Fue la primera iniciativa que surgió del Pacto por México y la primera que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión.
Ya la anticipaba en su toma de protesta del 1 de diciembre de 2012.
“Ha llegado el momento de la reforma educativa”, sentenció. “Una nación basa su desarrollo en la educación. El capital humano es la base del desarrollo y progreso de un país; esta es la razón por la que corresponde al Estado la rectoría de la política educativa”.
El anuncio causó un alta expectativa, pues desde la década de 1990, en la época del salinato, se intentaron modificaciones en la educación sin mayor éxito.
“Todavía no llega a afectar el sanctum de la educación, el salón de clases”, observa Carlos Ornelas, uno de los especialistas más respetados sobre el tema en el país. “No afecta todavía el aprendizaje de los alumnos, ni la reorganización del salón de clases, ni el funcionamiento de las escuelas, que de acuerdo con algunos autores, es cuando podemos hablar de reforma en la educación. Pero de que hay reformas importantes, sí las hay”.
Recobrar la rectoría de la educación, el progreso del maestro con base en el mérito y, en consecuencia, terminar con tradiciones como la herencia y venta de plazas, así como la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, son los primeros puntos que ya son realidad a partir de la reforma educativa, coinciden especialistas académicos y de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, aún hay cosas por corregir en el diseño institucional y, sobre todo, cierta incertidumbre de que la próxima administración federal dé continuidad al proceso.
LA TABLA DE SALVACIÓN
La reforma educativa se perfila como la tabla de salvación de la primera mitad de la actual administración, debilitada ante las evidencias de corrupción y atropellos de fuerzas del Estado, como en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y el escándalo por la Casa Blanca.
Si algo va a “vender” Peña Nieto como éxito al final de su sexenio será esta reforma, incluso en contra del escepticismo y resistencia de algunos sectores.
Por lo menos a mitad del camino, le ha resultado rentable al presidente de México.
La Gran encuesta: Enrique Peña Nieto, 11 trimestres de gobierno, de Consulta Mitofsky, encontró que el 27 por ciento de ciudadanos considera la reforma educativa como la más importante, seguida de la Energética, con 16 por ciento. Es decir, una diferencia de once puntos entre el primer y segundo lugar.
Otro estudio de Parametría es similar. Esta casa encuestadora revela que, después de la salud con un 36 por ciento, el 35 por ciento de los encuestados evalúa la educación de manera favorable. No así la generación de empleos, el combate al narcotráfico, a la delincuencia y a la pobreza, que son los tópicos en los que el desempeño del presidente y su gabinete obtienen las peores calificaciones.
“Una tercera parte de los ciudadanos de este país tenemos algo que ver con la educación, o somos alumnos, maestros o padres. Es una cosa sentida”, expone Ornelas, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Educación por la Universidad de Stanford, para explicar las opiniones favorables.
“Cualquier cosa que haga visible, simbólica, el presidente, le suben sus bonos, gana credibilidad, ergo, gana pasos en legitimidad, que luego los desperdicia por otras cosas. Pero en estas, las gana”.
LA REFORMA EDUCATIVA se perfila como la tabla de salvación de la primera mitad de la actual administración, debilitada ante las evidencias de corrupción y atropellos de fuerzas del Estado, como el caso Ayotzinapa.
ARREBATAR EL MANDO
El 26 de diciembre de 1943, en el salón de espectáculos del Palacio de Bellas Artes, nació la Organización Única de Maestros, Trabajadores Técnicos, Administrativos y Manuales al servicio de la Secretaría de Educación Pública.
Sus integrantes decidieron adoptar el nombre de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo reconocimiento otorgó al año siguiente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Con los años creció su presencia territorial en todo el país y, por lo tanto, su influencia, a la sombra del corporativismo practicado por el régimen priista por más de setenta años.
David Calderón, director general de Mexicanos Primero, organización de la sociedad civil especializada en educación, explica que el SNTE, como sindicato mayoritario y casi único, fue parte orgánica del sistema del partido de Estado, pero cuando en 2000 se dio la transición con el triunfo del PAN en la presidencia, su poder subió de dimensión —con Elba Esther Gordillo a la cabeza.
“Acabó teniendo una relación de privilegio con los gobiernos panistas y creció de una forma como nunca se había visto. Y ahí su influencia creció, empezó a ser dirigente propiamente del sector educativo”, describe. “Los dos sexenios pasados estuvieron muy marcados por una preponderancia de un esquema de cogobierno”.
