida de esta reforma fue la decisión de cobrar un impuesto de 7.5 por ciento sobre las ganancias de las empresas mineras y de 10 por ciento sobre las ganancias que se obtienen en el mercado de valores.
En contrapartida, despareció el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre los Depósitos en Efectivo (IDE).
Financiera: se sustenta en cuatro pilares que consisten en fomentar la competencia en el interior del sector financiero, reactivar el crédito de la banca de desarrollo, multiplicar el crédito privado y dar mayor solidez al sector financiero.
El objetivo es que, dado un contexto de mayor competencia, las tasas de interés bajen y haya crédito más barato para adquisiciones de la vida cotidiana como autos o casas.
La enmienda también busca que los depósitos de los ahorradores se canalicen al crédito productivo y no a las inversiones especulativas. Pero también abre la puerta para que los deudores de los bancos vayan a la cárcel cuando incumplan sus compromisos financieros.
Competencia económica: busca observar y regular la relación que existe entre los corporativos con el objeto de asegurar que exista competencia y se eviten los acuerdos ilegales entre empresas para garantizar que haya mayor oferta y calidad de productos para los consumidores. Para ello se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entidad autónoma del Estado que tiene la potestad letal para asegurar la libre competencia en los mercados.