El punto más crítico, opina, fue a la mitad del gobierno de Felipe Calderón, cuando el sinaloense Fernando González, prominente miembro del sindicato y yerno de Gordillo, dirigió la Educación Básica, en calidad de subsecretario, y sus decisiones comenzaron a superar a las de Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación Pública.
Quizá por eso, cuando Peña Nieto firmó el decreto para la reforma constitucional en materia educativa, el 25 de febrero de 2013, casi tres meses después de su anuncio, fue celebrado por todo lo alto.
“Se trata sin duda del primer logro visible del gran acuerdo nacional: el Pacto por México”, dijo entonces Gustavo Madero, en calidad de presidente del Consejo Rector del Pacto por México.
El primer objetivo era recuperar el mando, es decir, la rectoría del Estado sobre la educación.
Jorge Javier Romero, politólogo y profesor de la UAM y la UNAM, explica que el incentivo de los maestros históricamente había sido de tipo político-sindical, no académico-profesional, lo cual era la estrategia de control del SNTE.
“El sindicato controlaba la carrera de los maestros. Por lo tanto, los profesores sabían que lo que tenían que hacer primero para conseguir una plaza, pero después para sostenerse en su carrera, era ser leales al sindicato en lugar de tener una buena promoción académica y profesional”, dice.
Así, después de la pirotecnia de los anuncios de la reforma educativa, el gobierno federal operó dentro del campo político.
Dio dos tiros certeros, coinciden los especialistas: la desactivación de Elba Esther Gordillo como lideresa magisterial, tras su aprehensión en febrero de 2013, apenas unos días después de la firma del decreto de la reforma constitucional en materia educativa.
EL GOBIERNO FEDERAL dio dos tiros certeros: la desactivación de Elba Esther Gordillo como lideresa magistral apenas unos días después de la firma del decreto de las reforma constitucional educativa.
El efecto Gordillo, de acuerdo con Consulta Mitofsky, le sumó 6.6 puntos a la aprobación de Peña Nieto, lo que lo hizo pasar del 52.5 al 59.1 en esa fecha.
El segundo golpe fue debilitar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al quitarle su fuente de financiamiento: el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, suprimido por el gobernador Gabino Cué, con el respaldo de la administración federal, el 21 de julio de este año.
La CNTE comenzó a oponerse a la reforma educativa desde su diseño y hasta las evaluaciones de los maestros, y después de entablar negociaciones con la Secretaría de Gobernación optó por continuar con las protestas.
“El error de la CNTE es que calcula que tienen capacidad para boicotear la elección (federal de 2015) y no regresan a clases, incrementando el precio. Se reventó la balanza”, explica Carlos Ornelas.
Después de estos dos “golpes” políticos contra el sindicalismo magisterial, David Calderón, de Mexicanos Primero, considera que sigue cumplir con los procesos previstos en la ley sin que sean “torcidos” por la multitud de agentes que, por años, tanto la Coordinadora como el SNTE, fueron colocando dentro de la autoridad educativa en los estados.
LA CNTE COMENZÓ A OPONERSE a la reforma educativa desde su diseño y hasta las evaluaciones de los maestros, y después de entablar negociaciones con la Secretaría de Gobernación optó por continuar con las protestas.
LA EVALUACIÓN COMO GARROTE
El diseño institucional de la reforma educativa comprendió modificaciones al artículo 3 de la Constitución mexicana y a la Ley General de Educación, así como la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un órgano con autonomía que impide que la SEP sea juez y parte.
Todas fueron publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Esta fue la luz verde para iniciar el proceso reformador.
Carlos Ornelas observa que es en la Ley General del Servicio Profesional Docente donde se encuentra la reforma fundamental, legal y administrativa que prometió Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, el día que rindió protesta.
“No es una ley federal, sino general que obliga a todos, incluyendo a particulares”, subraya el también autor de varios libros, como Educación, colonización y rebeldía: la herencia del pacto Calderón-Gordillo.
“Es centralista, vertical, de arriba abajo, y ahí es donde hay muchas innovaciones. En primer lugar, el concepto mismo: Servicio Profesional Docente. Era ajeno a la tradición, era la plaza, escalafón, todo lo que tenga que ver con relaciones clientelares dentro del sindicato.
“¿Qué es lo que es esta ley, y es la parte que ha provocado mucho mayor cambio institucional? Primero, que regula, por primera vez, la relación laboral entre los gobiernos y los trabajadores de la educación, no solamente del SNTE, los trabajadores en general. Y establece los mecanismos para el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento”.
Jorge Javier Romero, también doctor por la Universidad Complutense de Madrid, coincide en lo general al considerar un avance el rediseño institucional del sistema educativo.
Acota, sin embargo, que en la Ley del Servicio Profesional Docente no quedaron definidas las categorías ni criterios de promoción del cargo para que los profesores tuvieran claridad en el camino a seguir para su ascenso laboral.
“Eso hubiera sido muy importante para que el profesor supiera que pasar bien las evaluaciones no implicaba que no lo fueran a correr sino que iba a tener un estatus superior en su posición laboral.
“En cambio, pusieron la evaluación, y esto debilita mucho la evaluación, como un castigo… es vista como una amenaza y no como algo que favorezca a la carrera de los maestros. Para decirlo coloquialmente, hay mucho palo y poca zanahoria. Esto por supuesto que genera una actitud de rechazo, no lo ven ellos como algo positivo, si lo vieran como algo positivo pues tendría que estar vinculado a algo que les va a dar beneficios laborales”.
En Mexicanos Primero también celebran que se haya introducido el mérito para comenzar a distinguir a los profesores profesionales, pues antes el mal maestro y el buen maestro recibían el mismo trato.
O, simplemente, los beneficios eran para aquel con mayor antigüedad o más amigos en la SEP o el SNTE.
David Calderón, director general de la organización civil, también opina que la evaluación ha sido mal manejada en el discurso oficial, por lo que se percibe como un “garrote”.
“Creo que, en el discurso, las autoridades de la SEP han sido poco sensibles al mostrar más los beneficios, a decir esta primera evaluación es una línea base, es un diagnóstico”, explica.
“Entonces, la primera consecuencia de la evaluación, que es el apoyo, ha estado bastante ausente; el secretario ha estado muy centrado en las consecuencias negativas de no evaluarse y muy poco en las consecuencias positivas”.
El gran reto, plantea Calderón, es que se presente un esquema de formación continua que defina los criterios de los apoyos, recursos o tutorías para los maestros con buenos resultados.
RECUPERAR EL MANDO DE LA EDUCACIÓN: Jesús Zambrano, Enrique Peña Nieto y Gustavo Madero durante la presentación de la iniciativa de reforma educativa, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, en diciembre de 2012. //SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO
LAS RUTAS DEL DINERO
El gasto en educación que ejerce el gobierno mexicano es el más alto de entre todos los rubros, incluso arriba de salud y desarrollo social.
De acuerdo con datos de Mexicanos Primero, para este año se programó el ejercicio de 780 000 millones de pesos.
Es un monto equiparable al 5 por ciento del Producto Interno Bruto y, si se suma el gasto de los padres de familia, asciende al 7 por ciento del PIB.
“Con ese gasto tan fuerte, ¿por qué los resultados son tan pobres?”, se pregunta David Calderón, quien responde: “Porque es una manguera con agujeros. Hay miles de ocasiones de malgasto de este presupuesto. El principal es la nómina. El gasto en sueldos y salarios representa el 90 por ciento de esos recursos”.
El director general de Mexicanos Primero enlista los “hoyos de la manguera”: un “ejército” de personas que reciben paga del presupuesto sin hacer trabajo educativo; los muertos que “cobran” salario; personal de 101 años que recibe su quincena.
“Hay líderes sindicales, diputados… once de los secretarios de Educación (en los estados) reciben nómina de los maestros”, expone. “Hay un dispendio muy grande en programas de apoyos a las escuelas, escuelas de calidad, escuelas dignas. Porque implica que la comunidad escolar identifica una necesidad, pero los que ganan las licitaciones, o a veces no se hacen licitaciones sino invitaciones a proveedores, no entregan las obras a tiempo, o las sobrecargan de costos”.
Calderón da un ejemplo, según la evidencia con que cuenta la organización civil a la que pertenece. Se trata de escuelas en las que instalaron puertas de 40 000 pesos, pero el costo no corresponde con el que se ofertan en el mercado y, lo peor, los planteles no necesitaban puertas, sino que se repararan los baños.
GOBERNADORES SIN NÓMINA
Como parte de la cascada de modificaciones de la reforma educativa, el gobierno de Peña Nieto quitó el manejo de la nómina del magisterio a los gobernadores.
Desde 1998, los ejecutivos estatales manejaban el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, a través del cual administraban los salarios y prestaciones de los maestros.
Sin embargo, el deficiente marco jurídico permitía el manejo discrecional a los estados.
En el estudio (Mal)gasto, de Mexicanos Primero, destacan cifras de la Auditoría Superior de la Federación.
Citan que, por ejemplo, el órgano fiscalizador halló irregularidades por 3150 millones de pesos en el manejo del FAEB, tan sólo en 2010.
Carlos Ornelas observa que los gobernadores no apoyaban la reforma educativa. Al menos, no con esmero.
“Ningún gobernador dijo: ‘Apoyo esta reforma porque me convence’. Nada. Primero, no los pelaron, nadie los tomó en cuenta en el Pacto por México, quizá se enteraron por el periódico”, plantea el profesor de la UAM. “No sólo no se enteraron, sino que los culparon de las deficiencias. La ASF reveló irregularidades del FAEB”.
De tal forma que, en una reunión de la Conago, Peña Nieto pidió el apoyo a su reforma.
“Los gobernadores (en respuesta) dicen: ‘Danos más lana’”, cuenta Ornelas.
Entonces, el presidente reacciona con la recentralización del pago de nómina y desaparece el FAEB.
Así, el 9 de diciembre de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para dar paso al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.
Desde entonces, es la Secretaría de Hacienda la que maneja la nómina magisterial.
“Empezaron a tener ahorros”, dice Calderón. “Por ejemplo, se empezaron a cubrir las responsabilidades de seguridad social, antes los estados se quedaban con ese dinero. El ahorro es de 300 000 millones de pesos, pero todavía no se ha limpiado la nómina de manera que sepas que estás pagando a maestros de a de veras.
“Nosotros calculamos que al menos 400 000 millones más se van a ahorrar cuando se haga esa limpieza. Se gasta mucho, con muy baja calidad, con mucha opacidad y corrupción”.
PENDIENTES Y AMENAZAS
Jorge Javier Romero hace un alto y reflexiona: ¿qué viene? De entrada, dice el profesor de la UAM y la UNAM, es muy pronto para conocer los efectos que la reforma tendrá sobre la calidad de la educación.
Desde su punto de vista, además de inyectar mayores recursos a infraestructura y definir los criterios de la promoción en el Servicio Profesional Docente, para que las evaluaciones se perciban como un instrumento de superación, y no de castigo, deberá atenderse el problema de la formación de maestros, empezando por las escuelas normales.
IMAGEN TOMADA en los Talleres Gráficos de la Nación en donde se observa el empaquetamiento de los exámenes para maestros de educación básica que se aplicó en julio de 2011. // ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO
“Esto es crucial. Si no se atiende el problema de formación de los maestros y si no se entra en la reforma de las normales y hacer que los egresados de distintas universidades puedan realmente concursar para ser maestros y tengan una capacitación que les permita desempeñarse en el aula, no vamos a resolver el problema, porque el problema está, sobre todo en la formación de los maestros”, advierte.
“Muchas veces los maestros se resisten a la evaluación porque saben que no saben, y esto tiene que ver con la muy deficiente formación que han tenido los profesores en México desde hace muchas décadas”.
Este es un vacío de la reforma educativa que observa Romero. En su opinión no se incluyó un sistema de capacitación de maestros, aunado a la necesidad de reformar e invertir en las escuelas normales.
“No vamos a poder tener mejores resultados de los mismos profesores si no reciben capacitación, y no vamos a tener mejores resultados si los profesores que ganan los concursos los ganan con criterios vagos porque son los que vienen de las normales y no hay de otros”, reitera. “Entonces, hay que meterle dinero y reformas importantes al sistema de formación de profesores si queremos que las cosas se transformen”.
Carlos Ornelas, por su parte, enumera los factores que pueden anunciar el fracaso de la reforma educativa al final de este sexenio.
“Primero, que el gobierno que sigue en 2018 no se comprometa con la continuidad y que los gobernadores no se comprometan a llevarla adelante. Segundo, que le quieran dar otra vez placebos, cosas discursivas, no reales. Tercero, que no se erradique la cobertura de ‘cemento’ en contra de la innovación, es decir, que el magisterio no salga de su zona de confort y persista la inercia de las tradiciones del magisterio. Y cuarto, que no se combata la corrupción”.
Es ahí donde Ornelas identifica el escollo principal:
“La corrupción permea todo el sistema de la educación como todo el sistema político mexicano, es un freno terrible a la innovación y a las reformas”, dice.
En contra de esto no ve con claridad que el gobierno de Peña Nieto esté trabajando en los antídotos.
